Segundo giro del FMI depende de plan de empleo público

El proyecto regresa este lunes 8 de noviembre al plenario legislativo, para sus trámites finales, justo cuando una misión del FMI evalúa el cumplimiento de las medidas de saneamiento fiscal a las que Costa Rica se comprometió en enero de este año, al adquirir el crédito.

No obstante, los tiempos legislativos impiden que el primer debate se produzca antes del 22 de noviembre.

Aunque no se conoce la fecha en que la misión del FMI emitirá su informe sobre el avance del cumplimiento del programa de ajuste fiscal, sí es claro que la aprobación del plan sobre empleo público es fundamental para el segundo desembolso de $290 millones; el primer giro entró en agosto.

El plan de empleo público es la reforma más significativa para el control del gasto público en el acuerdo de saneamiento de las finanzas públicas firmado con el FMI, pues elimina el crecimiento desordenado del gasto en remuneraciones al eliminar el sistema de pluses salariales y sustituirlo por el salario global.

La diputada Silvia Hernández indicó que el segundo desembolso está vinculado a la aprobación de ese proyecto, pero apuntó que, como cada desembolso se realiza cada seis meses y el primero se produjo en agosto, el segundo estaría previsto para febrero próximo.

“El primer desembolso estaba ligado a la aprobación del préstamo en el plenario, el segundo vinculado a la aprobación de empleo público y otras variables macroeconómicas, y en principio está para el mes de febrero”, dijo.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, enfatizó que la recomendación del FMI se emitirá en los próximos días. “Tenemos prácticamente encima ese informe, por eso la importancia de acelerar todo lo relacionado con las medidas para mejorar los ingresos mediante la agenda que está en la Asamblea Legislativa”, comentó.

La cuenta final

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La iniciativa de empleo público fue aprobada en primer debate en junio del 2021. Luego, a principios de agosto, la Sala IV señaló que tenía inconstitucionalidades en cuanto sometía a las instituciones con autonomía o independencia a la rectoría del Ministerio de Planificación (Mideplán) en materia de empleo.

Por otra parte, los magistrados sí avalaron la introducción del esquema de salario global para todo el sector público y la regulación de convenciones colectivas.

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Este lunes 8 de noviembre, el plenario discutirá el informe de cuatro diputados de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad del Congreso que recomienda corregir los vicios encontrados por el Tribunal, para seguir adelante con la iniciativa legal.

El texto sugerido ya exime al Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la rectoría del Mideplán, a fin de acoger las observaciones de los magistrados constitucionales

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Según la presidenta legislativa, la liberacionista Silvia Hernández, las normas parlamentarias exigen que el plan se discuta el lunes en la primera parte de la sesión del plenario y hasta las 6 p. m.

“No habrá control político ese día (discursos de los diputados sobre asuntos varios). Empezaremos con la discusión del informe y se discutirá hasta cinco minutos antes de las 6 p. m., y sin importar quién esté en el uso de la palabra, se procederá a la votación (el dictamen)”, informó Hernández.

De la Comisión de Constitucionalidad, también surgió un informe de minoría, firmado únicamente por el socialcristiano Pedro Muñoz.

La jerarca del Directorio comentó que, si se aprueba el informe de la mayoría, que recomienda modificar varios artículos del proyecto sobre empleo público, eso obliga a realizar nuevas consultas sobre los contenidos del proyecto, por un plazo de ocho días hábiles.

Esas consultas se enviarán a las universidades públicas, a las 82 municipalidades, a la CCSS y a la Corte Suprema de Justicia.

El plazo para que las instituciones se manifiesten sobre la nueva versión del proyecto es de ocho días hábiles, por lo que no se podría tramitar la iniciativa en primer debate antes del 22 de noviembre, en el plenario.

Cuando llegue la discusión para someter el texto a primer debate por segunda vez, cada congresista podría hablar 20 minutos, o hasta 60 minutos en el caso de que hasta dos diputados le cedan sus tiempos.

Aunque los diputados podrían realizar una nueva consulta a la Sala Constitucional, después de votarlo en primer debate, solamente podrían cuestionar temas que no se hayan consultado anteriormente.

De lo contrario, el plan se podría votar en segundo debate esa misma semana.

Por su parte, la jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, confirmó que su fracción está totalmente de acuerdo en la votación del informe constitucional sobre el plan de empleo público el lunes y enviarlo lo más pronto posible a consultas de las instituciones.

“Nuestra posición es que la sesión del lunes tenga ese tema como prioridad, tal como lo dice el Reglamento”, informó la vocera liberacionista. Ella añadió que, desde el lunes anterior, se había definido esa posición de la bancada, para finiquitar el tema antes de que termine noviembre o a principios de diciembre.

Laura Guido, jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), apuntó también que la expectativa es aprobar el informe de mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad el próximo lunes y avanzar con el plan de empleo público.

Explicó que ese informe recomendó acoger todas las observaciones hechas por la Sala Constitucional.