EscucharLa costarricense Gabriela Jiménez Guevara pide verdad y justicia para su esposo Eduardo Aníbal Blanco, coterráneo detenido desaparecido por las fuerzas de seguridad de Honduras, en 1981, época en la que el país centroamericano apenas se preparaba para sus primeras elecciones democráticas de la historia.
Este martes, luego de presentar junto con la Embajada de Costa Rica una denuncia ante el Ministerio Público de Honduras, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, Jiménez remembró cómo sucedieron los hechos, ocurridos hace casi 41 años en Tegucigalpa, la capital hondureña.
Con muy pocas esperanzas de reencontrar a su esposo con vida, la mujer demanda al Estado vecino una exhaustiva investigación que determine quién y por qué desaparecieron a su pareja, así como encontrar sus restos para darles sepultura en Costa Rica, junto a la tumba de su suegra.
“Han pasado muchos años y, después de esa época, en la que él no volvió más a la casa, empezaron a aparecer cementerios clandestinos en este país, cadáveres que ninguna familia hondureña ha reclamado. Pienso que puede ser que algún extranjero esté ahí”, dijo.
Una nueva vida en busca de oportunidades
Gabriela Jiménez y Eduardo Aníbal Blanco, un joven matrimonio costarricense con un niño en camino, salieron de Costa Rica rumbo a Honduras a principios de 1981, en busca de nuevas oportunidades.
La intención del hombre, de 23 años, era instalar un taller mecánico, como su padre. Lograron asentarse en el norte centroamericano durante los primeros meses. El 30 de julio de ese mismo año, el hogar de costarricenses recibió a su hijo, Federico Blanco Jiménez.
Un día cualquiera, la tranquilidad cambió súbitamente. El 14 de noviembre de 1981, Gabriela Jiménez y Eduardo Aníbal notaron que guardias civiles los estaban vigilando fuera de su casa, ubicada en la Colonia 15 de setiembre, en Tegucigalpa, Honduras. Nunca entendieron las razones.
Ese mismo día, cuenta la mujer, su esposo salió a realizar algunas diligencias. Nunca más regresó.
“Nos dimos cuenta de que teníamos vigilancia en nuestra casa, personas vestidas de civiles, no se veían armados, pero no dejaban de vigilar. Mi esposo salió a las 12 mediodía y no regresó nunca más, nunca más lo volví a ver, casi 41 años después…”, contó la mujer.
Gabriela Jiménez, de apenas 20 años y con un bebé de tres meses, supo que su vida cambiaría para siempre esa misma tarde del 14 de noviembre, cuando fuerzas de seguridad hondureñas allanaron su casa.
A la pareja de costarricenses la ligaron con un movimiento comunista en una época de mucha inestabilidad política en toda la región.
“A las 3 de la tarde llegaron entre tres y cuatro hombres, miembros de las fuerzas policiales de Honduras. Llegaron armados, me obligaron a abrirles la puerta de la casa, porque, si no, igual iban a romper el portón.
“Yo estaba sola con mi hijo de tres meses. Se metieron a la casa, registraron, botaron, rebuscaron… me preguntaron si había ido a Cuba, que si había ido a Rusia, que si éramos comunistas.
“Yo le explicaba que no, que nosotros no teníamos nada que ver con eso. Les dije que éramos costarricenses y dijeron que eso era mentira. Yo les decía ‘llamen a la embajada y se van a dar cuenta’, pero el tipo que estaba al mando me dijo que no, que la embajada también podía ser cómplice de muchas cosas”, recuerda la mujer.
Eduardo Aníbal Blanco era estudiante de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR). De acuerdo con Gabriela Jiménez, tanto ella como su esposo eran buenos jóvenes, estudiantes, preocupados por las desigualdades, la pobreza y las dictaduras en Centroamérica. “Queríamos ayudar a construir un mundo más justo”, recuerda la mujer.
Incluso, Blanco fue dirigente de la Juventud de la Iglesia Metodista en Costa Rica, desde los 18 años, donde participó en actividades de solidaridad con los pueblos centroamericanos.
Pese al activismo en contra de las dictaduras centroamericanas, la costarricense sostiene que no existía ningún tipo de vínculo entre ella y su esposo con algún movimiento comunista en Honduras.
“Creo que independientemente de eso no fue si algo cometimos mal, si algo hicimos mal; lo más lógico era que nos enjuiciaran o que lo llevaran a un proceso judicial, no que lo desaparecieran”, dijo Jiménez.
Las amenazas de muerte mientras buscaba a su esposo
Apenas dos días después de la desaparición, llegó a Tegucigalpa la madre del hombre, Soledad Araya. Entonces comenzó una búsqueda desesperada del paradero del mecánico costarricense.
“Lo buscamos en hospitales, Cruz Roja, en la morgue y nunca apareció”.
Se encendió una esperanza cuando acudieron a la Embajada de Costa Rica en Honduras, pero pronto encendió las amenazas de muerte en contra de Gabriela Jiménez y de su hijo recién nacido.
“El cónsul de esa época, don Antonio Carrillo, nos ayudó a localizarlo, nos dio esperanza, pero mientras él hacía sus investigaciones, en esos días, empezaron a llamarme por telefóno, que me iban a matar, que me iban a quitar al niño que era hondureño, si no regresaba a Costa Rica. En las noches, andaba gente en el techo de la casa”.
Entonces, Gabriela y su suegra decidieron regresar a Costa Rica. “10 días después que dejé de ver a mi esposo decidimos regresar a Costa Rica. No volví a Honduras por temor hasta ahora”, cuenta la mujer.
“Antes de irme de Honduras, el cónsul nos explicó que mi esposo Anibal estaba en una cárcel clandestina, que lo habían lastimado mucho. Nos dijo que le dejáramos una mudada de ropa y el pasaporte, que él iba a ayudarnos a recuperarlo, pero no lo logró”, recordó.
Más desaparecidos en Honduras y la preocupación de un estudiante
De acuerdo con la Embajada de Costa Rica en Honduras, pocos meses después de la desaparición de Eduardo Aníbal Blanco, ocurrieron al menos otras dos desapariciones forzosas de costarricenses en similares circunstancias. Esos son los casos de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales.
Aquellas desapariciones, de las cuales Costa Rica tiene documentación, motivaron una carta del actual presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien en ese entonces era el presidente de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas de la UCR.
Chaves envió una misiva, el 5 de enero de 1982, a la entonces embajadora de Honduras, Albertina Bernhard de Zelaya, solicitándole información sobre ambos costarricenses.
La carta menciona: “Permítame extenderle un cordial saludo y solicitarle de la manera más respetuosa y vehemente interponer sus buenos oficios ante las autoridades pertinentes de su país para obtener información sobre el paradero del señor Francisco Fairén Garbi, costarricense, de 28 años de edad, oficinista del Banco Nacional de Costa Rica, estudiante aventajado de cuarto año de la carrera de Economía de la Universidad de Costa Rica; y de la señorita Yolanda Solís Corrales, costarricense, de 27 años de edad, profesora de Estudios Sociales en el Colegio Agropecuario Humberto Melloni de San Vito de Java, Coto Brus”.
Gabriela Jiménez recordó que, a raíz de esas desapariciones forzosas, se creó una comisión especial en la Asamblea Legislativa, pero después de meses de trabajo “nunca se llegó a nada”.
El actual embajador de Costa Rica en Honduras, Mauricio Herrera, explicó que la misión diplomática brindó acompañamiento y asesoría sobre el caso, a raíz de una solicitud que Gabriela Jiménez y la familia de Blanco presentaron hace dos años, en un nuevo intento de hallar al costarricense.
“Esa nota que me enviaron a mí y al entonces canciller fue el disparador de una serie de acciones para volver a hacer las gestiones necesarias para saber qué pasó con Eduardo Aníbal, en dónde se encuentra él o sus restos y también para exigir verdad y justicia acerca de lo que le ocurrió.
“Durante este tiempo hemos hecho gestiones ante el Estado hondureño y ante Naciones Unidas, que tiene un programa muy sólido en temas de derechos humanos. Todo esto ha conducido a que hoy, que además es el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, hayamos podido presentar directamente ante la Fiscalía una denuncia formal por la desaparición de Eduardo Aníbal.
“Nos reunimos con el fiscal de Derechos Humanos, del Ministerio Público de Honduras, don Ricardo Matute, y se le entregó la denuncia y la documentación acerca de lo ocurrido a partir de aquel 14 de noviembre de 1981″, afirmó el diplomático.
De acuerdo con Mauricio Herrera, existe suficiente documentación y prueba acerca de las desapariciones forzosas de los costarricenses Eduardo Aníbal Blanco, Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales en Honduras.
