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El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero, defendió ante los diputados una reforma legal que autorizó a esa entidad a comprar, conservar y vender títulos de deuda del Gobierno de segunda clase.
Economistas y diputados han advertido que esa norma aprobada el año pasado, al principio de la pandemia, quedó muy abierta y podría ser usada por el BCCR para financiar al Gobierno a través de terceros, lo que generaría inflación.
Sin embargo, Cubero les pidió días atrás a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios mantenerla pero que se le introduzcan controles.
En esa instancia ya se discuten dos iniciativas, una para eliminarla y otra para establecer regulaciones.
“Es importante para mitigar tensiones de liquidez sistémica y en consecuencia para dar estabilidad financiera y crecimiento económico”, defendió Cubero en el foro legislativo.
Los bonos del Gobierno que el BCCR podría adquirir se llaman de segunda clase porque se encuentran en poder de un tercero como una operadora de pensiones, bancos comerciales o fondos de inversión.
Su participación en ese mercado se avaló en el Congreso como una forma de generarles liquidez a las operadoras de pensiones, a fin de que estas entregaran el año pasado el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) a los trabajadores con contratos de trabajo suspendidos o jornadas laborales reducidas debido a la covid-19.
En aquella oportunidad, el economista de la firma Ecoanálisis, Alberto Franco, recordó que en el pasado se abusó de esa herramienta al usarse para financiar pérdidas del Gobierno y sus instituciones, lo que generó inflación.
Franco señaló que, a mediados de los 90s, el Poder Ejecutivo utilizó de forma intensiva el mecanismo de emisión monetaria para cubrir las pérdidas de las empresas públicas relacionadas con la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa).
Una iniciativa de la legisladora independiente Zoila Volio y la liberacionista Silvia Hernández, plantea eliminar la medida de la Ley Orgánica del Banco Central.
“Esto abre un peligroso portillo para utilizar lo que comúnmente se conoce como ‘emisión inorgánica’ para financiar al Gobierno, lo cual tiene un efecto inflacionario que puede generar un alza en los precios en el corto o mediano plazo, con el consecuente empobrecimiento colectivo de los habitantes de la República, además de fomentar mayor irresponsabilidad fiscal”, señala la justificación del proyecto.
Descarta financiamiento al Gobierno e inflación
No obstante, durante su intervención en Hacendarios, el martes 7 de setiembre, Cubero se opuso a esa iniciativa y rechazó que la intención de la herramienta sea para financiar al Poder Ejecutivo.
“Si bien el título, en este caso, es un instrumento emitido por el Ministerio de Hacienda en el mercado primario, el financiamiento del Gobierno ya fue provisto por quien compró ese bono de primera mano.
“Cuando el título es vendido en el mercado secundario al Banco Central, quien recibe los recursos no es Hacienda, sino el vendedor de título. Por eso es importante entender que este mecanismo no representa financiamiento del Banco Central al Gobierno”, aclaró el jerarca.
Cubero también rechazó que la inyección de recursos del BCCR en el mercado secundario de bonos por sí sola genere inflación.
“En última instancia, el impacto inflacionario de operaciones de política monetaria de esta herramienta o cualquier otra, dependen de la magnitud de la inyección neta de liquidez y de las condiciones financieras y económicas en el momento en que se da la intervención”, explicó.
Aclarado lo anterior, Cubero volvió a insistir en que la participación del BCCR en el mercado secundario sirve para garantizar estabilidad.
Recordó que los problemas de liquidez sistémica se dan cuando varios actores financieros de importancia, con necesidades de recursos, generan distorsiones abruptas como el incremento en las tasas de interés al momento de vender en simultáneos esos bonos a terceros.
Plan plantea regulaciones
Otro proyecto de la legisladora liberacionista Yorleny León, que se discute en Hacendarios, propone mantener la norma con regulaciones.
La redacción autorizaría la intervención del Banco Central solo cuando existan riesgos objetivos de liquidez, los títulos deberán ser adquiridos al precio de mercado al momento de la transacción y que la compra sea por un monto máximo que no ponga en riesgo las metas de inflación.
Incluso permitiría al ente emisor adquirir aquellos títulos que estén en poder de entidades públicas, siempre que se determine que el mercado está bajo tensión sistémica, y le ordena publicar en su página web las transacciones, al tiempo que le informa a los diputados de esas gestiones.
A modo general, la iniciativa de León ordenaría al Banco Central vender los bonos una vez que desaparezcan los riesgos de tensión.
Cubero mostró afinidad con esta iniciativa. Dijo que esta redacción está en la línea de lo aprobado por la Junta Directiva del BCCR el año pasado, cuando estableció las condiciones de aplicación de la reforma.
Por ejemplo, los directivos fijaron un tope de participación de ¢250.000 millones, así como restricciones sobre las fechas de colocación y emisión del mercado primario.
Una vez aprobadas esas regulaciones, el BCCR hizo dos operaciones pequeñas entre junio y agosto del 2020 con montos de ¢500.000 y ¢100.000. A finales de octubre participó con más amplitud en el mercado, pero luego los vendió.
Con solo el anuncio de la intervención, aseguró Cubero, se calmaron episodios de tensiones registrados al principio de la pandemia.
