La reforma fiscal llevó el gasto estatal en salarios para los empleados públicos al punto más bajo, como porcentaje del producto interno bruto (PIB), desde el año 2015.
Para este año, el Estado presupuestó ejecutar ¢6,53 billones en la partida de remuneraciones, lo que representa un 14% de la producción nacional.
Esto contrasta con el 17% que se destinó a salarios públicos en el año 2015, por ejemplo. O bien, al 16% que se consumió en 2017 y 2018.
De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), la merma en el gasto salarial es principalmente un beneficio heredado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que redujo incentivos como la dedicación exclusiva y las anualidades.
Ahora, la entidad advierte que se requiere de la implementación estricta de la Ley Marco de Empleo Público para alcanzar la sostenibilidad necesaria.
“A lo largo del periodo 2015-2023 se observa una sostenida tendencia decreciente en el gasto en remuneraciones como porcentaje del PIB alcanzando en 2023 un mínimo del 14%, que incorpora el efecto de diversas medidas implementadas para controlar el crecimiento de esta variable, como las incorporadas en la Ley 9.635″, señaló la Contraloría.
La única excepción en la tendencia de disminución del gasto público en salarios sucedió en el año 2020, con el impacto de la pandemia de coronavirus.
En ese periodo, la producción nacional cayó de forma importante por las medidas sanitarias; las remuneraciones de empleados públicos, en cambio, se mantuvieron.
Ese fenómeno provocó que el indicador ascendiera al 16,4%. Luego comenzó a descender nuevamente.
Los cambios de la reforma fiscal
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea Legislativa durante el primer año del gobierno de Carlos Alvarado, incorporó importantes cambios a las relaciones laborales de los empleados públicos.
En primer lugar, todos los incentivos salariales pasaron de ser un porcentaje del salario total de los trabajadores a montos fijos. Dicha modificación aplicó para empleados antiguos y nuevos.
Eso provocó que los pluses dejaran de crecer de forma exponencial.
La misma determinación se tomó con las anualidades, uno de los rubros que crecía con mayor rapidez en el gasto público. Además, se incorporó una evaluación para entregar el incentivo solo a los trabajadores con calificación “muy buena”; antes era de “buena” en adelante.
Por otra parte, a los empleados que entraron a la función pública de forma posterior a la aprobación de la reforma, se les empezó a reconocer un 25% de dedicación exclusiva si son licenciados, y un 15% si son bachilleres. Antes el beneficio era de 55% y 20%.
Además, el reconocimiento por prohibición pasó de un 65% a 30% para licenciados y de un 30% a 15% para bachilleres.
Producto de la regla fiscal, norma que también está incorporada en esta legislación, los salarios no recibirán ajustes salariales superiores al costo de vida hasta el año 2025.
Lo anterior se debe a que, desde el 2020, la deuda del Gobierno Central superó el 60% del producto interno bruto y activó el escenario más rígido de la regla para contener el gasto público.
Además de la reforma fiscal, también contribuyó en la baja del gasto público en remuneraciones como porcentaje del PIB la Ley 9.908, que eliminó el pago de las anualidades para los periodos 2020-2021 y 2021-2022, producto de los efectos fiscales ocasionados por la pandemia.
No obstante, los efectos de esa ley transitoria culminaron para este año.
Ley marco de empleo público
Si bien la partida de remuneraciones tiene una tendencia a la baja, esta “continua siendo la de mayor relevancia en el presupuesto desde hace más de una década”. Representa un 21,4% en los presupuestos públicos para este año.
“Adicionalmente, se registra un crecimiento de 3,1% en el total de remuneraciones asignado en 2023, respecto al presupuesto inicial de 2022. Este incremento es superior en 0,9 puntos a la variación promedio del periodo 2016-2021 en esta partida”, advirtió el órgano contralor.
Por ese motivo, la Contraloría consideró primordial que el Gobierno implemente de forma adecuada la Ley Marco de Empleo Público, para seguir disminuyendo su peso en el Presupuesto Nacional.
De acuerdo con la institución, un 38% de los ingresos proyectados en el Presupuesto Nacional, se consumen en cubrir salarios de funcionarios del Gobierno Central. A criterio de la Contraloría General de la República, esa cifra continúa siendo muy importante.
“La Ley Marco de Empleo Público puede contribuir a simplificar el sistema de remuneraciones, mejorar la gestión del talento humano y promover un gasto salarial fiscalmente sostenible con el propósito de favorecer la eficiencia y la eficacia en la prestación de bienes y servicios públicos”, resaltó el órgano.
La nueva legislación, aprobada por el Congreso en el último año de la administración de Alvarado, incorpora el salario global y elimina el salario compuesto por sueldo base más pluses.
El salario global es obligatorio para todas las nuevas contrataciones de funcionarios públicos; en cuanto a los servidores actuales, estos serán trasladados paulatinamente a ese esquema.
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Quienes devenguen un salario mayor al que les correspondería en su categoría de salario global, verán congelados los incrementos tanto en la base como en los incentivos, incluidas las anualidades.
Una vez que el monto del salario global de cada categoría alcance el salario de estos servidores, serán trasladados de manera automática, al mes siguiente, al nuevo esquema.
A ningún funcionario actual se le rebajaría el salario. Sí recibirían aumentos por costo de vida en el caso de que la deuda pública baje del 60% del producto interno bruto (PIB) y se flexibilice la aplicación de la regla fiscal.
En tanto, quienes devenguen un salario menor al del salario global, continuarán recibiendo su misma remuneración y podrán recibir los incrementos por anualidades.
Este es un monto extra que los funcionarios actuales perciben por cada año laborado en el esquema de salario compuesto.
