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El régimen de Nicolás Maduro puso a disposición de sindicalistas, organizaciones sociales y cooperativas el edificio propiedad del Gobierno de Venezuela, ubicado en Los Yoses, Montes de Oca, que funcionaba como residencia del embajador en Costa Rica.
La administración chavista tomó esa decisión después de que el gobierno de Carlos Alvarado les solicitara salir del país a los diplomáticos de Maduro, en vista de que el Estado costarricense reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país suramericano y a su embajadora como la legítima representante de Venezuela.
La propiedad de 4.400 metros cuadrados se ubica frente a la Embajada, la cual sí está ocupada por María Faría, enviada de Guaidó.
La embajadora venezolana inició gestiones ante la Cancillería costarricense para poder acceder al edificio que operaba como residencia del embajador y establecer allí la sede consular, pues el edificio en el que opera actualmente era alquilado y hoy se lo presta el dueño.
Según el exdiputado costarricense Álvaro Montero Mejía, quien dice ser el responsable de lo que era la residencia del embajador, esta casa será transformada en el “centro cultural Simón Bolívar”.
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El político confirmó que varios activistas afines al régimen chavista, con el cual él simpatiza, resguardan la propiedad, entre ellos “amigos, organizaciones sociales y políticas”, además de que él va frecuentemente a la casa.
Sobre las posibles gestiones de Faría para acceder al inmueble, el exdiputado indicó que “Costa Rica no tiene la atribución para decir qué es del Estado de Venezuela”.
Montero, diputado por la coalición de izquierda Pueblo Unido entre 1983 y 1986, asegura que fue autorizado por Norma Borges, diplomática de Maduro, para mantenerse en la vivienda.
Borges nunca fue reconocida por las autoridades costarricenses como diplomática en Costa Rica, aunque en la antigua misión se le conociera como la embajadora.
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“Ella (Borges) me pidió que hiciera una casa de la cultura", dijo el exdiputado Montero. “El proyecto no ha caminado porque pedí al gobierno de Venezuela claridad con el propósito de ese bien”.
Semanas atrás, en la fachada de la vivienda se colocó un rótulo que indica “Centro Cultural Simón Bolívar”. Montero asegura que está a la espera de un aval del gobierno de Maduro.
Añadió que, hace un mes, le envió una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, para comentarle sobre sus planes, pero no ha recibido respuesta.
A finales de abril, Montero declaró a La Nación en una entrevista anterior que la propiedad fue traspasada a su nombre.
No obstante, de acuerdo con una certificación del Registro Nacional enviada a María Faría, la propiedad se mantiene a nombre del Gobierno de la República de Venezuela.
Montero aseguró que él mismo solicitó a las autoridades venezolanas no traspasar el inmueble a su nombre, sino que se le concediera la potestad para hacer la transformación que está en marcha.
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El 3 de mayo, el Registro Nacional informó de que “no consta en el historial" documento alguno de traspaso sobre esa propiedad.
Celso Gamboa, abogado del régimen de Maduro en Costa Rica, dijo a este medio que lo que se hizo fue un “traspaso de posesión” a Montero, trámite que no requiere de inscripción ante el Registro Nacional.
“La posesión no se inscribe, los derechos posesorios se trasmiten mediante escritura pública. No requiere ni exige inscripción registral. Venezuela no le regaló nada a Álvaro (Montero), le traspasó la posesión que es protegida por la legislación costarricense”, indicó el exmagistrado.
Sin embargo, Montero aseguró que desconoce dicho traspaso, e indicó que consultaría con la notaria a cargo del proceso, la cual fue identificada por Gamboa como Blanca Bustos.
