Los presidentes de los sindicatos ANDE y APSE les pidieron a los diputados, este martes, enterrar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, durante una audiencia en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.

Ambos dirigentes sindicales se opusieron a la iniciativa que ordenaría a las instituciones estatales crear salarios únicos, es decir, sueldos que sean competitivos por sí solos, sin necesidad de que tengan pluses. Este esquema se aplicaría a los nuevos funcionarios, al tiempo que se permitiría el traslado voluntario de los actuales.

Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), negó que los incentivos actuales, como las anualidades, incrementen “excesivamente” los salarios, pues alegó que son una “forma de subsistir”.

En el 2018, el Ministerio de Educación Pública (MEP) pasó a pagar más dinero por pluses que por salarios base (¢660.000 millones frente a ¢656.000 millones), igual que lo hacen más de 82 instituciones públicas. En la Junta de Protección Social (JPS), por ejemplo, por cada colón que se paga en salario, se pagan más de dos en incentivos.

“No es cierto que las personas funcionarias de la educación pública tengan privilegios. No creemos que este proyecto beneficie la justicia y la equidad, por lo que pedimos que no sea aprobada y se archive”, indicó el sindicalista.

“Debemos refutar que los pluses salariales, como se ha querido denominar, incrementan excesivamente los salarios, cuando muchas veces son la forma de subsistir económicamente, a costa de un aumento desmedido de la carga laboral docente, al tener que atender más estudiantes o tareas complementarias de la función docente.”

No obstante, en los últimos diez años, el número de niños matriculados en las escuelas costarricenses disminuyó en 70.000, un 14%, al tiempo que el presupuesto del MEP casi se ha cuatriplicado y la cantidad de docentes aumentó en 25.000.

Por su parte, Mélida Cedeño, líder de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), rechazó que exista una relación entre el empleo público y el déficit fiscal del Gobierno.

Entre el 2007 y el 2018, el gasto en remuneraciones del Gobierno Central subió de ¢1,2 millones a ¢2,4 billones, lo que equivale a un alza del 100%.

“Se asegura erróneamente que la solución del déficit recae en una solución integral del empleo público”, dijo la sindicalista, quien consideró que se trata de un estigma social y económico. También dijo que es incorrecto dibujar al sector público como “caro e ineficiente”.

De acuerdo con la presidenta de la APSE, el análisis de la propuesta de ley marco se debe hacer “desmitificando” el empleo público como un disparador del gasto.

“La reducción del gasto público a través de los salarios parece ser el objetivo del proyecto, bajo la falsa premisa de que los salarios de los empleados públicos son causa del déficit fiscal de este país”, comentó el presidente de la ANDE.

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Salario único: sí, pero no

Los sindicalistas alegaron que, si bien les parece que la propuesta para establecer un salario global o único, permitiría que se incrementen los sueldos de muchos empleados públicos actuales, en el futuro resultaría contraproducente y terminaría por empobrecerlos.

“Inicialmente sí, por eso decimos que hay confites, pero es un camino sumamente engañoso y hay que leer la letra menuda. Las instituciones que lo tienen ahora están viendo las consecuencias”, dijo Cedeño.

Gilberto Cascante apuntó que no les desagrada la estabilización del salario y reconoció que, en un primer momento, un 30% de los funcionarios podría aumentar su sueldo. “Decimos que eso es muy difícil mantenerlo en el tiempo, y el poder adquisitivo a futuro se verá afectado”, añadió.

Reclamos específicos

En cuanto a los reclamos específicos sobre el proyecto, Mélida Cedeño se declaró contra la intención de darle la rectoría en empleo público al Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), por su carácter de instancia política.

Según la sindicalista, se debe mantener la rectoría en la Dirección General de Servicio Civil. Ante consulta del socialcristiano Erwen Masís, ella dijo que esa institución lo ha hecho muy bien, pero que necesita más recursos.

La dirigente de la APSE manifestó que no deben estar representados solo tres de los ocho subrregímenes en el consejo que la iniciativa constituye.

En cuanto a los subrregímenes salariales, indicó que no se define el del sistema educativo claramente y “no se entiende si alcanza a todos los trabajadores del sector o solo a los que trabajan en los centros educativos”.

Cedeño también criticó la norma que fija la entrega de un incentivo monetario a los servidores públicos que obtengan calificación de excelente, pero no por la idea de entregar ese incentivo, sino porque solo se les daría a un 30% de los funcionarios.

“No nos oponemos, pero el punto es cómo se sustenta el porcentaje de reconocimiento máximo, por qué solo al 30% y qué pasaría si más funcionarios alcanzan esa calificación. ¿Cuál fue el criterio de que ese porcentaje sea el máximo?", fustigó.