Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la Casa Blanca ha buscado imponer sanciones a los oligarcas rusos con influencia sobre el Gobierno dirigido por Vladimir Putin, al considerar que gran parte del problema radica en la cleptocracia que se ha instalado en Rusia.
La cleptocracia es la infiltración de capital privado en los regímenes autoritarios, cuyos miembros se involucran en prácticas corruptas con el fin de enriquecerse y mantener el apoyo político a través de redes de patrocinio. Según el Gobierno estadounidense, en los últimos años este fenómeno se ha vuelto cada vez más evidente en Rusia.
James Walsh, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de los EE. UU., afirmó que Washington trabaja con países de todo el mundo para hacer que el Kremlin rinda cuentas, imponiendo sanciones y tomando medidas para aislar aún más a Rusia.
“Como hemos visto en Rusia y en otros lugares, la corrupción permite todas las formas de criminalidad, particularmente el crimen transnacional. Y la corrupción impide la inversión, sofoca el crecimiento económico, obstaculiza los servicios gubernamentales y permite que florezca la criminalidad.
“Las acciones de Rusia en Ucrania han renovado la urgencia de nuestros esfuerzos colectivos contra la corrupción, y debemos continuar tomando medidas serias para abordar la corrupción y mitigar las oportunidades para que arraigue. El gobierno de EE. UU. está trabajando con aliados y socios en todo el mundo para descubrir la corrupción rusa y responsabilizar a las personas”, precisó Walsh.
La Casa Blanca creó grupos de trabajo estadounidenses e internacionales para rastrear los activos de oligarcas rusos o cleptócratas.
“Nuestros pasos para combatir la cleptocracia de Putin y sus facilitadores son solo un ejemplo de los esfuerzos de la administración para abordar la corrupción”, agregó el experto.
Este fue uno de los temas tratados en el programa Los esfuerzos norteamericanos contra la corrupción, en el cual participó La Nación. El seminario estuvo organizado por el Departamento de Estado de EE. UU., entre los meses de marzo y abril del 2021, y contó con voces de expertos estadounidenses en la materia.
El foro también contó con la participación de Joshua Mater, coordinador de sanciones de la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Departamento de Estado, quien argumentó que, si bien las sanciones financieras contra Rusia son una herramienta clave disponible para el gobierno de EE. UU., no son la única sanción disponible.
“Hay ocasiones en las que implantar una sanción económica o financiera no es procedente. En segundo lugar, creo que nos esforzamos por apuntar a personas que operan en todos los niveles de responsabilidad, enfocándonos en aquellos que participan directamente en actos corruptos tanto como en los líderes o funcionarios de entidades cuyos miembros participan en dicha actividad”, dijo.
Nuevas leyes, sanciones para comportamientos que no pueden ser sentenciados por tribunales penales, sistemas internacionales y regulaciones para rastrear fondos ilícitos son parte de las acciones que el gobierno del presidente Joe Biden ha intensificado ante la guerra entre Rusia y Ucrania, pues expertos sostienen que los oligarcas rusos buscan burlar los sistemas.