Una investigación publicada este jueves por el diario estadounidense The Washington Post revela que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) proporcionó cientos de millones de dólares a la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua, incluso durante los momentos en que la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertaba sobre asesinatos generalizados, torturas y exilios forzados de opositores políticos.
De acuerdo con la publicación, pese a que el BCIE es financiado por gobiernos democráticos, como los Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán, prestó $2.650 millones al régimen de Ortega entre el 2018 y el 2022 para proyectos de infraestructura y ambientales. Todo esto ocurría mientras el régimen Ortega-Murillo aumentaba la represión violenta y los abusos de derechos humanos.
Según The Washington Post, incluso después de que decenas de actores internacionales documentaran estas violaciones, parte del financiamiento del BCIE fluyó hacia los principales perpetradores de los abusos: la Policía nicaragüense, a la orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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El medio internacional llegó a esta conclusión después de analizar registros del gobierno nicaragüense y del banco, además de realizar entrevistas con exministros nicaragüenses y funcionarios actuales y anteriores del BCIE.
De acuerdo con The Post (como se le conoce a dicho medio), los préstamos del BCIE a Nicaragua aumentaron de $365 millones en el 2018, año en que comenzaron los asesinatos y las detenciones masivas, hasta $805 millones en el 2021, para un aumento del 120%.
En el 2021 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató otra detención masiva de disidentes políticos, aspirantes a la presidencia de la República, organizaciones no gubernamentales e, incluso, miembros de la Iglesia católica. Muchos de ellos fueron expulsados del país y despojados de sus pertenencias y nacionalidades.
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Uno de los candidatos detenidos fue Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda de Nicaragua, quien afirmó que los préstamos posteriores al 2018 fueron fundamentales para el gobierno nicaragüense, ya que otras entidades internacionales retiraron sus fondos o los dirigieron solamente a organizaciones no gubernamentales.
“El BCIE se convirtió en la principal fuente de financiamiento para obras pública”, dijo Chamorro a The Washington Post. Según el exviceministro, los préstamos del banco constituyeron una porción importante del producto interno bruto (PIB) de Nicaragua durante este periodo de represión dictatorial.
The Washington Post expuso que entre 2018 y 2020, la Policía Nacional de Nicaragua, herramienta de violencia de la dictadura, utilizó fondos del BCIE para construir o renovar al menos 19 comisarías, comprar sistemas de radio y construir un centro de datos en la sede policial.
Un documento publicado por el propio régimen de Ortega demuestra que en el 2018, cuando decenas de manifestantes fueron reprimidos, asesinados a tiros o arrestados, el BCIE y la policía nicaragüense sacaron una licitación para comprar buses y barcos para “garantizar la movilización de las fuerzas policiales y fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional”.
En abril del 2018, ante manifestaciones por recortes en el gasto social, la dictadura Ortega-Murillo utilizó a la policía y fuerzas paramilitares para atacar a los protestantes.
La ONU, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) descubrieron que francotiradores disparaban a civiles desarmados y arrestaban a los médicos que los atendían. Los detenidos por agentes enmascarados desaparecían eran encontrados muertos.
“La Policía llevó a cabo torturas en las cárceles, violando y matando a cientos de opositores al gobierno y transeúntes e, incluso, a algunos de sus propios agentes que se negaron a obedecer las órdenes de disparar a manifestantes desarmados”, recuerda The Post en su publicación.
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En declaraciones a The Washington Post, el expresidente del BCIE entre el 2018 y el 2023, Dante Mossi, defendió el financiamiento del banco al gobierno de Nicaragua.
“No le corresponde al presidente del banco juzgar si un país es lo suficientemente democrático o no para recibir préstamos del BCIE. Ese no es mi mandato”, dijo Mossi en marzo. Recientemente, el exjerarca demandó al banco por más de $2,4 millones debido a salarios perdidos por daño a la reputación.
Según el medio internacional, la nueva presidente del banco, la costarricense Gisela Sánchez, tiene una visión diferente. Ella aseguró que la entidad está revisando todos los préstamos aprobados en los últimos 10 años e implementando nuevas políticas anticorrupción y de derechos humanos.
Sánchez expresó su desaprobación sobre los préstamos a la Policía nicaragüense aun después de que se documentaran abusos de derechos humanos, asesinatos y torturas. “Quiero asegurarme de que algo así no vuelva a suceder nunca más”, dijo.
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En su reportaje, The Washington Post destacó que el entonces representante de Costa Rica en la Junta Directiva del Banco, Ottón Solís, fue uno de los principales críticos de Mossi.
El exdiputado habló abiertamente sobre grandes remuneraciones que recibían los miembros de la junta. Incluso mencionó, en una entrevista, que los directores del BCIE obtenían $19.500 al mes libres de impuestos, además de muchos beneficios, por lo que tenían pocos incentivos para contradecir a Mossi.
No obstante, Solís reconoció que no se opuso a los préstamos a Nicaragua, ya que está en contra de imponer consideraciones ideológicas en las decisiones del banco.
El exdirector y sus compañeros en la junta pensaron que Mossi abogó por los préstamos al régimen de Ortega como parte de su campaña para ganar un segundo mandato en el banco. Por su parte, Mossi dijo que la Junta Directiva, no él, era el único órgano con poder para bloquear los créditos.
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Las prácticas del BCIE han sido ampliamente cuestionadas por medios de prensa y organizaciones no gubernamentales. En octubre del 2023, una investigación realizada por el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por su siglas en inglés) lo llamó “El banco de los dictadores”.
En Costa Rica, la entidad financiera ha sido cuestionada por entregar donaciones de $1 millón de dólares anuales a los gobiernos asociados para uso discrecional.
La primera donación del BCIE al gobierno de Rodrigo Chaves provocó polémica porque $405.000 se destinaron a contratar servicios del productor audiovisual Christian Bulgarelli, en ese entonces muy cercano a la Casa Presidencial, quien admitió, posteriormente, que él participó en la elaboración de los requisitos.
Gisela Sánchez confirmó en junio que el banco ya autorizó una segunda donación a Zapote, por solicitud de Casa Presidencial.
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