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Los diputados cocinan un proyecto de ley para librar a los partidos políticos de la dependencia de los créditos bancarios y las donaciones, como únicos mecanismos para financiar sus campañas electorales.
Mediante una reforma al artículo 96 de la Constitución Política, los legisladores pretenden que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cancele con recursos de la deuda política, las cuentas por pagar que asumieron las agrupaciones con proveedores de bienes y servicios, sin necesidad de haber hecho un desembolso previo.
Esa sería una de tres alternativas que tendrían los grupos políticos para acceder a los fondos de la contribución estatal.
En esa propuesta de ley también se mantiene el sistema de comprobación de gastos actual, el cual establece que antes cada partido debe conseguir los recursos con que financiará el proselitismo para luego efectuar el gasto y así obtener el reembolso por parte del TSE, después de una fiscalización .
Además, se le daría a las agrupaciones la posibilidad de obtener anticipos con solo presentar un presupuesto y que este sea avalado por el TSE.
Esta tercera opción solo sería viable para acceder a los fondos de la reserva para gastos de organización, capacitación y operación permanente del grupo político, no para financiar gastos de campaña electoral.
La iniciativa es impulsada por el presidente del Congreso y precandidato de Liberación Nacional (PLN), Antonio Álvarez Desanti, y cuenta con el respaldo de diputados de la mayoría de las fracciones que conforman la Asamblea Legislativa.
Al mismo tiempo, fue consultada a los magistrados del TSE, quienes visualizan con “optimismo” la reforma.
“Vemos positivo el hecho de que puedan justificar cuentas por pagar y no solamente gastos efectivamente hechos. Un efecto práctico que podría tener eso es que le quitaría mucho sentido a los certificados de deuda política porque usted puede, entonces, asumir compromisos y pagarlos sobre la base de la contribución del Estado. Como usted sabe, en el Tribunal nunca hemos sido muy amigos de los bonos porque nos parece un mecanismo opaco y porque genera mucha iniquidad”, dijo Gustavo Román, asesor de la Gestión Política del Tribunal.
Álvarez explicó que será el Tribunal el encargado de definir, mediante una fiscalización previa, cuáles cuentas por pagar se cancelarían y que este mecanismo solo podría ser utilizado para honrar grandes gastos.
“No son cuentas por pagar de un taxista que dio el carro en la campaña. Cuando hablamos de cuentas por pagar nos referimos a proveedores grandes que los partidos ocupan por camisetas, vallas, publicidad o casas encuestadoras, pero, además, tienen que ser registradas previamente ante el Tribunal, conforme se van adquiriendo”, declaró el legislador verdiblanco.
Bimensuales. Otro de los cambios que establecería la reforma es que el remanente del porcentaje de la deuda política que obtuvo el partido y que no pudo liquidar después de la campaña, en su totalidad irá a una reserva para gastos de organización, capacitación y operación permanente del grupo, es decir, que ya no perderían una porción de esa suma, como ocurre ahora.
Además, la liquidación de los gastos de esa reserva sería cada dos meses y no tres, como está estipulado en la actualidad.
Según Gustavo Román, los partidos no pueden acceder a esos recursos en un solo tracto, en un solo bimestre, sino que ese dinero se debe ir gastando paulatinamente para evitar que haya un despilfarro o un mal uso de los mismos.
“Ese remanente se divide entre todos los bimestres de aquí a la próxima elección, de modo que se prorratea esa cantidad, si en las comprobaciones posteriores a ese giro de ese dinero, el Tribunal identifica que no se está cumpliendo con el presupuesto avalado, contra el cual se dio ese anticipo, el TSE podría cerrar ese grifo”, declaró el funcionario del órgano electoral.
Para el 2018. La reforma se discute en la Comisión Especial de Reformas del Estado, con la intención de que se apruebe a la brevedad posible para que entre a regir en los comicios del 2018.
Sin embargo, como se trata de una reforma constitucional, el camino se torna complicado en cuanto a tiempo, pues esta enmienda necesita cinco debates –tres más de lo usual–, dos de ellos tienen que ser en una legislatura (año parlamentario) y para que se puedan dar los otros tres debates en la siguiente legislatura, se requiere que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, la mencione en su discurso del 2 de mayo del 2017.
Aunado a ello, el Congreso debe aprobar una reforma al Código Electoral para establecer las nuevas reglas de fiscalización y el marco sancionatorio, de lo contrario, la reforma a la Constitución no puede entrar en vigencia, de acuerdo con un transitorio incluido en la iniciativa.
