EscucharLa Fiscalía General investiga a cuatro ministros y una exministra por el aparente nombramiento ilegal del viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, como director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), cargo que ejerció durante cuatro meses, entre julio y octubre del 2022.
La causa se tramita bajo el expediente N.° 22-000070-0033-PE y figuran como imputados los jerarcas Natalia Díaz Quintana, de la Presidencia; Gerald Campos Valverde, de Justicia; Anna Katharina Müller Castro, de Educación; y Jorge Torres Carrillo, de Seguridad; así como Joselyn Chacón Madrigal, quien hasta el pasado 7 de febrero lideraba la cartera de Salud.
Por tratarse de miembros de los supremos poderes, el caso lo tramita el despacho del fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, quien solicitó información al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un aval a la Sala Tercera para secuestrar documentos en Casa Presidencial y las oficinas del ICD.
El jerarca del Ministerio Público realizó la primera gestión el 1.° de noviembre. Ese día pidió al OIJ un “listado de las llamadas y mensajes de texto (sin mostrar su contenido), entrantes y salientes”, de los teléfonos celulares personales y oficiales de los cinco investigados, desde el 1.° de mayo hasta el 31 de octubre del 2022.
Luego, el 25 de noviembre, los magistrados de la Sala Tercera autorizaron el secuestro de información en el ICD, pero ese no se efectuó porque Casa Presidencial se adelantó a enviar los documentos a la Fiscalía.
Ante una consulta de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público precisó que la investigación se encuentra en la etapa preparatoria y es por el presunto delito de nombramientos ilegales.
A los cinco investigados se les achaca haber votado, como miembros del Consejo Directivo del ICD, a favor del nombramiento de Rodríguez Bogle para el puesto de director general del Instituto, como recargo, a pesar de que presuntamente no cumplía con los requisitos para ocupar el puesto.
El acuerdo lo tomaron el 1.° de julio del 2022. El único que votó en contra fue Wálter Espinoza (fallecido el pasado 2 de noviembre), quien en aquel momento se desempeñaba como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y también ocupaba una silla en ese consejo.
En el momento en que fue nombrado, el viceministro Rodríguez Bogle al parecer no tenía el grado académico de licenciado ni tendría experiencia “amplia y probada” en el campo de las drogas, requisitos indispensables que están establecidos en el artículo 111 de la Ley 8204, que dio vida al ICD.
Su nombramiento además violaría el apartado 114 de esa legislación, el cual prohíbe al director general de ese instituto “desempeñar otros cargos públicos remunerados o ad honorem”.
El artículo 344 del Código Penal sanciona el delito de nombramientos ilegales “con 30 a 90 días multa al funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
En este expediente también se investiga al propio viceministro Jorge Rodríguez Bogle por el supuesto ilícito de incumplimiento de deberes, por ejercer como viceministro y director del ICD al mismo tiempo, pese a la prohibición mencionada previamente.
Ese posible delito, de acuerdo con el artículo 339 del Código Penal, es castigado “con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, al funcionario público que ilegalmente omita, rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función”.
La Nación envió consultas sobre el tema a los cuatro ministros y a la exministra y al cierre de esta edición solo Natalia Díaz respondió por correo electrónico, mientras que Gerald Campos, de Justicia, aseguró que de ese tema solo se iba a referir el Ministerio de la Presidencia.
Natalia Díaz, por su parte, insistió que el objetivo de la designación de Rodríguez Bogle era “garantizar el correcto funcionamiento de dicha entidad y la continuación de la prestación del servicio público”.
“(El caso) se encuentra en investigación. El Consejo Directivo tomó la decisión de recargar en el viceministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, la dirección general del ICD a partir del 1.° de julio del 2022 y hasta tanto el Consejo Directivo realizara el nombramiento del Director General del Instituto, hecho ocurrido el 1.° de noviembre de 2022. (...) Como corresponde, estamos colaborando con las autoridades judiciales en lo que se requiera”, dijo la jerarca.
No obstante, ella no mencionó que justo el mismo día y en la misma sesión que ellos nombraron a Rodríguez Bogle, quitaron al director general y a la directora general adjunta que venían ejerciendo desde la administración pasada.
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Extracto del acta de la sesión del 1.° de julio del 2022 del Consejo Directivo del ICD, donde consta que se nombró al viceministro Jorge Rodríguez Bogle, como recargo, en el cargo de director general de este instituto.
Denuncia confidencial
Esos hechos se consignaron en una denuncia que recibió la Fiscalía, en setiembre del año pasado. El nombre del denunciante fue declarado confidencial.
Lo relatado en la denuncia coincide con un informe que emitió la Auditoría Interna del ICD, en ese mismo mes, alertando de las presuntas irregularidades.
El 20 de setiembre, la auditora general del ICD, Deyanira Bermúdez Calderón, envió el oficio de advertencia AI-044-2022 a la ministra Natalia Díaz, indicándole que, al conocer el nombramiento de Rodríguez Bogle, procedió a solicitar los atestados del funcionario a la secretaría de la Dirección General por correo electrónico.
Sin embargo, esa “información no le fue proporcionada”. Es decir, no le suministraron el expediente de nombramiento del viceministro como director de ese instituto.
Hizo esa gestión porque, en el punto 13 del acta de la sesión del nombramiento, se consignó que Rodríguez Bogle “cumple con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley 8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado”.
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Jorge Rodríguez Bogle fue nombrado como viceministro de la Presidencia en asuntos administrativos y de enlace institucional el 8 de mayo y dos meses después se le recargó el puesto de director general del ICD.
Título universitario
La auditora Bermúdez Calderón le detalló a la ministra Natalia Díaz que, de manera informal, supo que Rodríguez Bogle tenía formación académica en Sociología y, entonces, solicitó información al Colegio de Sociólogos. Allí, le indicaron que solo contaba con un bachillerato universitario.
El funcionario “posee el grado de bachiller y no el de licenciatura, requisito indispensable para ocupar dicho puesto, conforme lo exige la Ley 8204″, escribió Bermúdez Calderón en el oficio enviado.
En el sitio web de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), donde Rodríguez Bogle es miembro de la Junta Directiva en representación del Poder Ejecutivo, su currículum indica que es egresado de la maestría en Gerencia Pública, del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), un grado por encima de la licenciatura.
Este diario consultó a esa casa de estudios si el viceministro ya había terminado de cursar esa carrera. Por teléfono, indicaron que concluyó todo el plan de estudios el 1.° de junio del 2022 –un mes antes de su designación como director general del ICD– y que el título se emitió hasta el 28 de octubre de ese mismo año, tres días antes de que terminara su nombramiento en el ICD.
Doble puesto
La auditora Bermúdez Calderón también alertó a la ministra Díaz sobre la prohibición que tenía Rodríguez Bogle para ser director del ICD al tiempo que fungía como viceministro de la Presidencia.
“Es manifiesto el incumplimiento ejercido desde la fecha del nombramiento, lo que conlleva a la nulidad de los actos o decisiones tomadas en la gestión asumida por el funcionario mencionado como director general; así como el eventual perjuicio a los intereses del instituto y la posible responsabilidad administrativa, penal y civil establecidas por ley”, consignó.
Y más adelante agregó: “Se recomienda la nulidad absoluta del acto de nombramiento y se tomen las medidas y acciones que correspondan conforme al ordenamiento jurídico”.
Pese a esas advertencias, Rodríguez Bogle continuó en el cargo hasta el 31 de octubre y un día después fue nombrado Fernando Ramírez Serrano en el cargo.
El viceministro había asumido la jefatura del ICD el 1.° de julio, el mismo día en que fueron destituidos su antecesor, Sergio Rodríguez Fernández, y la directora general adjunta, Marcela Ortiz Bonilla.
Es decir, en la misma sesión, fueron destituidos los anteriores jerarcas y nombrado el viceministro como director general del Instituto sobre Drogas.
Tanto esas remociones, como el nombramiento de Rodríguez Bogle, fueron aprobados por los cuatro ministros y la exministra que figuran como imputados en esta investigación.
Consultado por La Nación, Sergio Rodríguez aseguró que su salida del ICD “se debió a una decisión política y a una estrategia y visión distinta del nuevo gobierno”, sin ahondar en más detalles.
No obstante, días antes de que se revocara su nombramiento, él acudió a la Asamblea Legislativa a emitir un criterio técnico en contra de la ley que autoriza el uso de cannabis medicina y el cáñamo industrial, al considerar que es inaplicable en la práctica.
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De izquierda a derecha, los ministros Natalia Díaz Quintana, de la Presidencia; Gerald Campos Valverde, de Justicia; Joselyn Chacón Madrigal, quien hasta el pasado 7 de febrero lideraba la cartera de Salud; Jorge Torres Carrillo, de Seguridad; y Anna Katharina Müller Castro, de Educación.
Secuestro de documentos
El 3 de noviembre, el jerarca del Ministerio Público solicitó a la Sala Tercera autorización para secuestrar una serie de documentos en la Presidencia y en el ICD, y obtuvo ese visto bueno el 25 de noviembre.
En específico, se le permitió el secuestro de los expedientes de nombramiento y selección de Rodríguez Bogle como director general del ICD y como viceministro de la Presidencia; y actas y grabaciones, en audio y video, de las sesiones del Consejo Directivo del ICD realizadas durante el 2022.
En una entrevista con este diario, el fiscal general, Carlo Díaz, reconoció que el secuestro de esos documentos no se realizó en Zapote porque Casa Presidencial, de previo, entregó la documentación.
Esa entrega, dijo, se realizó la última semana de enero, dos meses después de que tenía el aval para secuestrar los documentos. A continuación un extracto del intercambio de preguntas y respuestas con el fiscal Carlo Díaz:
—¿Con quién coordinaron la entrega de la información?
Ellos la trajeron aquí.
—¿Cómo sabían ellos que debían entregar esa información?
Creo que pudo haber alguna coordinación. Ellos vinieron y la entregaron aquí. Desconozco cómo fue que llegó aquí. Nosotros hicimos la otra visita que fue al ICD.
—¿Pero nunca hubo un secuestro en Casa Presidencial?
No, nunca fuimos.
—¿Por qué?
Porque ellos la trajeron aquí.
—Pero es que no me queda claro, ¿cómo sabían ellos que la tenían que traer?
Habría que preguntar...
—¿Cómo se gestionó esa entrega de información?
Nosotros no la gestionamos, lo que presumimos es que un abogado revisó el expediente, Casa Presidencial se dio cuenta y enviaron la información.
Colaboró con esta información el periodista Róger Bolaños.
