Escuchar
San José
La propuesta de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal recibió el visto bueno de los magistrados de la Sala Constitucional, con lo que los diputados podrán votarlo en segundo y último debate en el plenario.
Este jueves, los magistrados concluyeron que el proyecto de ley no contiene vicios de procedimiento ni de fondo.
Se trata del proyecto que permitirá a la Dirección General de Tributación (DGT) pedir a un juez embargar bienes a los contribuyentes morosos. Además, posibilita el congelamiento de propiedades muebles e inmuebles, como medida cautelar provisionalísima, mientras se decreta el embargo.
La Sala IV sí advirtió de que, antes de tramitar un embargo, Hacienda debe solicitar al Registro Nacional de la Propiedad anotar una providencia cautelar sobre los bienes del contribuyente moroso, a fin de evitar que eventuales compradores de buena fe, de casas, terrenos o vehículos, adquieran un bien que acarree deudas tributarias.
El proyecto impulsado por el gobierno lo aprobaron los diputados en primer debate el pasado 8 de setiembre. Empero, el diputado Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario, promovió su envío a consulta de constitucionalidad con las firmas de sus dos compañeros de bancada, las de los diputados de Liberación Nacional (PLN), los de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y los Acción Ciudadana (PAC), para un total de 17 firmas.
LEA: Otto Guevara envía a Sala IV plan contra el fraude fiscal
La iniciativa de ley contiene, además, la creación de un registro de accionistas y beneficiarios finales de personas jurídicas, que podrá ser consultado por el Gobierno, con la supervisión de un juez de garantías.
El diputado Otto Guevara había basado su consulta de constitucionalidad en una declaración del procurador fiscal, en la que afirmó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que el proyecto otorgaba "permisos excesivos" al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para acceder al registro de accionistas.
Según el legislador, esa potestad violentaría el artículo 24 de la Constitución Política, relativo al derecho la privacidad de los datos. Sin embargo, los magistrados rechazaron el argumento.
Otros de los argumentos contra el proyecto fue que la inclusión del registro de accionistas violentó la conexidad del proyecto, pues dicho elemento no estaba incluido en el texto original.
Ahora, el plenario tiene luz verde para el segundo debate. Sin embargo, el diputado Otto Guevara dijo que defenderá la tesis de que hubo un error de procedimiento al tramitar el proyecto por la vía rápida estipulada en el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo.
El vicio, dijo, consiste en que el plan requería de una mayoría calificada de votos (38), en vista de las competencias que confiere al ICD, referentes al acceso a la información del registro de accionistas.
Para Guevara, está claro que un proyecto con esa característica no era candidato a aplicarle el 208 bis, que está reservado para los proyectos que requieren una mayoría absoluta (29) de diputados a su favor.
"El proyecto va a tener ese vicio que daría pie a una acción de inconstitucionalidad después de su votación y entrada en vigencia, alegando que el procedimiento fue contrario al 208 bis y al principio de legalidad", subrayó el diputado.
Dicha tesis solo la defiende el Movimiento Libertario. Guevara dijo que además cuenta con el criterio técnico de varios abogados constitucionalistas que respaldan esa posición.
Los magistrados de la Sala Constitucional rechazaron ese argumento porque consideraron que fue presentado de forma extemporánea. Sin embargo, dos altos jueces sí votaron por aceptarlo.
