Desde el 22 de febrero, en una reunión de la bancada, la mayoría de los legisladores socialcristianos dejaron ver que, entre ellos, el expediente 21.336 no tendría respaldo, pese a que el PUSC pasó tres años exigiéndole al Gobierno reformas estructurales, como la del empleo público.

Este lunes, Peña y Abarca declararon que la Unidad no dará sus votos porque la Comisión de Gobierno se negó a aprobar aumentos salariales inmediatos para unos 28.800 funcionarios públicos cuya remuneración quede por debajo del futuro salario global de su categoría.

Haber aprobado ese incremento automático habría implicado un gasto de ¢32.000 millones anuales para los contribuyentes, y le restaría fuerza al ahorro que el proyecto pretende generar.

Abarca adujo que la Unidad ha sido contundente en el espíritu sobre la reforma al empleo público y exige que “se sostenga constitucionalmente y que sirva”.

Insistió en que votará en contra si no se le otorgan aumentos salariales inmediatos al grupo de 28.800 funcionarios.

“No hay ninguna excusa, es la realidad. Ya veremos en la Sala IV cuando se resuelva. Yo conozco el efecto que pueda tener cuando se pierdan los litigios (de funcionarios contra el Estado); el tiempo es el mejor juez”, afirmó.

Por su parte, el jefe de fracción agregó: “Yo no voy aprobar absolutamente nada de lo que no estoy claro y consciente, solo porque un grupo mayoritario dice que lo resuelva la Sala”.

Además, manifestó que no tenía por qué decir quiénes son los expertos que le aseguran que existen inconstitucionalidades en el proyecto.

“No puede haber una disparidad de salarios”, insistió.

Más temprano, había dicho, en la Comisión de Gobierno, que se pueden usar dineros del Sistema de Banca para el Desarrollo o del financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar un aumento salarial inmediato a los empleados que quedarían por debajo del salario global.

‘Una excusa de varias’

El PUSC también se opone a votar la reforma porque las empresas públicas en competencia fueron excluidas de la regulación del proyecto, salvo en el tema de convenciones colectivas, al argumentar que el plan debe aplicar para todo el Estado.

En declaraciones a La Nación, el jefe de la Unidad dijo que la exclusión de las empresas públicas no es la única excusa, sino “una de varias”.

Adujo que la propuesta tiene inconsistencias, inconstitucionalidades e injusticias. Dijo que el salario global es una inconsistencia y alegó que el proyecto se va a caer en la Sala Constitucional.

El diputado Pablo Abarca también había adelantado que ya no daría su voto al proyecto, después de aprobarse una moción que dejó a las universidades públicas fuera del ámbito de aplicación del proyecto, en muchos de sus aspectos.

Por su parte, Pedro Muñoz, ahora precandidato de la Unidad, se acercó a grupos gremiales con los que trabajó una propuesta diferente de empleo público.

Las diversas excusas generarían que siete de los nueve socialcristianos voten en contra de la iniciativa para la regulación del empleo público en el país.

Ellos son Pedro Muñoz, María Inés Solís (jefa de campaña de Muñoz), Rodolfo Peña, Shirley Díaz, Pablo Abarca, Aracelly Salas y Óscar Cascante.

Se veía venir

En una reunión de la fracción, el lunes 22 de febrero, antes de que se iniciara el trámite del segundo y último paquete de mociones de fondo, varios diputados anunciaron su posición negativa.

Así lo recuerda la diputada socialcristiana María Vita Monge: “Sí, hubo algunos compañeros que dijeron que su posición está en contra del plan de empleo público”.

Agregó que, ese día, se tomó la decisión de dejar por la libre la posición de cada uno. “No se puede decir que vayamos en bloque. A veces es complicadillo en la fracción nuestra ponernos de acuerdo”, acotó.

Monge no recuerda cuántos diputados específicamente plantearon esa posición, pero sí tiene claro que esa reunión fue antes de que se empezaran a votar las 476 mociones que este martes terminaron de ser discutidas en la Comisión de Gobierno.

Por su parte, el diputado socialcristiano Óscar Cascante aseguró que, como está el proyecto en este momento, él no lo votaría. También, manifestó que es la mayoría del PUSC la que está en contra del proyecto.

“No cumple con lo que realmente se necesita, un reajuste como el de una familia cuando el gasto se eleva sobre los ingresos. No incluir a todos los sectores deja el plan muy débil, esperaría un proyecto más integral en la inversión de los recursos”, apuntó.

Cascante dijo que no se ha tomado un acuerdo de fracción, pero que hay cuatro o cinco que no están de acuerdo con este texto. “Posiblemente otro texto sí lo votaríamos”, agregó.

Frente a esas posiciones internas del PUSC contra la reforma, el diputado Erwen Masís afirmó que se deben tomar decisiones “muy responsables” y enfatizó que los congresistas no se pueden dejar llevar por ningún otro objetivo.

“Debemos tomar decisiones que mejoren la condición económica del país”, indicó.

Masís alegó que el plan de empleo público es un “proyecto difícil para el país” y dijo que, si bien en buenas condiciones económicas no sería necesario estrujar a ningún sector, se debe lograr un texto equilibrado y que le ayude al país a salir adelante, tratando de no causar un perjuicio a nadie.

“Hay posiciones encontradas en la fracción. Yo lo que esperaría es congruencia. La Unidad, como partido, históricamente ha sido muy atinado en cada gobierno y ha mejorado las finanzas del país. Ese legado hay que continuarlo y cuidarlo”, apuntó.

Se intentó conversar con la subjefa, Shirley Díaz, pero dijo que para ese tema, en lugar suyo hablaría Pablo Abarca, quien está completamente dedicado al expediente en esta etapa.