El presidente de la República, Rodrigo Chaves, negó que la desconvocatoria del proyecto de ley contra el crimen organizado sea una medida de presión para que los diputados aprueben el plan de jornadas laborales 4-3, el cual es impulsado por su administración.
“Es una mentira, es un descaro de ciertos diputados que digan que estamos jugando moneda de cambio”, declaró el mandatario este miércoles, en la conferencia de prensa semanal.
La tarde el martes, en sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo anunció el retiro del plan contra la delincuencia organizada, para abrir espacio a mesas de negociación sobre la propuesta de jornadas excepcionales.
El Gobierno tomó esa decisión a pesar de que la Fiscalía General de la República advirtió de que el plan debe aprobarse antes del 7 de junio, para evitar que queden libres peligrosas cabecillas del narco que actualmente descuentan prisión preventiva. El proyecto permitiría duplicar los plazos de las medidas cautelares.
Los diputados calificaron lo sucedido de “barbaridad”, “burla” y “error grave”, al tiempo que cuestionaron el verdadero compromiso del Gobierno con la seguridad pública y responsabilizaron al Ejecutivo en caso de que la reforma no sea aprobada a tiempo.
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Rodrigo Chaves dio dos versiones sobre el retiro del proyecto. Primero, alegó que, si no desconvocaba el plan sobre el crimen organizado, los diputados no tendrían espacio dentro de su agenda para trabajar en el plan de jornadas 4-3, el cual aseguró que también es urgente.
El mandatario culpó a los diputados de incumplir un pacto político para discutir ambos proyectos mediante vías rápidas en el plenario.
Los diputados aprobaron un trámite expedito para los dos expedientes. No obstante, después, algunas diputaciones expresaron dudas sobre el plan de jornadas excepcionales y plantearon devolverlo a comisión.
“Entonces, ahora vienen y dicen ‘ah, no, es que no, es que siempre no, lo más seguro es que tal vez con el plan 4-3′. Entonces, tenemos que ir a trabajar en una mesa”, declaró el presidente.
Chaves expuso que el acuerdo consistía en que los congresistas sesionarían dos veces por día: una en la mañana y otra en la tarde, de tal manera que un proyecto se discutiría en la primera parte y el otro en la segunda.
“Si nosotros no desconvocamos crimen organizado, tendrían que discutir crimen organizado de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cuándo van a trabajar sobre la ley 4-3?”, cuestionó el mandatario.
Supuesto vicio de procedimiento
La segunda versión del gobernante es que desconvocaron el expediente 23.090, sobre crimen organizado, por un supuesto tema técnico, para evitar vicios constitucionales en el trámite legislativo que puedan traerse abajo la iniciativa en etapa de consulta ante la Sala IV.
Chaves cedió la explicación de este punto a Freddy Morera, viceministro de la Presidencia.
Morera alegó que, como los diputados aprobaron la vía rápida para ambos proyectos, ese mecanismo impide el avance de un expediente si el otro no está en agenda.
No obstante, no hay ningún impedimento en el trámite expedito para que el expediente contra el crimen organizado siga su avance, sin necesidad del otro.
De hecho, la resolución de la Presidencia legislativa leída por Rodrigo Arias, el lunes pasado, preveía el escenario de que una de las dos iniciativas tuviera que frenarse y que la otra pudiera seguir adelante su trámite.
“Si por algún motivo de los previstos en el Reglamento, uno de los expedientes no pueden conocerse en alguna sesión, al otro expediente se le aplicará todo el tiempo efectivo del que dispone el procedimiento abreviado para este trámite, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias”, dice el punto 12 de la resolución de Arias.
Adicionalmente, el artículo 200 del reglamento legislativo faculta al plenario, con una votación de 38 votos, a suspender o modificar el horario de las sesiones extraordinarias que prevé la vía rápida.
La norma ordena que si se suspenden las sesiones extraordinarias que hay en días hábiles (de lunes a jueves), de todas formas se tienen que realizar al menos tres sesiones extraordinarias, y ordena que se habilitan días inhábiles para realizarlas. Es un mandato reglamentario, no una opción.
De esa forma, si una votación de 38 diputados suspendiera las sesiones que ya estaban previstas para lunes, martes, miércoles y jueves, para dar espacio a las mesas de trabajo sobre jornadas, es obligatorio que el plenario se reúna de viernes a domingo para cumplir con las tres sesiones extra.
Además, la vía rápida ordena que las sesiones ordinarias de la tarde no finalicen antes de las 7 p. m., por lo que si se suspendieran las sesiones extra de la mañana, igualmente se tendría habilitado un amplio espacio para la discusión del 23.090 por la tarde.
Morera sostuvo, sin embargo, que continuar con la discusión del plan de crimen organizado podría viciar su procedimiento. Aseguró que las críticas de los diputados en contra del Gobierno no son justas.
“No se vale decir que por un retraso de una semana digan que el Poder Ejecutivo está jugando de afectar la seguridad nacional y muchísimo menos contribuyendo en uno u otro sentido, cuando el proyecto tuvo un espacio de al menos tres meses durante las sesiones ordinarias para poder avanzar”, sostuvo el viceministro de asuntos legislativos.
Agregó que “podemos explicar que esto tiene que ver con razones no solamente de oportunidad y conveniencia política, sino también de procedimiento”.