La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un pronunciamiento este martes para expresar su “preocupación por el discurso público del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y las acciones administrativas en contra del diario La Nación y una de sus empresas”.
Esa organización instó al mandatario Rodrigo Chaves a suspender “lo que aparenta ser un acto de amedrentamiento indirecto”, así como “una campaña de descrédito en contra del medio”.
“Las acciones administrativas en contra de una de las empresas que da estabilidad económica al diario se tomaron dos días después de que el presidente criticara al medio”, puntualizó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati.
El presidente de la organización internacional se refiere al ataque de Rodrigo Chaves a La Nación, el pasado miércoles en conferencia de prensa, cuando usó datos distorsionados sobre bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil entre el 2013 y el 2014, y puso en duda, frente a la opinión pública, su capacidad de pago de las inversiones realizadas.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su operadora de pensiones se encuentran entre los inversionistas que adquirieron parte de la colocación. Esas entidades invirtieron por decisión propia con el fin de ganar intereses. Los rendimientos siempre los han recibido puntualmente, admitió el mismo Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la CCSS, en dicha conferencia.
Luego, el jueves anterior, mediante una denuncia anónima atendida en menos de tres días, el Ministerio de Salud suspendió el permiso de funcionamiento de Parque Viva, propiedad de Grupo Nación. Asimismo, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (Dinadeco) acudió a asociaciones de vecinos, en un supuesto acto de intermediación, para que emitieran cartas a la ministra de Salud, Josselyn Chacón, para respaldar la decisión.
“Nuestra experiencia nos indica que, muchas veces, la libertad de prensa es atacada en forma indirecta para ‘disciplinar’ a un medio, ya sea a través de auditorías fiscales o discriminándoles con la publicidad oficial, entre otras formas de censura indirecta”, manifestó Canahuati, presidente de la SIP.
El comunicado de la organización internacional recordó que “durante la campaña electoral, Chaves prometió destruir a La Nación y Canal 7, entre otros medios, porque publicaron información sobre denuncias por acoso sexual en su contra cuando trabajó en el Banco Mundial hace más de 15 años, y sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de su actividad política. Chaves los llamó ‘canallas’ y ‘medios de difamación’”, apunta el pronunciamiento.
Sobre los ataques del presidente Chaves a La Nación y otros medios de comunicación, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, manifestó que “las continuas referencias del presidente al diario demuestran una intención de desacreditarlo ante la opinión pública”.
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijo que “lamentablemente, esta es una práctica cada vez más común entre los gobernantes de la región, sin importar su inclinación ideológica”.
Canahuati y Jornet instaron a Chaves a deponer “la actitud de confrontación” contra La Nación y a “respetar el papel fundamental de la prensa en una democracia”. Recordaron, además, que Costa Rica es uno de los países que más ha respetado el principio de la Declaración de Chapultepec que establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
Ante consultas de múltiples medios de comunicación al chat de prensa del Ministerio de Salud, esa institución respondió sobre el cierre del Parque Viva: “Les informamos que estamos recopilando toda la información en torno a las consultas planteadas. Como ustedes comprenderán, por ser un tema que involucra los criterios de varias instituciones, requerimos un tiempo prudencial para obtener el detalle. Les ofrecemos las disculpas del caso y agradecemos su paciencia al respecto”.
Esos supuestos criterios técnicos tuvieron que estar en manos del órgano que tomó la decisión de cerrar el centro de eventos ubicado en la Guácima.
Los expresidentes de la República, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, también fustigaron el cierre del negocio propiedad de Grupo Nación. Mientras que seis expresidentes del Colegio de Periodistas (Colper) denunciaron un ataque sistemático contra la prensa por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves.
