En momentos en que el Gobierno propone subastar el Banco de Costa Rica (BCR) en un concurso internacional, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, llenó de críticas al banco estatal.
Al mismo tiempo, el mandatario argumentó que la venta no requeriría de 38 votos afirmativos en la Asamblea Legislativa (mayoría calificada), sino de mayoría simple.
Las declaraciones las brindó el presidente este lunes durante su gira a la provincia de Cartago, donde defendió la necesidad de vender el activo estatal para atenuar la deuda pública.
“Que hay gente que se opone a la venta; obviamente, va a haber gente que se opone. Lo que yo creo es que la gran mayoría del pueblo sabe que el Banco de Costa Rica es un banco comercial más, que no les ha dado un solo dividendo en su vida, que no le está dando crédito a las pymes (pequeñas y medianas empresas) y que ha tenido problemas de gobernabilidad y corrupción enorme”, declaró el mandatario al defender su propuesta.
Sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar su propuesta, el mandatario aseguró que sus asesores legales le dicen que no es necesario tener 38 votos porque el proyecto no extingue la personería jurídica del Banco de Costa Rica, sino que plantea traspasar el activo a un tercero interesado en su compra.
“Si usted lee el proyecto, no se necesitan 38 votos votos, porque no extingue la personería jurídica; lo único que hace, me dicen los abogados, es traspasar los activos y pasivos, para lo cual se ocupa mayoría simple.
“La extinción de la personería jurídica sí requiere 38 votos; en eso estamos claros (...) Yo digo, no vamos a cerrar ese banco. Simplemente, va a continuar con sus servicios en manos de otra gente.
Un criterio distinto había expresado el abogado constitucionalista, Rubén Hernández, quien afirmó que la Constitución Política exige 38 votos para crear una institución autónoma y, por el principio de paralelismo de las formas, se requiere de la misma cantidad para la reforma o disolución.
“Vender las acciones del BCR implicaría que deja de ser un ente de Derecho Público para pasar a ser privado, es decir, dejaría de ser jurídicamente una institución autónoma. Se tendría que reformar la Ley del Sistema Bancario Nacional, que es donde se crea el banco y se regula su funcionamiento”, había dicho Hernández el 17 de agosto.
‘No son las joyas de la abuela’
En la misma rueda de prensa, Chaves defendió el objetivo de la venta del banco.
“Esas no son las joyas de la abuela. Uno no guarda un rolex de oro o una joya carísima, mientras los chiquitos se están muriendo de hambre, mientras hay mil escuelas cerradas porque no hay plata para arreglarlas. Entonces, pongámonos de acuerdo sobre cuál es la prioridad número uno.
“Eso nos permitiría recoger miles de millones de dólares para hacer lo que la gente de a pie, el ciudadano común y corriente necesita: bajar la deuda, construir infraestructura, etcétera, etcétera…”, alegó el mandatario.
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El proyecto presentado por el Ejecutivo a la corriente legislativa deja en el Consejo de Gobierno, constituido por el presidente y los ministros, la responsabilidad de la subasta del banco público.
Además, establece que ese órgano podrá contratar a una firma asesora especializada sin la necesidad de acudir a un concurso público que se encuentre regulado por la Ley General de Contratación Pública.
Esa contratación se podría hacer mediante un proceso excepcional estipulado en el mismo proyecto de ley, en el que la firma sería escogida después de un proceso de entrevistas.
Asimismo, el plan establece que el Gobierno puede fijar un monto fijo de pago a la asesoría, así como un incentivo calculado con base al precio de venta del Banco de Costa Rica.
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La iniciativa, sin embargo, deja a discrecionalidad del Gobierno establecer el porcentaje de venta que se dejaría la firma asesora.
De acuerdo con una evaluación preliminar dada a conocer por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el banco público tiene un valor cercano a los $2.000 millones.
Chaves, además, dijo que “yo entiendo la preocupación de los empleados del Banco de Costa Rica”. Este lunes, en horas de la mañana, Casa Presidencial emitió un comunicado afirmando que la venta “no requiere la liquidación del personal”.
No obstante, la decisión sobre el número de trabajadores con el que operaría el nuevo banco, una vez pase a manos privadas, dependerá de esa propia empresa, no del Gobierno.
