La Procuraduría General de la República (PGR) se opuso al acuerdo al que llegó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) con la constructora MECO, en torno a la disputa de una concesión minera sobre el cauce del río Chirripó, en Pococí, Limón.
La empresa, que desde 1999 explota arena, piedra y grava de este río para usarlos en construcción, demandó al Estado por haber declarado extinta la concesión en el 2016 y haberse negado a renovarla.
El Minae argumentó que los plazos de otorgamiento y prórroga ya habían expirado. La constructora vial llevó al Minae al Tribunal Contencioso Administrativo en el 2017 bajo el argumento de que la ley permitía extender la concesión, por lo que exigía una indemnización al Estado.
No obstante, hace casi un año, el 23 de julio de 2020, el Tribunal Contencioso archivó el caso debido a que MECO desistió del proceso alegando que no quería atrasar la implementación de un acuerdo alcanzado con el Minae.
Un mes antes de esa fecha, el 24 de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) escuchó una llamada en la que Carlos Cerdas Araya, dueño de MECO, le pidió al expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría interceder ante su sobrino, el entonces ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, para lograr la conciliación entre Minae y la constructora en este caso.
La llamada fue intervenida en el marco de la investigación judicial denominada Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales.
Ocho días después de esa conversación, el 2 de julio, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, le envió a la Procuraduría el oficio DM-0665-2020, indicando su interés en conciliar con la constructora.
No obstante, el abogado del Estado le respondió al jerarca que no encontraba razones para una eventual conciliación, pues los argumentos expresados por él no tenían relación directa con el objeto del proceso legal.
Por lo tanto, la Procuraduría le pidió al exministro que argumentara, desde los puntos de vista técnicos y jurídicos, las condiciones del acuerdo.
La propuesta de Rodríguez Echandi era que, tras desistir de la demanda y renunciar al reclamo de daños y perjuicios contra el Estado, MECO presentara una nueva solicitud de concesión en la misma área geográfica (el cauce del río Chirripó), ante la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae.
El órgano procurador le indicó al exministro que no entendía por qué decía que la zona del río donde MECO explotaba materiales seguía en poder de la empresa, si tal concesión había expirado en el 2016.
“No le queda claro a esta representación cómo es que si la concesión se declaró extinta mediante acto final desde el año 2016, se señala en su oficio, en el punto 3, que ‘la DGM no ha liberado el área en razón del presente proceso’, pues en este caso no hay ni ha existido ninguna medida cautelar a favor de la empresa que impida la ejecución del acto administrativo”, respondió la Procuraduría.
El ente agregó que, en ese mismo sentido, tampoco le quedaba claro cuál era el sustento para solicitar que MECO renunciara a un área de explotación que ya no le pertenecía, “ello en tanto el mismo Ministerio ha declarado la extinción de la concesión desde hace casi cuatro años”, añadió el abogado del Estado.
Asimismo, la Procuraduría le recalcó al exministro que el Reglamento del Código de Minería establecía un principio denominado “primero en tiempo, primero en derecho”, el cual consiste en que un área se le otorga al oferente que haya presentado primero la solicitud de concesión.
Por lo tanto, si existía una empresa que hubiera hecho esa reserva antes que MECO, la prioridad sería para esa primera firma.
“Una vez se haya aclarado con el detalle técnico jurídico necesario las anteriores interrogantes, esta Procuraduría valorará la viabilidad de llegar a una conciliación.
“No omito manifestar que un eventual proceso de conciliación deberá ser avalado por los jerarcas institucionales y homologado por los señores jueces, en razón de lo cual el sustento jurídico debe ser claro y contundente”, exhortó la procuradora a cargo del caso, Paula Azofeifa Chavarría, en el oficio ADPb-5039-2020.
En entrevista con La Nación, la procuradora reafirmó que se le hizo ver al entonces ministro que sus argumentos se enfocaban más en tratar de rescatar la concesión y no tanto en conciliar.
“Como lo pusimos en el oficio (de respuesta a Rodríguez Echandi), los argumentos no tenían relación con el objeto del proceso, sino que tenían que ver con aspectos administrativos, casi que de cómo volver a retomar el tema de la concesión.
“Entonces, como consideramos que esos aspectos no estaban claros y no se relacionaban directamente con el objeto del proceso, le remitimos ese oficio, indicándole que no íbamos a llevar a cabo una conciliación hasta que estuvieran claros esos puntos”, explicó la procuradora.
Posterior a ese intercambio, el exministro envió una nueva comunicación al órgano procurador, en el que exaltó: “Este Ministerio es sumamente respetuoso del criterio y posición de la Procuraduría, por lo que si consideran que no es viable una eventual conciliación, es algo que, de igual forma, será apoyado por este Ministerio”.
Nunca hubo conciliación judicial
Ni el Minae, ni la Dirección de Geología y Minas, ni la Procuraduría tienen copia del acuerdo al cual, en teoría, llegó el exministro Rodríguez con MECO.
El documento tampoco consta en el expediente judicial en el Tribunal Contencioso Administrativo (número 17-3641-1027CA). El Poder Judicial confirmó que el caso fue archivado por resolución N.° 56-2020-V porque una parte desistió del proceso, no por una conciliación, el 20 de julio de 2020.
A pesar de ello, en la carta de desistimiento del caso del 3 de julio del 2020, enviada al Tribunal Contencioso Administrativo por Jonatán Picado León, apoderado de MECO, la empresa manifestó que desistía del proceso “a fin de no atrasar la implementación del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Ambiente y Energía”.
La Corte agregó que, el 8 de julio del 2020, la Procuraduría General le indicó al Tribunal que, ‘hasta tanto no obtengamos respuesta a las interrogantes planteadas, no podremos confirmar que pueda realizarse una conciliación en sede contencioso administrativa’
La procuradora agregó que, al parecer, no se concretó un acuerdo final entre Minae y MECO.
“Me parece que no hubo un acuerdo. Es decir, hubo una tratativa, hubo una intención que está manifiesta en los escritos, pero por lo visto, finalmente, ese acuerdo no se logró concretar por razones que nosotros no conocemos. En sede judicial no lo hubo y pareciera que en sede administrativa tampoco”, comentó Azofeifa.
Supuesta intercesión de Miguel Ángel Rodríguez
Sobre la conversación del dueño de MECO con el expresidente Rodríguez, el OIJ expuso lo siguiente:
“Cerdas Araya buscó la intercesión del expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, para que este, a su vez, se contactara con el señor Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en función de procurar una conciliación con el Minae en un proceso contencioso administrativo, valiéndose de la posición que este último tenía sobre el señor Rodríguez Echandi (su sobrino)”, dicta el informe judicial.
La Nación intentó comunicarse en distintas ocasiones con Rodríguez Echeverría y con Rodríguez Echandi, pero no respondieron llamadas telefónicas ni mensajes de WhatsApp.
Derecho minero ya fue solicitado
La concesión que no le fue renovada a MECO es la número 144-94 en la DGM.
Fue otorgada por el Poder Ejecutivo a un hombre llamado Gilberto Abarca Picado, el 25 de junio de 1999, en calidad de concesión de explotación minera en cauce de dominio público.
El 12 de octubre de 1999, ese derecho minero fue cedido a la sociedad Constructora MECO S.A.
La Nación consultó al Minae si MECO u otra entidad había solicitado la concesión de esa zona, a lo que el ministerio respondió que sí; tanto la constructora como la municipalidad de Pococí pidieron el derecho de explotación.
Sin embargo, la concesión fue cedida al ayuntamiento, pues tiene prioridad por ley.
“Al quedar libre el área, se aplica el principio ‘primero en tiempo, primero en derecho’. Esa área fue solicitada por MECO y se inició el proceso nuevo.
“De acuerdo con el artículo 36 del Código de Minería, cuando un solicitante privado tramita un cauce de dominio público, se debe consultar a la municipalidad respectiva si tiene interés de hacer la explotación minera para fines propios. Si la municipalidad no manifiesta interés, se sigue con el trámite de concesión; si la municipalidad manifiesta interés, tiene tres meses para formalizar la solicitud y tendrá prioridad sobre el solicitante privado.
“En este caso específico, MECO hizo la solicitud, a la que se asignó el número de expediente 2020-CDP-PRI-057. Al consultar a la Municipalidad de Pococí, esta manifestó interés y formalizó su solicitud, a la cual se asignó el expediente minero 2020-CDP-PRI-071 y está siguiendo el trámite que corresponde”, explicó la oficina de prensa del Minae.