“Si se comprueba la falsedad, simplemente la descalificamos… Tomaremos la decisión de prescindir de los servicios de esa empresa”.

Esa es la respuesta de la ministra de Comunicación, Nancy Marín, ante la consulta de qué pasará si se constata que la empresa Bambú Capital mintió en una licitación que sacó el gobierno para contratar servicios de publicidad por ¢150 millones, concurso que ganó.

Este lunes 5 de agosto, Casa Presidencial denunció a esta compañía ante la Contraloría General de la República (CGR) por haber asegurado, en una declaración jurada certificada por un notario público, que tenía acceso al servicio de TV Data de Kantar Ibope Media Costa Rica S. A., sistema utilizado para conocer cuántos televidentes tiene un canal y programa de televisión.

Sin embargo, ahora, que la adjudicación está en proceso de apelaciones en la Contraloría, el Ejecutivo se enteró de que la compañía no puede utilizar la herramienta de la que supuestamente disponía.

Incluso, la firma Kantar Ibope Media Costa Rica S. A., proveedora de ese servicio, hizo circular en redes sociales un documento que asegura que Bambú Capital no forma parte de sus clientes y, por lo tanto, no está autorizada para hacer uso de sus recursos; mucho menos para ofrecerlos a terceros.

La ministra contó que se enteró de lo ocurrido el viernes 2 de agosto, día no hábil por ser feriado. Entonces verificó la autenticidad de la carta de Kantar Ibope Media Costa Rica S. A., y el lunes 5 de agosto comunicó lo acontecido a la Contraloría General de la República y a la Proveeduría Institucional de Presidencia.

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Sinart es la segunda opción

Si la Contraloría constata que, efectivamente, Bambú Capital dio un falso testimonio, Casa Presidencial contratará los servicios de comunicación y publicidad a Sinart, la firma que obtuvo el segundo lugar en el proceso de licitación.

“No podríamos contratar a una empresa que nos está brindando información que es falsa en una certificación. En ese sentido, hay que analizar las opciones, pero mi primera opción sería brindarle la adjudicación a quien sigue en calificación”, argumentó Marín.

Por el momento, comentó la ministra, esperan a que se cumplan los tres días hábiles (de martes a jueves) que tiene Bambú Capital para hacer su descargo y que la Contraloría continúe con el proceso de apelación y análisis.

Marín afirmó que ante la CGR fueron presentadas tres apelaciones. No obstante, reiteró, no conoce el contenido de estas, por lo que no sabe si alguna está relacionada con el incidente de la falsa declaración.

Además, insistió, el proceso con Bambú Capital se llevó a cabo en apego a la Ley de Contratación Administrativa y en el marco de un Estado de derecho.

“Yo, en principio, como funcionaria pública, tengo que darle fe pública a un notario. Es decir, los notarios responden con su firma en una certificación legal, que ratifican con su fe pública. Tiene consecuencias importantes, en términos legales, si un notario está certificando una información que no es cierta.

“Quiero reiterar que esto no se le pasó a nadie. Hay un notario público, que tiene fe pública, emitiendo una certificación, diciendo que están brindando esos servicios y que la empresa cuenta con ellos. Aquí no hay un error administrativo (por parte de Presidencia)”, replicó Marín.

La declaración jurada que presentó Bambú Capital ante Casa Presidencial está firmada por el abogado Alejandro Vargas Yong.

Según afirmó la jerarca de Comunicación, debido a que no ha salido la licitación pública porque no se han resuelto las apelaciones, Casa Presidencial está sin agencia de publicidad en este momento.

Por esa razón, en lo que va del año Presidencia no ha podido ejecutar nada del presupuesto asignado para el 2019.

“En la partida de publicidad y propaganda no se ha ejecutado un solo peso este año, desde Casa Presidencial”, concluyó Marín.

El gobierno anunció la contratación de Bambú Capital el 16 de julio. La agencia ofrecería los servicios de apoyo estratégico, creatividad, diseño, producción y compra de pauta en medios masivos y digitales para el Ministerio de Comunicación, ente encargado de la comunicación masiva del Poder Ejecutivo.

Entre los servicios pactados se incluyeron los de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales para analizar los temas relevantes que ahí se discuten y el posicionamiento del gobierno en estos.