EscucharLa Agencia Espacial Costarricense y la Agencia Nacional de Gobierno Digital son parte de las 14 instituciones públicas que la Asamblea Legislativa creó en solo cuatro años, del 2018 al 2022.
A la lista se unen la Academia Nacional de Policía, el Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, el Museo de Energías Limpias, la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, la Municipalidad de Monteverde y la Dirección de Drogas y Estupefacientes.
Asimismo, los anteriores diputados crearon la Municipalidad de Puerto Jiménez, el Centro Operación de Atención a la Violencia Intrafamiliar y la Violencia contra las Mujeres, al igual que el Colegio Profesional en Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica, la Junta de Fomento de la Pluriculturalidad Limonense y el Centro de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en Centroamérica.
Este dato sirvió de sustento a la contralora general de la República, Marta Acosta, para pedirle a los diputados que hagan una pausa para evitar que la estructura del Estado se vuelva más compleja de lo que ya es.
“Para impulsar un proceso de revisión dentro de un marco institucional tan amplio y tan diverso como el nuestro, una premisa básica consiste en evitar que se creen nuevas instituciones por un periodo de tiempo”, propuso la jerarca durante una comparecencia ante la comisión legislativa de Modernización y Reforma del Estado en la que abogó por eliminar la duplicidad de funciones.
Acosta, de hecho, planteó varios ejes de acción en donde considera que se pueden reducir los traslapes. Por ejemplo, sugirió revisar la estructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus consejos; señaló que aunque esa cartera tiene funciones similares de conservación vial que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), carece de un laboratorio de calidad.
En el sector agropecuario, urgió revisar la duplicidad de funciones y dispersión en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en cuanto al fomento de la producción, transferencia tecnológica y asistencia técnica. Y en materia de energía, señaló que la Contraloría ha detectado cuerpos normativos que dan atribuciones de forma desarticulada a diferentes actores como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresas municipales y cooperativas.
En el campo social, Acosta señaló la existencia de coincidencias en objetivos y poblaciones meta de programas de instituciones que atienden grupos vulnerables, en riesgo social y condición de pobreza como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
También señaló que la fragmentación de los regímenes de pensiones dificulta que haya una visión integral, lo cual genera consecuencias en términos de equidad, eficiencia y sostenibilidad. Por otra parte, sostuvo que existe dispersión en el otorgamiento de becas y préstamos para estudiar.
En el eje ambiental, la contralora apuntó que es “un sector que posee múltiples órganos desconcentrados” y en materia de planificación urbana cuestionó la dispersión de competencias en distintas entidades como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Planificación (Mideplán) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Manifestó que, sin ser un análisis exhaustivo, estos ejemplos “ilustran oportunidades para reducir duplicidades, superposición o traslape y fragmentación en las funciones de las instituciones públicas”.
Revisar órganos desconcentrados
En cuanto a los ministerios y sus órganos desconcentrados, la contralora sostuvo que se debe ir más allá de la integración de estas instituciones adscritas al Presupuesto Nacional, como lo ordenó la Ley 9524.
Señaló que los 18 ministerios cuentan con 67 órganos adscritos, lo cual duplica “funciones en áreas como proveeduría, asesoría legal, recursos humanos y auditoría internas”. Por ejemplo, mencionó que el MAG tiene cuatro dependencias adscritas, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) cuenta con 10 y el Ministerio de Cultura, 14.
A criterio de la jerarca, se debe pensar en los temas de personería jurídica de estos órganos, organización administrativa, gobierno corporativo y direccionamiento de las políticas públicas.
Por otra parte, también habló ante los diputados sobre la necesidad de impulsar la transformación digital, como parte de la modernización del diseño institucional del Estado. Comentó que el Índice de Transformación Digital elaborado por la CGR, detectó que 186 de 267 entidades públicas evaluadas tienen un nivel inicial básico en esa materia.
Una reforma en ese sentido, indicó Acosta, conllevaría una visión sistémica sobre procesos y estrategia, gobernanza digital con datos abiertos y un fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
“La transformación digital es una oportunidad para superar barreras estructurales que limitan la obtención de mayores niveles de eficiencia, eficacia y continuidad de los servicios.
“Según estimaciones de la CGR, podría representar ahorros, en un periodo de 6 años, de entre 2,8% y 3,3% del PIB (producto interno bruto) por sector institucional, y de hasta 8,5% a nivel nacional. Requiere legislación para fortalecer la gobernanza digital y la interoperabilidad, de forma que las instituciones puedan funcionar de forma integrada”, planteó Acosta.
