El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) autorizó una segunda donación de $1 millón para uso discrecional del gobierno de Rodrigo Chaves, la cual fue solicitada por el gobierno desde el segundo semestre del año pasado.
Así lo confirmó este lunes la presidenta de la entidad bancaria, la costarricense Gisela Sánchez, durante su comparecencia en la Comisión Investigadora de los Contratos de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), de la Asamblea Legislativa.
Dicha aprobación se realizó desde el 7 de mayo, según la fecha que aparece en la nota web donde se explican elementos de esa cooperación, a la que accedió La Nación este lunes, luego de solicitar una copia del documento.
Sánchez hizo la revelación sobre esta nueva donación al ser consultada por la diputada liberacionista Dinorah Barquero. Luego le comentó a la diputada Vanessa Castro, del PUSC, que se trata de $200.000 para adquirir y poner en funcionamiento equipos para ciberseguridad, así como $725.000 para gastos vinculados a “salud ocupacional”.
La primera donación del BCIE al gobierno provocó polémica porque $405.000 se destinaron a contratar servicios del productor audiovisual Christian Bulgarelli, en ese entonces muy cercano a la Casa Presidencial, quien debió admitir, posteriormente, que él participó en la elaboración de los requisitos.
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En la nota web donde se confirma la aprobación de la segunda donación del BCIE al gobierno, se explica que el equipo informático se utilizará para el “almacenamiento, gestión segura y comunicación, así como la modernización de equipos de cómputo para el resguardo de la información, previniendo la exposición directa a hackeos, malware y ataques cibernéticos”.
En cuanto al dinero para salud ocupacional, alude trabajos en habitaciones del personal de seguridad de la Casa Presidencial, específicamente, de aire acondicionado, el cambio del techo del auditorio del edificio en Zapote, el sistema de iluminación y las instalaciones eléctricas. También indica la restauración de los pisos, remodelación del salón de credenciales, la reconstrucción del parqueo de visitas, intervención de las losas de concreto del edificio y “la fachada externa deteriorada por el paso de los años”.
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Aunque se trata exclusivamente de trabajos internos para la Casa Presidencial, el BCIE asegura en su nota que la aprobación de esta segunda donación se alinea con la estrategia institucional del Eje de Competitividad Sostenible “que busca impulsar el fortalecimiento de los factores económicos, sociales e institucionales que determinan la capacidad regional para insertarse de manera eficaz en los mercados mundiales más allá del ámbito meramente comercial”.
Gisela Sánchez, quien asumió el cargo el 1.° de diciembre pasado luego de que la impulsara el presidente Rodrigo Chaves, enfatizó que esta segunda donación incluyó varias cláusulas. Entre ellas, citó una para exigir a los potenciales proveedores de los servicios una declaración jurada donde se indique que no formaron parte de la elaboración de los términos de referencia de la licitación para la cual concursarán.
También se incluyó la obligación de que un tercero pueda validar los procesos de licitación y una autorización previa de poder compartir toda la información que les sea requerida, incluso a medios de comunicación. “Un elemento fundamental es que esta cooperación no reembolsable no tiene ningún componente de comunicación” del gobierno, enfatizó Sánchez.
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En cuanto a la investigación interna del Banco Centroamericano sobre la contratación del productor audiovisual Christian Bulgarelli para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial, la presidenta del BCIE informó de que los resultados estarán listos en pocas semanas.
Ya en febrero, la entidad difundió un comunicado de prensa donde se concluía que Bulgarelli pudo haber incurrido en prácticas prohibidas de fraude y colusión, por haber participado en la redacción de los términos de referencia para la licitación en la que después participó y finalmente ganó.
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Gisela Sánchez puntualizó que la investigación interna dio inicio en agosto, tres meses antes de que ella fuera elegida como presidenta del banco y asumiera dicho cargo. No obstante, refirió que desde el inicio de su gestión ha impulsado procesos de fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia, así como una nueva política anticorrupción, antifraude y antilavado.
La jerarca avaló lo dicho por el director por Costa Rica ante el BCIE, Erwen Masís, en cuando a que la entidad no puede incluir en su investigación interna a los funcionarios de la Casa Presidencial presuntamente implicados en la acción de Bulgarelli, pero dijo que han colaborado con las autoridades judiciales en la entrega de información.
Además, reconoció que las noticias sobre la polémica del contrato con Bulgarelli han tenido un impacto en la reputación del banco. También consideró adecuado, consultada por Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, presentar un proceso civil contra las personas implicadas en esta contratación investigada.