Un proyecto de ley propone sanciones hasta de cuatro años de cárcel para quien, mediante amenazas, intimidación o persecución, limite a una mujer que desempeñe un cargo político.

Así lo describe el Proyecto de Ley contra el Acoso y/o Violencia Política contra las Mujeres, una iniciativa que tiene más de un año en el Congreso.

La propuesta, bajo el expediente 20.308, fue presentada ante el Plenario Legislativo por seis diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) en marzo del 2017. Ellos fueron Maureen Clarke, Karla Prendas, Rolando González, Ronny Monge, Marta Arauz, Carlos Arguedas y Silvia Sánchez.

El texto ingresó a la Comisión de Asuntos de la Mujer el 16 de julio del año anterior. Desde entonces, permanece ahí sin avance.

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¿Qué es acoso político, según el proyecto?

“Es toda omisión, acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento, o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas en contra de las mujeres políticas con el propósito de acortar, suspender, limitar, impedir, manipular o restringir sus actividades políticas, tanto para participar como para el ejercicio de cargos, obligándola o induciéndola a que realice, en contra de su voluntad, una acción u omisión contraria al libre ejercicio de sus derechos políticos”, explica el texto del proyecto de ley.

Además de solicitar prisión de hasta cuatro años a quien ejerza acoso político, el texto propone sancionar con un máximo de dos años de cárcel a quien insulte, ridiculice, invisibilice o atemorice a una mujer en ese ámbito.

Una propuesta con historia

La iniciativa nació en el 2013 con el número de expediente 18.719. Sin embargo, fue archivada porque venció el plazo de cuatro años previsto para dar trámite a un proyecto de ley.

En aquella primera ocasión, fue presentado por la liberacionista Pilar Porras.

Posteriormente, en el 2017, la también verdiblanca Maureen Clarke lo volvió a introducir en la corriente legislativa, apoyada por otros compañeros de fracción.

“En principio, decían (algunos diputados y diputadas) que el término violencia política no existía”, comentó Clarke.

Particular coyuntura

Recientemente, la diputada Floria Segreda, del Partido Restauración Nacional (PRN), y la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, demandaron penalmente al legislador restauracionista Melvin Núñez.

Segreda presentó su denuncia ante la Fiscalía General de la República el martes 3 de julio, mientras que Hidalgo asistió a la misma instancia dos días después.

La legisladora del PRN interpuso la demanda por el supuesto delito de amenazas a un funcionario público.

Por su parte, la jerarca del Congreso y diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) prefirió no especificar las razones de su acusación.

“Mucha oposición”

Haydee Hernández, actual jefa de la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género del Congreso, comentó que el proyecto se enfoca en todas las mujeres que ejercen el derecho humano de participación política.

“Incluye a mujeres no solo de organismos políticos, sino las que se encuentran en cualquier estructura de toma de decisión, no solo mujeres en puestos designados, electos popularmente. Por ejemplo, las cooperativistas, que tanto han impulsado la paridad, las que luchan desde los sindicatos y desde las asociaciones. Incluye a todas las que luchamos por la igualdad y la equidad de género desde la participación”, explicó Hernández.

Según la funcionaria, el proyecto ha enfrentado gran oposición, porque impone sanciones penales y no solo administrativas.

Una de las congresistas de la gestión anterior que se opuso a este proyecto fue Emilia Molina, del PAC.

Según explicó la exlegisladora, ella considera necesario contar con una normativa que sancione a quienes ejerzan el acoso político. Sin embargo, no comparte que los castigos se apliquen por la vía penal. Más bien, opina, deberían ser administrativos.

“Si establecemos castigos contra la violencia política, pero penas que ya están establecidas en el Código Penal, los procesos van a ser sumamente lentos y se van a quedar ahí por muchos años. En cambio, las sanciones administrativas pueden resolverse más rápido”, aseguró Molina.

La exdiputada dijo que, para sancionar el acoso político, le parece apropiado que se conformen órganos como la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ese ente, conformado por especialistas –abogados, psicólogos, trabajadores sociales–, atiende las denuncias de los estudiantes y profesores y encauza los procesos.

“Me parece que un órgano de esa naturaleza podría ser viable y válido para escuchar y podrían plantearse sanciones administrativas como la suspensión o el despido del funcionario o la funcionaria que hace el acoso político. Tendríamos que ver cómo hacerlo desde los partidos, pero, en ese caso, estos podrían incluir, dentro de sus estatutos, sanciones para quienes cometan la falta. Por ejemplo, se les podría prohibir participar como candidatos en un proceso”, agregó Molina.

El Proyecto de Ley contra el Acoso y/o Violencia Política contra las Mujeres fue sometido a consulta ante distintas entidades: el Centro Feminista de Información y Acción, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de los Habitantes, el Foro Autónomo de Mujeres y el Foro de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

También fue estudiado por instituciones autónomas del Estado, como el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (UNA), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las municipalidades de todo el país, la Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Más integralidad

Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer y presidenta del Inamu, ve urgente contar con una ley de acoso político. No obstante, cree que el proyecto de ley actual debe someterse a cambios.

“A la luz de los recientes hechos de acoso contra varias compañeras legisladoras y que ponen en evidencia un contexto general de hostilidad hacia la participación de las mujeres en espacios políticos, considero necesario el diseño de medidas legales apropiadas y precisas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos políticos”, comentó la Ministra.

No obstante, dijo que la propuesta que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa no contiene las definiciones y herramientas jurídicas idóneas para combatir la violencia y el acoso políticos en sus distintas expresiones.

“En algunos casos se proponen sanciones incluso menores a las existentes para formas de agresión equivalentes, o limita restrictivamente algunas formas y eventuales víctimas en la que sucede la agresión. No solo en el escenario partidario-electoral las mujeres sufren de esta forma violencia”, indicó Mora.

Según la ministra, la iniciativa se limita a aspectos penales, cuando las soluciones al problema deberían ser integrales.