Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), rechazó las acusaciones que lanzaron un sindicato y la diputada fabricista Ivonne Acuña sobre un supuesto favorecimiento del órgano electoral al Partido Acción Ciudadana (PAC).
El jerarca del Tribunal compareció este miércoles en la comisión legislativa que investiga el financiamiento electoral de esa agrupación política, donde defendió la actuación de la institución en apego a la legislación y a sus atribuciones como juez de la materia electoral.
En su declaración inicial, Sobrado condenó la declaración del secretario del Sindicato de Empleados del TSE (Setse), Rui López, la cual consigna en su edición de este miércoles Diario Extra.
En la publicación, López afirma que en 2015, los magistrados electorales emitieron una resolución contraria a la Constitución Política y al Código Electoral que favoreció al PAC, al permitirle usar fondos de su reserva de deuda política para reintegrar al Tribunal un gasto por publicidad que el partido incluyó en la liquidación de la campaña de 2010, pero que no desembolsó porque el proveedor nunca cobró el cheque.
El sindicalista afirmó que dicha autorización es prohibida por la ley.
No obstante, Sobrado descalificó dicha afirmación, la cual catalogó como “temeraria”, y negó el favorecimiento.
“Se pueden o no compartir las tesis jurídicas de lo resuelto en cada caso, pero de ninguna manera acusar, a partir de allí, un favorecimiento partidario que sería delictivo. Afirmarlo, sin prueba alguna, sin mayor argumento que la discrepancia en un criterio jurídico, es una temeridad que insulta el valor más elemental de nuestra mundialmente admirada institucionalidad electoral, la imparcialidad política”, dijo Sobrado.
El jerarca electoral explicó que el TSE, en lugar de autorizar un gasto, lo que hizo fue recuperar ¢32 millones correspondientes a un cheque que nunca fue cobrado por Televisora de Costa Rica. La recuperación se hizo al captar los fondos directamente de la reserva del PAC para gastos de organización.
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“Este tribunal se precia de ser un tribunal de justicia, se precia de administrar esa justicia con absoluta imparcialidad”, afirmó el presidente del Tribunal.
Sobrado también salió al paso de los cuestionamientos que le lanzó en la audiencia la diputada fabricista Ivonne Acuña, la cual afirmó que han sido varias las ocasiones en que el Tribunal ha beneficiado, con sus pronunciamientos, al PAC.
“Rechazo vehementemente que exista una suerte de línea consistente de beneficiar a un partido político en particular o de perjudicar a otro”, le respondió Sobrado.
El jerarca también corrigió a Acuña cuando la diputada afirmó que el PAC ha sido la única agrupación que ha sido condenada por delitos electorales.
“No han sido ido únicamente partidarios del PAC los que han sido condenados en materia de financiamiento”, le señaló Sobrado.
Por ejemplo, en 2015, el Tribunal Penal de San José condenó por estafa al Movimiento Libertario, por cobrarle al Estado ¢209 millones por capacitaciones que nunca existieron, luego de las elecciones de 2010.
En la audiencia de este miércoles, a Sobrado lo acompañaron los magistrados Eugenia María Zamora y Max Esquivel, así como Héctor Fernández, director del Registro Electoral, y Rónald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos.
¿Puede levantarse la prescripción de las campañas de 2002 y 2006?
Durante la comparecencia, los diputados cuestionaron a los magistrados del TSE por su interpretación sobre la imposibilidad de investigar las finanzas del PAC en las campañas previas al 2010.
Así lo determinaron el 26 de julio, cuando concluyeron que es “jurídicamente inviable” iniciar una investigación sobre los comicios de 2002 y 2006, pues los hechos acontecidos en esas fechas ya habrían prescrito, dado que ocurrieron hace más de 10 años.
Eugenia Zamora explicó que la prescripción es un principio que brinda seguridad jurídica y que es imposible de omitir.
Cuando el legislador liberacionista Gustavo Viales les preguntó si sería posible abrir la pesquisa si el PAC renuncia a la prescripción, tanto ella como Sobrado respondieron que esa interpretación tendría que hacerla el pleno del Tribunal, de forma colegiada, y se negaron a adelantar criterio.
Al final de la sesión, la comisión aprobó una moción para solicitarle al Comité Ejecutivo del PAC que renuncie a la prescripción.
