La Presidencia de la República mencionó a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, la posibilidad futura de enviarla fuera del país como embajadora.
Esta opción fue parte de una conversación de la tarde del martes pasado en la oficina de Brenes en la cual ella expresó al viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, su incomodidad por un “distanciamiento” entre ambas instituciones, según contó ayer el jerarca.
Estos fueron dos de los puntos que Soley tocó con Brenes, cabeza de la institución que funge como abogada del Estado y al mismo tiempo como asesora legal no vinculante de la Sala Constitucional.
Dos ejemplos de su trabajo son dictámenes emitidos en el 2014 en contra de decisiones de la Presidencia. El primero fue sobre el levantamiento del veto a una ley que concede a comerciantes artesanos la calle josefina 13 bis.
El segundo fue contra la permanencia del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, por su condición de obispo luterano (caso que la Sala IV después falló a favor de la Presidencia).
Brenes, a quien le restan 16 meses en el cargo para el que fue ratificada en octubre del 2010 con el apoyo del gobierno de Laura Chinchilla, confirmó anoche la existencia de esa reunión con Soley, pero no quiso revelar el contenido “por consideración al presidente Luis Guillermo Solís”.
Con él se reunió ayer por la tarde en la Casa Presidencial, casi al mismo tiempo en que Soley concedió una entrevista a este medio en la cual aceptó los temas de la conversación del martes pasado con Brenes, cuyo nombramiento caduca en mayo del 2016.
Esa cita, en la oficina de la procuradora, también sirvió para que el Gobierno preguntara por la forma como se elegirá al procurador de la Ética, en sustitución de Gilberth Calderón, quien se pensionó.
Brenes le mencionó la posibilidad de escogerlo mediante un concurso interno en que la decisión final la tendría ella, pero la Presidencia prefiere un procedimiento que abra la posibilidad también a otros abogados externos, aunque Soley descartó que la Presidencia impulse la candidatura de alguien en concreto.
La reunión, según Soley, era para hablar sobre la manera de elegir al procurador de la Ética y para repasar la relación del Gobierno con la Procuraduría.
Opción. “Es una funcionaria de muy larga data y ha tenido su reconocimiento. La conversación se da en el ánimo de intercambio normal. Si usted me pregunta si se le invitó a renunciar, yo le contesto que no”, respondió ayer en una entrevista de 45 minutos.
Consultado en detalle sobre la posibilidad de una embajada para Brenes, esta fue la respuesta de Soley: “La valía de una profesional como doña Ana Lorena es una gran trayectoria y cualquier reconocimiento posterior, para considerarla en otro ámbito de la función pública, es algo que no debería desmerecerse”.
El viceministro descartó haber mencionado alguna opción concreta de embajada.
“Hay muchas embajadas que están libres, yo no tengo el catálogo (...) Yo le dije que no tengo el catálogo de embajadas de la Cancillería y esa es una decisión del Presidente de la República”.
“No se mencionó (la posibilidad de una embajada) con esa intención (desplazarla de la Procuraduría). Se mencionó dentro de un esquema de dónde se podría proyectar en el futuro”, dijo el viceministro de la Presidencia, quien insistió en que la cita tenía el objetivo de mejorar las relaciones de ambas entidades.
Agregó que la procuradora sí dijo tener una relación buena con los ministros Carlos Segnini (Transportes) y Alexánder Mora (Comercio Exterior).
La Procuraduría es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia, pero con independencia de criterio por mandato legal y con desconcentración máxima.
El nombramiento de la jefatura máxima lo propone el Ejecutivo y debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
La remoción del procurador general antes de vencer su período solo podrá hacerse “con base a causa justa”, dice la ley, y deberá ratificarla el Congreso.
