EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) señaló contradicciones en un proyecto de ley que propone el cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), así como el traslado de sus funciones y recursos a diferentes cuerpos policiales.
El plan para ponerle candado a esta oficina adscrita al Ministerio de la Presidencia es impulsado por la diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), y cuenta con el respaldo de los otros cinco legisladores de dicha agrupación.
Según la iniciativa, además de eliminar de la Ley General de Policía todo lo referente a la creación y regulación de la DIS, se trasladarían todas sus funciones al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, según corresponda.
El texto también plantea que las plazas, personal, bienes, equipos y activos que actualmente tiene a su cargo la Dirección serían trasladados a Seguridad Pública para que, con base en criterios técnicos, los asigne a los distintos cuerpos policiales.
Detalla que el personal sería reasignado según sus respectivas áreas de especialidad, siempre que se cumpla con los requisitos de idoneidad.
Como parte de una opinión jurídica no vinculante, la Procuraduría recomendó aclaraciones al texto. “Pareciera que existe una contradicción al asignarse los recursos a un órgano que no asumirá las funciones de la DIS, según la nueva redacción del artículo 4 que se propone en esta oportunidad”, señala.
Asimismo, la PGR destaca que el proyecto tampoco es claro en cuanto a quién y en qué momento se definirá cuáles plazas pasarán al Poder Judicial y cuáles al Ministerio de Seguridad Pública, especialmente considerando que las funciones serían asumidas por el OIJ.
Por otra parte, la iniciativa estipula que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial podrán realizar un convenio para el traslado de personal al OIJ, con el fin de fortalecer sus capacidades de investigación del crimen organizado.
En cuanto a los archivos y expedientes en poder de la DIS, indica que serían entregados a Seguridad Pública para que los remita a la Fiscalía en aquellos casos que impliquen investigaciones penales. Los documentos declarados como secreto de Estado quedarían bajo la custodia del ministerio.
Respecto al traslado de archivos, la PGR advierte que debe considerarse el artículo 16 de la Ley General de Policía, el cual establece la confidencialidad de los documentos que maneja la DIS y faculta a la Presidencia de la República a declarar informes y documentos como secretos de Estado.
Debido a lo anterior, el abogado del Estado recomendó aclarar qué sucederá con los documentos declarados secretos en caso de que se apruebe el proyecto promovido por el FA.
La Procuraduría concluye que la aprobación o no del plan se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, pero recomienda considerar sus observaciones.
Al respecto, la frenteamplista Priscilla Vindas sostuvo que la PGR les da la razón al señalar que la decisión de eliminar o no a la DIS es potestad de los diputados. Consideró que es vital destinar el presupuesto del órgano a los cuerpos policiales que luchan contra la inseguridad ciudadana.
Razones para cerrar la DIS
No es la primera vez que el FA presenta una iniciativa para cerrar la DIS. En 2008, el entonces diputado José Merino planteó una propuesta en ese sentido, y en 2011 la retomó José María Villalta con otro expediente. En 2014, el legislador José Antonio Ramírez hizo lo mismo, y Villalta introdujo un nuevo texto en 2022.
Los cuatro expedientes frenteamplistas fueron archivados en comisión.
La misma suerte corrieron otras tres iniciativas impulsadas por legisladores de otras agrupaciones. Una fue presentada en el 2009 por Alberto Salom, entonces congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC). Otto Guevara, del Movimiento Libertario (ML), hizo lo mismo en 2014 y 2021.
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El último proyecto para cerrar la DIS fue asignado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso y no ha sido convocado por el Gobierno en el actual periodo de sesiones extraordinarias.
Según la exposición de motivos de la iniciativa, una de las razones para eliminar dicha oficina es que se trata de un cuerpo policial que funciona sin ningún control democrático, sin rendir cuentas y con poco respeto al Estado democrático y social de derecho.
Añade que diversos sectores políticos y populares han denunciado durante años las actividades de espionaje y persecución de la DIS. Estas actividades, señala la justificación, no se realizan para defender la democracia, sino para perseguir a los opositores al gobierno de turno o a las personas críticas.
El texto señala que, en 2008, estalló un escándalo cuando el Ministerio Público y el OIJ descubrieron una trama criminal que involucraba el uso de datos privados por parte de un alto funcionario de la DIS para extorsionar a ciudadanos.
En diciembre de 2023, trascendió que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, pidió a la Dirección de Inteligencia y Seguridad revisar los teléfonos celulares de varios ministros y funcionarios de Casa Presidencial, bajo el alegato de que alguien estaba filtrando información.
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Dicho incidente ocurrió el 10 de mayo del 2022, dos días después de que Chaves asumiera el poder. Así lo relató la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en una entrevista con La Nación, luego de facilitar un conjunto de audios de reuniones en las que ella participó como integrante del gobierno.
