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El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, sí conocía los detalles de la reunión en la que su exviceministro Daniel Soley le pidió la renuncia a la procuradora general, Ana Lorena Brenes, y le ofreció una embajada como opción, según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los conoció 20 horas antes de expresar a la opinión pública, el martes pasado, una versión distinta en conferencia de prensa al mediodía luego de la sesión de Consejo de Gobierno. Fue el mismo día en que este medio publicó que Soley le propuso un puesto de embajadora a la jerarca, en una reunión efectuada el 6 de enero.
“La procuradora general le comunicó lo conversado con el señor exviceministro al señor Presidente de la República, en cuanto él llegó al país (desde China)”, se lee en un comunicado oficial de esa institución, en el cual se afirma que el viceministro Soley le planteó la renuncia.
Esa declaración de la procuradora contraviene las explicaciones de Solís, cuestionado por la prensa sobre el caso que, el sábado pasado, le costó a Soley el cargo de viceministro de la Presidencia a cargo de diálogo político.
–¿Está usted enterado del contenido de la reunión de don Daniel Soley con doña Ana Lorena Brenes?– se le preguntó al mandatario en micrófonos.
–No, señor– respondió.
–¿No estaba enterado?
–Sé que los ministros tienen reuniones con otros jerarcas, incluida contralora y procuradora. Pero no tenía, ni estoy pidiendo, la agenda de esas reuniones.
–¿Cómo recibe usted lo que se habló en esa reunión?
–Mire, no estuve presente en la reunión ni he pedido un detalle, más que lo que he visto en esa discusión. Yo escuché rumores sobre una supuesta presión o indebida insinuación de que queríamos que la señora procuradora se fuera de ese cargo. Ayer le desmentí esa voluntad de parte del presidente de la República y hasta ahí llega la obligación.
¿Eran rumores? Sin embargo, la procuradora, quien había revelado a Soley sentirse incómoda por la relación con el Gobierno , indica en el boletín que el ofrecimiento de una embajada y las presiones eran más que rumores.
Eran reales y, según ella, el presidente lo sabía, pues estuvo reunida en el despacho de Solís, el lunes a las 4 p. m. antes de la conferencia de prensa del día siguiente, dándole los pormenores de lo que Soley le había planteado el 6 de enero, según el comunicado distribuido ayer por la PGR.
Así continúa el comunicado de la Procuraduría: “En esa conversación, el señor presidente le manifestó de forma contundente a la procuradora, que él no había requerido su renuncia y le reiteró su confianza en la Procuraduría General de la República y en su titular. Al mismo tiempo, indicó que realizaría las investigaciones pertinentes y tomaría las medidas correspondientes. Razón por la cual la procuradora no se ha referido al tema”.
Pero Brenes se podría referir al caso en la Asamblea Legislativa, pues los diputados pretenden llamarla a comparecer y ella está dispuesta a contarles los pormenores “con todo detalle”. Y si no se pudiera en la Asamblea Legislativa, ella pretende dar “esa información a la ciudadanía por otros medios”.
Esta ha sido la única manifestación hecha por Ana Lorena Brenes sobre su caso, pues el lunes antepasado ella declinó revelar detalles y luego ha negado entrevistas a la prensa.
Tampoco lo ha hecho el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, único superior jerárquico del viceministro Soley que estaba en el país cuando se dio la reunión con la procuradora.
Fue el propio Soley quien, ante consultas de este medio, confirmó el lunes 12 de enero la existencia de esa reunión. También aceptó que mencionó la posibilidad de una embajada para Brenes, quien estaba incómoda por la relación con el Gobierno.
La Procuraduría es la entidad que funge como “abogada del Estado” y tiene independencia de criterio frente al Gobierno. Brenes ocupa el cargo de procuradora general desde el 2006. Fue propuesta por el gobierno de Abel Pacheco y ratificada por el Congreso. Luego, la presidenta Laura Chinchilla planteó reelegirla hasta el 2016, con aval legislativo.
Durante esta administración, ha emitido dos informes contrarios a decisiones de Zapote: sobre la doble condición de Melvin Jiménez de obispo y ministro, y sobre el levantamiento del veto a una ley que permite a comerciantes ocupar una calle josefina.
