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La Sala IV declaró inconstitucional la reforma legal que golpearía tanto las finanzas del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, como del Gobierno Central, al permitir que un grupo de docentes se saliera del IVM para regresar a alguno de los sistemas de jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
La entrada en vigor de esa ley hubiese generado dos huecos financieros: uno en la Caja de ¢52.400 millones y otro, en el Gobierno Central, de hasta ¢33.000 millones anuales más.
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Según la resolución, el texto es inconstitucional porque no cuenta con un estudio técnico ni científico que determine su impacto económico sobre el régimen del IVM, el cual administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El fallo lo emitió la Sala Constitucional este mediodía, por unanimidad, a raíz de una consulta de los diputados. Fue redactado por el magistrado Rónald Salazar. Él enfatizó que el plan viola el artículo 73 de la Constitución Política. Esa falta de estudio constituye un vicio esencial del procedimiento legislativo.
El artículo 73 de la Constitución dice:
"Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y además contingencias que la ley determine.
"La Administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.
"No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.
Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales."
La Sala IV votó integrada por los magistrados Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Yerma Campos Calvo, Jorge Araya García y Ronald Salazar Murillo.
Debieron ser sustituidos por magistrados suplentes los propietarios Paul Rueda y Ernesto Jinesta. El primero porque la suegra podría ser parte del grupo de docentes del que habla el proyecto y el segundo porque decidió no tocar temas de pensiones, desde que defendió públicamente las pensiones del Poder Judicial.
Diputados del PLN, del PUSC, del FA y del PAC dieron por sepultado el proyecto al menos por lo que resta de esta administración.
"La resolución de la Sala es razonable, lo habíamos adelantado cuando pedimos a la Superintendencia de Pensiones revisar los datos del Gobierno y de Jupema. De hecho, la Supén no pudo corroborar la información, cuando le pedimos criterio, por la falta de esos datos. La Sala Constitucional indica que debe haber datos reales y concisos a la hora de dictaminar, hay que tener ese cuidado y esos datos", dijo el jefe de fracción socialcristiano, William Alvarado.
"Consideramos que se sepulta y por respeto a la Sala. Ya lo suponíamos nosotros, porque nos generó dudas", añadió.
La frenteamplista Patricia Mora declaró que, aunque su partido sigue apoyando el proyecto, el fallo es de acatamiento obligatorio y ahora ve bastante difícil que la iniciativa avance.
La jefa del PLN, Karla Prendas, afirmó: "Hay que determinar qué se tiene que hacer ahora. Somos respetuosos, pero ahora hay que hacer algún planteamiento. Este es un buen momento para que el Gobierno pueda consolidar esfuerzos y que sea realizable, con condiciones técnicas. Ahora, no sé cuál pueda ser la viabilidad política ahora para esta iniciativa. Sí hay una pausa, puede ser que el tema quede para la próxima Asamblea Legislativa".
Marco Vinicio Redondo, del PAC, celebró el fallo, en virtud de que el Gobierno y la mayoría de su fracción se habían opuesto al proyecto. "Lo que queda claro es que había una incertidumbre jurídica y hasta que no haya una variación en el planteamiento, el proyecto va a seguir igual", dijo.
"Lo que podemos decir es que las probabilidades de una buena vía en el Congreso son relativamente bajas, dependiendo de los alcances de la resolución", continuó el diputado de Gobierno.
Implicaciones de la reforma. Este plan había sido aprobado por diez diputados de la Comisión Plena I, en primer debate, el 7 de junio pasado. Lo avalaron tres legisladores de Liberación Nacional (PLN), tres de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tres del Frente Amplio y una de Acción Ciudadana (PAC).
Sin embargo, inmediatamente fue enviado a consulta a la Sala IV ante las críticas de algunos diputados, de la CCSS y del Ministerio de Hacienda, que alertaban sobre las implicaciones económicas que ocasionaría en las arcas del Estado la entrada en vigencia de esa reforma.
También pesó en esa decisión, que la CCSS y la Jupema daban cifras distintas sobre el número de docentes que se beneficiarían con la reforma.
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El proyecto de ley permitía que entre 1.847 y 6.000 docentes tuvieran la posibilidad de devolverse del IVM a uno de dos regímenes de pensiones del Magisterio Nacional, para obtener una mejor pensión. Se trata de personas que se habían trasladado en 1995, cuando se reformó el sistema de jubilaciones del Magisterio.
Los docentes con posibilidad de trasladarse del IVM a un régimen de la Jupema, en promedio, perciben un salario de ¢1,9 millones mensuales, aunque algunos alcanzan ¢7,8 millones o incluso ¢9,8 millones, según datos de la CCSS.
Con el proyecto aprobado en la Plena I, estos docentes habrían regresado a un régimen que se financia con cotizaciones de los educadores o a otro ya extinto que hoy es cubierto con dinero del Gobierno central, el cual se financia con los impuestos que pagan todos los costarricenses.
La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) estima que la mayoría de educadores se inclinaría por el régimen extinto, en donde el Gobierno aporta el 90% de lo que reciben los jubilados y solo el 10% se financia con las cotizaciones.
El régimen de reparto del Magisterio ofrece mejor condiciones que el IVM en cuanto a la edad de jubilación, los años de cotización y el monto de la pensión.
Hacienda estima que la entrada en vigor de esa iniciativa generaría un faltante en las arcas del Estado, de en promedio, entre ¢11.000 millones y ¢33.000 millones anuales.
En el caso de la CCSS, la salida de educadores generaría una pérdida de ¢52.400 millones de sus reservas: el equivalente a un mes completo del pago de pensiones de la Caja. Así ocurriría porque el proyecto le exige al IVM trasladar cuotas de los docentes que opten por pasarse a la Jupema.
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