Silvia Artavia. 17 febrero
Ana Lorena Castillo (izquierda) es una jefa de hogar quien vive con sus dos hijas y su madre, María Ana Castillo, en San Jerónimo de Naranjo. Su familia es beneficiaria de ayudas estatales. Foto: John Durán.
Ana Lorena Castillo (izquierda) es una jefa de hogar quien vive con sus dos hijas y su madre, María Ana Castillo, en San Jerónimo de Naranjo. Su familia es beneficiaria de ayudas estatales. Foto: John Durán.

Mientras unas instituciones de ayuda social gastan casi el 100% de los recursos destinados a combatir la pobreza y aún así les falta dinero, otras entidades utilizan menos del 60%, con el inconveniente de que el dinero sobrante de unas no puede ser transferido a los programas más urgidos de ingresos. La normativa no lo permite.

La Ley de Desarrollo y Asignaciones Familiares (número 5662), principal instrumento de inversión en política social del país, les asigna partidas específicas a cada uno de los programas de atención de personas en pobreza.

Sin embargo, la distribución es demasiado rígida. La legislación distribuye los ¢668.000 millones del Fodesaf con base en porcentajes, sin tomar en cuenta la necesidad real de dinero de cada institución y sin considerar el porcentaje histórico de ejecución de cada una.

Así, por ejemplo, mientras el Régimen No Contributivo (RNC) de Pensiones de la CCSS ejecutó más del 95% de los recursos destinados a jubilaciones para adultos mayores en pobreza, en el 2018, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) solo gastó el 59% del dinero disponible para bonos de vivienda.

Eso significa que el Banhvi no utilizó más de ¢47.000 millones provenientes del Fodesaf ese año.

“Hay programas en los cuales atender a la población se vuelve difícil en razón de que los recursos se quedan cortos, pero hay otros programas que no ejecutan toda la asignación que, por ley, se realiza”, afirmó Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Un muestreo elaborado con datos parciales suministrados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), indican que, de 17 programas estatales de ayuda social que recibieron dinero de Fodesaf, solo cinco ejecutaron más de un 90% de los recursos, en promedio, entre el 2016 y el 2018.

Otras seis ejecutaron entre un 70% y un 90%, mientras que seis, entre un 24% y un 70%.

¿Qué pasa con el dinero que no utilizan? Se queda en sus superávits y se reincorpora a su presupuesto del año siguiente.

Los programas que mejor gestionaron los recursos son el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el RNC de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Le siguen el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

En el otro extremo, con ejecuciones inferiores al 70%, están el Banhvi, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder).

Proyecto busca flexibilizar ley

El Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permitiría redistribuir más eficientemente el dinero del Fodesaf.

La idea es que esos fondos, en lugar de estar sujetos a destinos específicos, puedan invertirse según el nivel de demanda de los programas de ayuda social.

El texto de la iniciativa llama la atención con respecto a “la necesidad de que los nuevos recursos que se asignen a la lucha contra la pobreza sean dirigidos donde más personas lo necesiten”.

Un artículo del plan establecería que los recursos del Fodesaf no estarán sujetos a los destinos específicos de la actual ley 5662. La idea es que sean utilizados "en razón de la capacidad de ejecución que tiene, específicamente, cada institución y cada programa”, comentó Bermúdez.

El proyecto, además, establece que se agreguen al presupuesto de combate a la pobreza los ¢12.200 millones anuales de ahorro que generará la más reciente reforma a las pensiones de lujo.

Radiografía de la pobreza y ayuda social

DESIGUALDAD EN CIFRAS

FUENTE: IMAS E INEC.    || c.f. / LA NACIÓN.

Ayuda a personas mayores y con discapacidad

Bermúdez aseguró que esos ¢12.200 millones se destinarán a programas dirigidos a la niñez, a las transferencias monetarias para mantener a los estudiantes en el sistema educativo y al cuido y desarrollo infantil, así como a la atención de necesidades básicas de las familias.

Algunos de esos programas son las becas de Avancemos, para colegiales; las de Crecemos, para escolares; el Consejo de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad (Conapdis).

Aunque 13.900 adultos mayores pobres son auxiliados por medio de la red de cuido, administrada por el Conapam, cerca de 7.000 están en lista de espera.

En tanto, de las 81.920 personas con discapacidad que hay en el país, menos de 3.700 reciben ayuda del Estado, mientras que 78.000 están desprotegidas.

Según el jerarca, la distribución final del dinero está sujeta a un trabajo técnico que realizan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –al cual se adscribe Fodesaf– y el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Bermúdez afirmó que ese dinero permitirá cubrir una parte de las 45.000 familias en pobreza extrema que hoy no cuentan con ninguna ayuda estatal, según el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Según esa herramienta, 117.000 hogares en pobreza extrema sí cuentan con apoyo de alguno de los programas de protección y promoción social.

En Costa Rica, el 21% de la población es pobre, lo que equivale a 336.000 hogares, según el Instituto Costarricense de Estadística y Censo (INEC) del 2019.

Los porqués de las subejecuciones

El ministro Juan Luis Bermúdez argumentó que, pese a que algunas instituciones tienen una muy buena ejecución, no pueden llegar al 100% por tres razones.

Una de esas razones, dijo Bermúdez, es que algunos de los programas están sujetos a una demanda variable incierta; por ejemplo, la atención de emergencias en el IMAS.

Otra de las explicaciones dadas por el jerarca es que algunos de los programas contemplan pagos que se concretan hasta el año siguiente, como superávit asignado y comprometido, según la naturaleza del rubro de gasto.

Una tercera explicación, prosiguió Bermúdez, es que algunos recursos asignados a las instituciones al finalizar el ejercicio económico no permiten su ejecución en los últimos meses, e incluso semanas, del año.