EscucharLa Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que las tasas de interés del crédito por $700 millones que el gobierno negoció con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para restauración de infraestructura pública, continúan siendo más altas que las ofrecidas por otros organismos internacionales.
El órgano contralor indicó que la tasa de interés ponderada del empréstito, estimada en un 7,65%, supera las ofrecidas por otros acreedores como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Según la CGR, para el cuatro trimestre del 2023, el BID otorgó una tasa de interés del 6,46% para proyectos de inversión del sector público, mientras que la del BIRF fue del 6,98% y la del CAF, de 7,44%.
Originalmente, la cláusula del contrato de crédito entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y el BCIE era del 8,87%; sin embargo, se redujo por presiones de los diputados de la Comisión de Hacendarios, quienes cuestionaron el elevado monto que el país tendría que desembolsar para pagar.
El rubro se logró reducir por un acuerdo con el BCIE, para que $42,8 millones del monto total, se financien con una tasa de interés fija de un 1,5% a 20 años.
Asimismo, el KfW Banco de Desarrollo de Alemania cofinanciaría $66,7 millones, lo que generará una reducción del 0,75% de la tasa de interés sobre el margen aplicable.
El resto de los recursos, $590 millones, tendrían una tasa de interés del 8,64%.
“Si bien una rebaja del costo puede resultar positiva, este costo aún sigue siendo superior al de otros organismos internacionales”, apuntó este martes Bernal Aragón Barquero, subcontralor general de la República, durante una audiencia ante la Comisión de Hacendarios.
Aragón indicó a los diputados que, en criterio de la CGR, el país todavía cuenta con un “margen de negociación, para mejorar las condiciones” del préstamo con el BCIE.
Pilar Cisneros agradece a diputados
La diputada oficialista, Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), reconoció que la tasa fijada originalmente era alta y que su reducción se logró gracias a la presión de los diputados, pero alegó no estar de acuerdo con la conclusión de la CGR.
“Sí se ha hecho un gran esfuerzo, en mucho debido a la presión de los diputados de esta comisión, lo cual agradezco mucho, para presionar al BCIE a buscar mejores alternativas”, expresó.
Por su parte, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), criticó la labor de negociación del gobierno, al acordar una tasa tan elevada en el contrato original.
“A esta comisión se le presentó una negociación de un empréstito entre el Poder Ejecutivo y el BCIE, que, tiene una tasa de interés más alta que la que hemos obtenido ahora (...). El Poder Ejecutivo entonces no realizó los esfuerzos necesarios en el proceso de negociación, para asegurarnos tener un costo financiero más bajo”, manifestó el frenteamplista.
Aprobación depende de modificación del contrato
La CGR también recordó a los diputados que, previo a la aprobación del expediente legislativo que contiene el contrato del BCIE, es necesario que se remita a la comisión la modificación del contrato, para incluir las nuevas fuentes de financiamiento, que ayudarían a reducir la tasa de interés.
“Los cambios en las condiciones de financiamiento, según lo establece la cláusula 7.01, requieren detallarse en el anexo I, de tal forma que pueda quedar formalizadas las condiciones nuevas pactadas”, señaló Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas (FIP) de la CGR.
El diputado Acuña explicó al resto de sus compañeros que dicho documento, requiere tanto la firma de del Gobierno de Costa Rica y del BCIE, “porque es una modificación de un contrato original que nosotros no podemos tocar”.
Indicó que dicha documentación debe estar presentada antes de la próxima semana, cuando la comisión tiene planeado dictaminar el proyecto de ley, antes de que el Congreso se vaya a receso de fin de año, que se extenderá desde el 14 de diciembre y hasta el 8 de enero.
Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, dijo que conversarían con el BCIE y tendrían lista la información para que la comisión lo pueda dictaminar.
“Es un intercambio de notas; nosotros no tenemos ninguna aprensión a hacerlo antes de que se dictamine”, manifestó.
Preocupación por exclusión de Banco de Proyectos
La CGR también expresó preocupación por la exclusión de los proyectos que se pretenden financiar de ser inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación (Mideplán), el cual tiene por ley la rectoría sobre las inversiones públicas.
“El Banco de Proyectos (de Mideplán) tiene una serie de normas que lo que buscan es asegurarse de que estos proyectos tengan condiciones que le permitan, por ejemplo, atender la situación de resilencia.
“Lo que busca es proteger los fondos públicos, porque si hacemos un puente del mismo tamaño y el río se lo lleva otra vez, entonces vamos a tener que pagarlo otra vez”, señaló Sáenz.
El Mideplán tiene la responsabilidad de revisar los planes de inversión pública y declarar la viabilidad de cada proyecto.
No obstante, el gobierno creó una cláusula de excepción en el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), por medio del decreto ejecutivo N° 43944-PLAN, del 28 de febrero del presente año.
La cláusula cubre a los proyectos contenidos en las resoluciones vinculantes que emite la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), ya sean por riesgo inminente o que se encuentren contenidos en declaratorias de emergencia nacional.
Según el decreto, la excepción se aplicará “cuando la nueva infraestructura a construir esté destinada a reponer el funcionamiento normal de los servicios públicos afectados”.
El plan del gobierno incluye 502 proyectos de reconstrucción de obras como vías, puentes y escuelas. 299 están bajo la categoría de riesgo inminente y 203 corresponden a decretos de emergencia.
Sin embargo, el 70% de esos 502 proyectos no tiene estudios de preinversión y se requiere de la aprobación del empréstito para poder iniciar estos análisis. Esto significa que, mientras no se terminen los proyectos de preinversión, especialmente en el caso de obra pública, no se tendría total certeza de su costo.
