EscucharLa Contraloría General de la República ve con buenos ojos un proyecto de ley que obligaría a los diputados a consultar el criterio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) en la discusión de toda iniciativa legal que cree, modifique o cierre instituciones del sector público.
Esta propuesta, que se tramita bajo el expediente N.° 23.214, busca que la Asamblea Legislativa disponga del criterio técnico y jurídico del Mideplán para evitar duplicidades o falencias en el caso de planes de ley que busquen aumentar o disminuir el aparato estatal, así como fusionar instituciones.
Si bien el criterio del Ministerio no sería vinculante, el plan también le otorgaría a esta cartera la rectoría en la modernización y reforma de la Administración Pública.
“La CGR estima beneficiosa la propuesta de reforma, por cuanto la consulta al Ministerio de Planificación y Política Económica por parte de la Asamblea Legislativa, a fin de que rinda criterio técnico y jurídico de aquellos proyectos de ley que creen, modifiquen, fusionen o cierren instituciones del sector público costarricense, puede constituir un insumo importante que apoye la discusión legislativa y aporte en la articulación del aparato estatal garantizando un análisis de criterios mínimos”, indicó la CGR.
Los detalles
La iniciativa de ley, propuesta por Laura Fernández, jerarca del Mideplán, plantea una reforma al artículo 16 de la Ley de Planificación, para poder coadyuvar en la labor de los legisladores, por medio del apoyo técnico de Mideplán.
Durante la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), los legisladores crearon 14 instituciones públicas nuevas. Actualmente, el Estado supera las 300 instituciones, entre las que se encuentran ministerios y sus respectivos órganos adscritos.
Según el criterio del ente contralor, se debe promover la articulación de acciones que eviten la duplicidad en el ejercicio de funciones, las cuales generan desaprovechamiento de la hacienda pública.
Para esto, la Contraloría prevé que el plan generaría mejoras al diseño institucional, lo que permitiría, entre otras cosas, incrementar la seguridad jurídica, minimizar los costos de transacción de las actividades económicas, maximizar la eficiencia de la gestión pública, aumentar la transparencia y la participación ciudadana.
Según la exposición de motivos del proyecto, la “evidente fragmentación y pluralidad institucional” que posee el Estado costarricense dificulta la coordinación de acciones de política pública interinstitucionales y planificación estratégica con visión de largo plazo.
Al respecto, la CGR destacó la importancia de contar con un rector en modernización de la administración pública que tenga bajo su cargo esta responsabilidad, a fin de lograr un modelo integrado del diseño institucional de manera “ordenada, coherente, clara y estratégica”.
Por otra parte, el órgano contralor recomendó revisar el texto del proyecto porque, en la exposición de motivos, se refiere a proyectos de ley que creen, modifiquen, fusionen o cierren “instituciones del sector público costarricense”, pero en la propuesta de reforma al artículo 16 se indica en su párrafo tercero “órganos o entes menores de la administración”.
Su sugerencia es evaluar si dicho concepto efectivamente cubre o no la totalidad de instituciones del sector público, para garantizar congruencia entre la motivación y la reforma a la norma.
