Hace seis semanas, María Faría, la embajadora del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, logró ingresar a la embajada de su país en San José con el propósito de resguardar los registros consulares de sus coterráneos en Costa Rica tras la salida de los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro.
Sí encontraron la información, asegura Faría, y ese es casi el único activo que lograron recuperar en el edificio que alquilaban las autoridades anteriores en Los Yoses, el cual ya presentaba signos de deterioro.
Además de varias fotografías del fallecido Hugo Chávez, la enviada de Guaidó encontró un retrato de Simón Bolívar, unas cuantas mesas y computadoras.
Después de eso, no había mucho más que una caja de seguridad vacía, donde ella supone se guardaban los pasaportes que varios venezolanos pidieron tiempo atrás y por los cuales pagaron entre $50 y $300 en efectivo. Pero no estaban; lo mismo que los vehículos que están registrados a nombre del gobierno de Venezuela.
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A partir de allí, la delegación de Guaidó abrió las puertas a los venezolanos para atender sus necesidades hasta donde les sea posible, pues no existe comunicación con el régimen de Maduro y, por lo tanto, no es posible otorgar nuevos pasaportes o prorrogar los actuales.
La embajada opera sin dinero, con funcionarios que donan su tiempo y sin comunicación con la autoridad migratoria de Venezuela. El propietario del inmueble decidió prestarles la propiedad.
Es por eso que los servicios consulares se limitan validar antecedentes penales y a hacer el registro consular, un requisito que solicitan las autoridades costarricenses para la solicitud de residencia.
De acuerdo con Faría, ese registro consular también les permite consolidar un padrón electoral, para cuando Venezuela logre de nuevo un proceso de elecciones presidenciales.
El 15 de febrero, los diplomáticos del régimen de Maduro recibieron una solicitud del gobierno de Costa Rica para que abandonaran la embajada en un plazo de dos meses, en vista de que San José decidió no reconocer el segundo mandato de Maduro desde el pasado 10 de enero.
Esos diplomáticos, Nabil Mora, Nelly Gliset de la Mata y Angélica Ramírez, dejaron de dar los servicios consulares desde el 21 de febrero, cuando Faría, en acuerdo con el propietario del inmueble, ingresó a la sede consular para hacer una auditoría, aunque tuvo que dejarla al día siguiente por solicitud de la Cancillería costarricense que le exigía respetar el plazo de 60 días otorgado.
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Sin embargo, desde entonces, los venezolanos se quedaron sin la atención consular porque el propietario del inmueble les impidió a los enviados de Maduro ingresar de nuevo alegando que le debían varios meses de alquiler.
Hoy, durante cuatro horas al día, los voluntarios reciben a unos 70 venezolanos; la mayoría nunca se había acercado a la sede consular porque, según dijeron varios a La Nación, se sentían intimidados o no tenían el dinero suficiente para hacer los trámites.
También, denunciaron que les ponían muchos obstáculos para la validación de sus documentos. “El sistema estaba creado para no atendernos”, denunció un ciudadano venezolano que se acercó a la embajada, el viernes anterior.
“Casi todos tienen sus pasaportes vencidos”, aseguró la embajadora, quien afirma que las autoridades venezolanos del régimen de Maduro cobran hasta $1.500 por el documento en Venezuela. En Costa Rica, según dijo, los diplomáticos anteriores les cobraban hasta $300 en efectivo por un pasaporte y sin ningún comprobante para reclamar.
Sobre la propiedad, Faría aseguró que la encontró en mal estado.
La deuda con el propietario se mantiene, pero las autoridades de Guaidó llegaron a un acuerdo con él para que la sede consular pudiera estar allí, mientras Faría intenta recuperar la casa propiedad del gobierno de Venezuela que se encuentra a unos metros y está ocupada por activistas afines al régimen de Maduro y que fue traspasada a un exdiputado costarricense.
Guía migratoria
De la mano del gobierno de Costa Rica, la embajadora realiza cada viernes lo que llama “jornadas” informativas para guiar a los venezolanos en los trámites que requieren para quedarse o trabajar en el país.
En estas sesiones, participa la Alianza Vencer, presidida por Faría, y al menos un funcionario de Migración y Extranjería de Costa Rica.
Actualmente, los venezolanos, imposibilitados para conseguir un pasaporte nuevo, tienen que permanecer en el país bajo una condición irregular porque el gobierno de Costa Rica no les reconoce sus pasaportes vencidos.
Eso les impide, por ejemplo, solicitar su residencia o un permiso de trabajo.
De acuerdo con datos de Migración y Extranjería, en lo que va del año unas 1.000 personas solicitaron refugio y un poco más recibió alguna condición de permanencia en el país.
Sin embargo, el ingreso de venezolanos es mayor; en 2018 ingresaron al país unos 33.000 personas de ese país, mientras que los egresos son de unos 28.000.
Sin trabajar
En una visita de este medio a la embajada el viernes anterior, La Nación conversó con algunos venezolanos con trabas para poder permanecer o trabajar en el país.
Es el caso de María de los Ángeles Berrios, una médica anestesióloga que salió embarazada de su país y actualmente no tiene los recursos suficientes para mantenerse con su bebé porque no puede ejercer profesionalmente en Costa Rica.
Jesús Rodríguez tampoco ha podido trabajar en la formalidad, pues para ello requiere registrarse en el consulado, trámite que efectuó hasta la semana anterior, aunque ya tiene un año en Costa Rica.