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La Procuraduría General de la República (PGR) se apersonó como “víctima de domicilio conocido”, en el caso judicial que tramita la Fiscalía Adjunta Ambiental por el supuesto otorgamiento de un permiso ilegal de tala en perjucio del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur.
Esta condición implica que el Ministerio Público debe notificar al abogado del Estado sobre todo el proceso para que este determine, llegado el momento, si presenta una acción civil (para recuperar los daños ocasionados con la supuesta conducta delictiva), o bien, una querella penal.
Desde el pasado 17 de julio, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental informó a la Procuraduría sobre la causa N.° 24-000003-1851-PE, que se tramita en contra del empresario Allan Pacheco Dent y otras cuatro personas por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia contra la Hacienda Pública, cambio de uso de suelo y drenaje de humedal.
Esta Fiscalía y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción presumen que el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC) otorgó un permiso de tala, supuestamente de manera ilegal, a la firma Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es Pacheco Dent.
El Ministerio Público notificó a la Procuraduría con el objetivo de que determinara su participación en el proceso, por ser un “ente protector de los intereses colectivos”.
Delitos que conciernen a los intereses del Estado
Dos meses antes de la notificación, el procurador general, Iván Vincenti Rojas, ya había solicitado el acceso al expediente –por medio de un apersonamiento– para que la procuradora Margot Avellán Ruiz participara en todas las etapas del proceso.
Ante una consulta de La Nación, la Procuraduría informó de que tomó la decisión de unirse al caso, porque los hechos investigados podrían corresponder a delitos que conciernen a los intereses del Estado.
“Acerca de nuestras pretensiones, la investigación oficial apenas empieza y debemos esperar el rumbo que puedan tomar las gestiones investigativas del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial”, agregó la oficina de prensa.
Los dos terrenos de Pacheco Dent, donde se habría autorizado la tala ilegal, forman parte de una lista de 137 propiedades que pertenecían al Refugio, pero fueron cedidas a terceros mediante una ley del 2014 que, cinco años después, la Sala IV declaró inconstitucional.
Esta ley fue anulada por medio de la resolución N.° 12745-2019, del 10 de julio del 2019. Los magistrados ordenaron delimitar de nuevo la zona y recuperar esos terrenos –los cuales están cubiertos de bosques– en un plazo de 12 meses.
En acatamiento a ese fallo, desde el 7 de marzo del 2022, la Procuraduría remitió una lista con las 137 propiedades a la Presidencia Ejecutiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para que iniciara los procesos legales de recuperación de las tierras. Sin embargo, esa orden sigue sin acatarse.
El pasado martes 10 de setiembre, la Sala IV decretó el incumplimiento a esa sentencia y reiteró al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, la orden de delimitar la zona y recuperar las fincas colmadas de árboles.
