La Sala IV no encontró vicios de inconstitucionalidad en los artículos del proyecto de ley contra el acoso sexual callejero que un grupo de diputados sometió a consulta de este tribunal.
Esta resolución abre el camino para que sea aprobado en segundo debate, y pase a convertirse en ley de la República, el texto para castigar con multas conductas como los silbidos, los jadeos y gemidos emitidos con connotación sexual, sin consentimiento de la víctima.
Además, se impondrán penas de cárcel por actos como el exhibicionismo y la masturbación en espacios públicos o en medios de transporte, así como la persecución o acorralamiento de una persona.
La resolución de los magistrados evacua una consulta facultativa presentada por 12 diputados, los cuales alegaron que el término utilizado para definir el acoso sexual callejero violentaba “los principios de tipicidad y legalidad penal, al contener, en su criterio, tipos penales abiertos y sujetos a criterios de interpretación subjetivos”.
Estos legisladores también argumentaron que es imposible juzgar a las personas que emitan ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes; argumentaron que no hay forma de que un juez o una jueza pueda tener certeza absoluta de la intención, propósito u objetivo con que se realizaron, pues el sentido dependerá de la persona afectada”.
Al respecto, la Sala IV resolvió, por unanimidad, que los aspectos consultados por los diputados “distan de ser contrarios a la Constitución Política, y los valores y principios que la integran, pues son en realidad conceptos definidos y socialmente comprendidos, cuya aplicación en cada causa o proceso dependerá, en definitiva, de la valoración que realice la persona juzgadora con base en todo el material probatorio con que se cuente en cada caso concreto”.
El proyecto de ley prevé una pena de 15 a 30 días multa a quien, en un espacio público, de acceso público o en un medio de transporte remunerado de personas, profiera, dirija o ejecute, con connotación sexual, palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes hacia otra persona, sin su consentimiento.
La pena será de 25 a 35 días multa si esas conductas son cometidas por dos o más personas, o mediante el uso de medios electrónicos.
La consulta a la Sala IV fue firmada por seis diputados de Restauración Nacional (PRN). Se trata de Carlos Avendaño, Geovanni Gómez, Melvin Nuñez, Xiomara Rodríguez, Mileidy Alvarado y Floria Segreda.
También firmaron cuatro legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN). Son: Luis Antonio Aiza, David Gourzong, Jorge Fonseca y Paola Valladares.
Además, apoyaron la gestión un congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Óscar Cascante; y uno del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), Otto Roberto Vargas.
La iniciativa también establecerá las siguientes penas:
-De diez meses a un año y medio de cárcel: a quien fotografíe o grabe con connotación sexual, y sin su consentimiento, a personas en lugares de acceso público y en servicios de transporte remunerado de personas. La pena podría subir hasta dos años de cárcel si el material es mostrado o transmitido a otra persona.
-De seis meses a un año de cárcel: a quien se masturbe o exhiba sus genitales con intención sexual en público.
-De ocho meses a un año de cárcel: a quien persiga o acorrale a una persona con fines sexuales.
Las penas se incrementarían en un tercio si el ofensor es reincidente, si las faltas las comete más de una persona o si la víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene una discapacidad.
Nielsen Pérez, congresista de Acción Ciudadana (PAC), afirmó sobre la resolución: “Es muy importante para las mujeres y niñas que son las que sufren más el acoso sexual callejero”.
“Una vez que recibamos la notificación por parte de la Sala, procederemos a enviar el texto a segundo debate y que las mujeres de este país no tengan que postergar más sus derechos”, añadió.
Por su parte, la diputada verdiblanca Paola Valladares, una de las congresistas que firmó la consulta facultativa, expresó su satisfacción sobre la la resolución de la Sala con respecto al proyecto.
“Buscábamos certeza jurídica con la que hoy contamos para avanzar, a pesar algunas dudas que existían alrededor, sabemos que es un tema con el cual podemos seguir, y que en el país las mujeres lo requerimos”, indicó.
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