El Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) vive un quiebre interno. El excandidato presidencial Rodolfo Hernández denunció al diputado Dragos Dolanescu, presidente de la agrupación política, ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con base en un informe de la fiscalía interna del comité ejecutivo partidario.
La semana pasada, Hernández acudió junto con el también legislador republicano, Otto Roberto Vargas Víquez; el excongresista José Manuel Echandi y Wellington Arguedas, asesores de Vargas, así como Roberto Suñol, exjefe de la campaña del 2018.
En esa visita al TSE, le entregaron el informe de la fiscala general del partido, Daisy Orozco, al departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, y solicitaron investigar gestiones financieras de Dolanescu y de la tesorera del partido, Anabelle Soto.
“Se fue a plantear la preocupación de una situación que está ocurriendo con los informes del Partido Republicano para las elecciones municipales. Si lo interpretamos, es una denuncia. Cada vez que uno dice ‘no me parece tal cosa', también es una denuncia”, dijo Hernández.
El excandidato presidencial aseguró que “hay cosas que dejan una gran duda” sobre un pago a un proveedor y un fideicomiso firmado por Dolanescu.
“El informe lo hace una persona muy seria, la fiscal general. Me da la confianza para pensar que lo que está ahí escrito es la verdad de lo que ella investigó”, dijo Hernández.
En el informe al que se refiere el excandidato presidencial, la fiscal Orozco relata las gestiones que debió realizar ante Dolanescu para tener acceso a información sobre gestiones financieras.
Entre esa información está la firma de un fideicomiso con un banco por ¢318 millones en marzo del 2020, después de los comicios municipales, así como un giro de ¢68 millones a una agencia publicitaria.
Según el informe de Orozco, las respuestas de Dolanescu a sus preguntas la llevaron a insistir varias veces sobre varios temas e, incluso, a reunirse con él en su despacho legislativo.
Ella cuestiona la necesidad de haber firmado un financiamiento bancario después de los comicios de febrero del 2020 si el TSE liquidaría los gastos ya incurridos en campaña contra los comprobantes que se entregaran.
“¿Para qué un innecesario fideicomiso por ¢318 millones si el TSE haría la liquidación una vez analizadas y aceptadas las facturas y documentos tramitados por el partido? ¿Por qué liquidar a los cantones (organizaciones cantonales) sin la resolución del Tribunal? ¿Para qué comprometer el futuro financiamiento del partido”, alegó Orozco.
Según el informe, Dolanescu respondió que el fideicomiso fue aprobado por el Tribunal en marzo y que se accedió a él “para el pago de la liquidación de gastos que hayan liquidado de manera eficaz las dirigencias cantonales, así como el pago de préstamos que utilizó el partido para financiar parcialmente el proceso electoral”.
Dolanescu: ‘Todo fue aclarado'
Consultado por este medio, el diputado y presidente del Republicano respondió: “La fiscala del partido Daisy Orozco presentó un documento ante el Comité Ejecutivo Superior haciendo preguntas sobre manejos financieros del partido en las pasadas elecciones municipales de febrero 2020".
“La tesorera del partido, Anabelle Soto, y yo elaboramos un documento de 14 páginas donde respondimos una a una las preguntas de la señora fiscala, detallando todos los procedimientos que hicimos durante la campaña”.
“Ese documento fue presentado el 17 de junio pasado y tiene el acuse de recibo de la fiscalía del partido y consta en actas de la reunión del Comité Ejecutivo Superior del Republicano. De parte mía y de la tesorera, estamos totalmente satisfechos con las respuestas que dimos a las interrogantes de la fiscalía y consideramos que todo fue aclarado debidamente”.
En el documento de 14 páginas al que se refiere Dolanescu, él y Soto alegan que los informes económicos no se entregan de oficio al comité ejecutivo, por ser una función propia de la tesorería partidaria.
Alegó que sí se presenta como parte de una rendición de cuentas anual ante la Asamblea del PRSC.
El diputado añadió que el pago por ¢68 millones se hizo a través del fideicomiso con Promérica, porque fue la única entidad que els abrió las puertas y se realizó de forma acelerada porque “ya cerraba el periodo electoral y era necesario incluir esa factura” en las cuentas.
El monto se dividió, según Dolanescu, entre ¢63,5 millones a la empresas Socios de Publicidad D Q y ¢5 millones a Creación de estrategia digital Social Media.
También alegó que el pago de pasivos no requería acuerdo del comité ejecutivo e insistió en que un acuerdo de noviembre del 2019 de la cúpula partidaria lo facultaba para gestionar recursos finacieros para la campaña.
La fiscala también cuestionó por qué se le había omitido información al comité ejecutivo sobre el informe económico de las elecciones municipales presentados al TSE, a lo que el diputado respondió que era un informe público y “podía solicitarse hasta por Whatsapp”.
En cuanto al pago de ¢68 millones, tal como detalla el informe de Orozco, este se le hizo a la empresa Socios de Publicidad por vallas y logos para las elecciones municipales.
En el informe de la fiscalía, ante el cuestionamiento de Orozco, el diputado alegó que ese pago no requería ningún acuerdo del comité ejecutivo partidario.
Aunque el congresista alajuelense no habría informado al partido del fideicomiso firmado con Promérica, alegó ante los cuestionamientos de la fiscalía partidista que ya había una autorización del comité superior para que él buscara fondos para el partido.
Por otra parte, en el informe se incluyen preguntas sobre montos a favor de Roberto Suñol y del subtesorero, Carlos Solís.
Orozco encontró un pago de ¢1,27 millones por un alquiler anticipado al bufete de Roberto Suñol.
Al respecto, Suñol dijo que él nunca le cobró un solo colón al Partido Republicano ni en las elecciones nacionales del 2018 ni en las municipales del 2020.
En la documentación analizada por Daisy Orozco también hay cuentas por pagar que se arrastran desde octubre del 2019. La fiscala relató en su informe que Dolanescu no dio respuestas claras al respecto.
En entrevista con La Nación, Rodolfo Hernández aseguró que “hay gente que podría salir trasquilada” de esa investigación y aseguró que el asunto se debe investigar hasta las últimas consecuencias.
“Si no hay problema, pues qué dicha, pero si hay alguna irregularidad, deben las personas responsables de esas irregularidades asumir su responsabilidad como la ley aplica”, dijo Hernández.
El exaspirante presidencial también comentó que ya en varias ocasiones, antes, él mismo intentó que Dolanescu le respondiera ampliamente sobre los manejos financieros de la campaña nacional del 2018, pero nunca le respondieron.