EscucharLa Procuraduría de la Ética Pública (PEP) se sumó a una investigación por peculado que el Ministerio Público abrió contra Joselyn Chacón luego de que esta reconociera, semanas antes de renunciar al cargo de ministra de Salud, haberle pagado a un trol por una supuesta campaña de salud mediante transferencias hechas por su chofer, Richard Gutiérrez Cuesta.
“Desde el 1°. de febrero del año en curso, la PEP se apersonó en la causa que se sigue contra la señora Chacón y que se tramita en la Fiscalía General de la República bajo el expediente 23-000001-0033-PE referente a esos mismos hechos”, confirmó esta autoridad.
La Fiscalía abrió de oficio una pesquisa para determinar si mediaron recursos públicos en los pagos enviados por la exjerarca a Alberto Vargas, administrador del personaje ficticio Piero Calandrelli.
Bajo juramento en la Asamblea Legislativa, el 30 de enero, la entonces ministra admitió que las transferencias por las Sinpe las hizo su subalterno. Alegó que su chofer utilizó su receso del café o los fines de semana para depositarle el dinero a Vargas Zúñiga.
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El pasado 29 de diciembre, Chacón dijo que le pagó a Vargas con dinero propio para que realizara una campaña de salud con periodistas famosos. Así lo aseguró siete días después de que el trol denunciara haber recibido pagos de Chacón para atacar a periodistas en redes sociales.
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El Código Penal establece que será reprimido con prisión de tres a doce años, el funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo. Asimismo, se impone de tres meses a dos años a quien emplee en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella.
Además del pago al trol, Chacón es investigada por el Ministerio Público por el presunto nombramiento ilegal del viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez, como director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cargo que ocupó por cuatro meses, en apariencia sin cumplir con los requisitos.
Junto a ella también están implicados los jerarcas Natalia Díaz Quintana, de la Presidencia; Gerald Campos Valverde, de Justicia; Anna Katharina Müller Castro, de Educación; y Jorge Torres Carrillo, de Seguridad.
