Puntarenas. Los primeros registros del surgimiento de actividad comercial en Puntarenas datan de 1766, cuando la Audiencia de Guatemala otorgó el monopolio del tabaco a Costa Rica y se eligió ese punto de la costa pacífica para exportar el producto.
Cinco décadas después, en 1814, Florencio del Castillo, representante costarricense ante las Cortes de Cádiz, consiguió la habilitación del puerto. Según el libro La ciudad de Puntarenas: una aproximación a su historia económica y social, 1858-1930, de la historiadora Arabela Valverde, a partir de ese momento se aceleró la actividad mercantil del lugar, con importación y exportación de todo tipo de productos, y un incipiente poblado de migrantes atraídos por la promesa del desarrollo.
Dos siglos después, el rostro de la sección central de la costa pacífica dista mucho de la prosperidad que se auguraba en esa época.
De acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo para el último trimestre del 2018, la tasa de desempleo allí era la más alta de todo el país: 16,6%, mientras que el indicador nacional era de un 12%.
El Gobierno y representantes del sector privado reconocen que han sido infructuosos muchos de los esfuerzos para atraer inversiones que generen empleo en los últimos años.
¿Por qué? Ambos sectores apuntan a que el rezago se debe, en gran medida, al bajo nivel educativo de los casi 300.000 habitantes de la región, la cual incluye los cantones de Puntarenas, Montes de Oro, Garabito, Parrita, Quepos y Esparza, en la provincia de Puntarenas, así como San Mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela.
Pacífico central, región de contrastes
Es la más pequeña, pero también la más dispersa y de menor densidad poblacional
“Existe un déficit de capital humano con la formación requerida para satisfacer los requisitos de las empresas que Costa Rica atrae en su programa de atracción de inversión extranjera directa, en donde el inglés es requisito. El INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y las universidades estatales no han producido la cantidad requerida por las empresas y, por consiguiente, las empresas continúan estableciéndose en la GAM”, afirmó Sylvia Moraga, gerente de Operaciones de la Zona Franca Puntarenas.
El alcalde de ese cantón, Randall Matarrita, también coincidió: “Tenemos una gran dificultad en que nosotros no tenemos capacidad académica en este momento para atender todas las necesidades de un posible desarrollo”.
Las mediciones sobre escolaridad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) arrojan luz sobre la afirmación de ambos.
En esta región, solo un 12,65% de la población tiene estudios universitarios frente al casi 23% de la Gran Área Metropolitana (GAM) y al 18,9% a nivel nacional.
La Encuesta Nacional de Hogares también revela que casi un 16% de los mayores de 15 años del Pacífico central no completó la escuela primaria, mientras que el promedio nacional es inferior al 12%.
“Eso hace obviamente más difíciles las posibilidades”, alegó Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia y delegado territorial del Gobierno para el Pacífico central.
Además, se trata de una región turística donde solo un 6,5% de la población habla un segundo idioma.
Tal carencia corta las posibilidades de los lugareños de acceder a un empleo pues, según la Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo 2018, del INEC, el Pacífico central es la región que presenta el porcentaje más alto de puestos que exigen un segundo idioma en el sector Servicios: 38 de cada 100.
Dicha medición concluyó que, en la región conformada por seis cantones de Puntarenas y dos de Alajuela, un 39,2% de los puestos de trabajo son considerados difíciles de ocupar, por falta de habilidades requeridas por parte de los postulantes, carencia de experiencia laboral y ausencia del perfil académico requerido.
El porcentaje de puestos difíciles de ocupar del Pacífico central es el mayor a nivel nacional, y supera en nueve puntos el indicador nacional.
FUENTE: Enaho 2018, INEC; Encuesta Continua de Empleo IV trimestre del 2018, INEC; Encuesta Nacional de Puestos de Trabajo 2018 en el sector de Servicios, INEC; Inder. || E.E. / LA NACIÓN.
Añoran época de mayor estabilidad
El viernes 26 de abril, mientras esperaba a su hija en una parada de bus en Barranca de Puntarenas, Erick Zúñiga señaló un gran edificio a sus espaldas.
“Estamos frente a una bodega que daba empleo a un montón de personas cuando una empresa producía abono, y trabajaban cerca de 50 o 60 personas. Ahora está cerrada porque la alquila una gente que es de materia prima, y los que trabajan son tres guardas, uno por turno. De 50 se perdieron 47 empleos”, dijo el lugareño.
A menos de una cuadra de allí, Ramsés Mena almorzaba a eso de las 3 p. m., a la espera de que llegara alguno de los cada vez más escasos clientes a su venta de muebles. El local está en Barranca, pero él vive en el vecino cantón de Esparza.
“Hace muchos años, estaba la zona franca activa, eso generaba mucho empleo. Cuando eso yo estaba saliendo del colegio, recuerdo que de Esparza bajaban como cinco buses. Pero paulatinamente fueron cerrando plantas, había una que se llamaba Carters, otra MCI, en total creo que se manejaban como 3.000 empleos, que en cuestión de tres o cuatro años se perdieron todos”, lamentó Mena.
Unos 110 kilómetros hacia el suroeste, horas antes, los comerciantes del mercado de Parrita Mayra Mora y Freyman Céspedes afirmaron que, para su cantón la situación es aún más complicada, pues queda en medio de comunidades turísticas como Garabito y Quepos, pero a sus locales casi nadie pasa. Hay trabajo durante las temporadas de cosecha agrícola, pero en cuestión de semanas se acaba.
Y al final de la tarde, en el sur de Alajuela, la estudiante Nicole Quirós, del Colegio Técnico Profesional de San Mateo, comentó que su preocupación es dónde hacer la práctica profesional cuando termine su especialidad agropecuaria, pues en su comunidad no hay opciones y al parecer tendrá que desplazarse hasta Atenas para encontrar trabajo.
Mejora del talento humano
“Habiendo tanta mano de obra en los puertos, ¿por qué razón no se instalan las compañías globales en estos sitios? En primer lugar, el tema del idioma”, afirma Jaime Ubilla, gerente general de Improsa SAFI, el administrador del fondo inmobiliario al que pertenecen 15.871 metros cuadrados de la Zona Franca Puntarenas.
Ubilla relató que la Zona Franca empezó a operar en la década de 1990, cuando se instalaron textileras principalmente. No obstante, el país perdió competitividad y las empresas se empezaron a ir en la primera década de este siglo.
El gerente afirma que, desde entonces, el mercado giró hacia la alta tecnología y desarrolló necesidades que el país no supo satisfacer.
“Lamentablemente el Estado, en estas dos décadas, dejó por fuera a los puertos en el desarrollo de los elementos sustantivos que han permitido que, en el Valle Central, se instalen este tipo de empresas (...) cuando uno habla con las compañías globales, y conste que tienen políticas de incorporar zonas rurales, ellos se encuentran con una deficiencia del idioma significativa”, afirmó Ubilla.
De acuerdo con la gerente de Operaciones de la Zona Franca, los empleos directos allí pasaron de 3.000 a 750.
Tanto Ubilla como Moraga afirmaron que, pese a las dificultades, mantienen esfuerzos para atraer firmas a través, por ejemplo, de proyectos para renovar la infraestructura. Eso sí, condicionan el éxito de sus planes a que el Estado mejore las condiciones para la inversión, entre ellos, la capacitación de la fuerza laboral.
El alcalde de Puntarenas asegura mantener conversaciones con universidades públicas y privadas para fortalecer los servicios educativos.
En la misma línea, el vicepresidente Rodolfo Piza aseguró que durante los próximos meses el Ejecutivo buscará mayores opciones de capacitación a través del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o de la educación dual.
La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) considera que el Pacífico central tiene potencial para el desarrollo de actividades como biotecnología ligada a insumos locales, servicios de transporte y logística, mantenimiento y reparación, acuacultura, procesamiento alimentario de valor agregado e infraestructura turística.
“Sin embargo, el éxito de esta estrategia y la llegada de estas empresas dependerá en gran medida del fortalecimiento del talento humano local, la mejora de las condiciones de competitividad y la participación conjunta de la academia, bajo un modelo de coordinación con participación público-privada”, apuntó Jorge Sequeira, director de la Coalición.
Para el sector empresarial, es preciso que el Gobierno resuelva las constantes demoras que afrontan los inversionistas a la hora de tramitar los permisos para establecerse, así como que se desarrollen incentivos económicos que compensen los costos de operar fuera de la Gran Área Metropolitana.
En opinión de Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras), lo más recomendable sería que se consolide una zona franca en la región Pacífico central, donde el sector privado, las instituciones que brindan servicios y la academia puedan consolidar sus esfuerzos de forma conjunta.
Lo que pide la provincia
Rodolfo Piza asumió en abril su designación como delegado de Casa Presidencial para la región Pacífico central. Los días viernes 26 y sábado 27 de ese mes sostuvo una reunión en Quepos con alcaldes y líderes comunales, ante quienes se comprometió a atender problemas concretos que ayuden a mejorar la calidad de vida en la zona.
Allí, el alcalde de Puntarenas solicitó que se derogue o modifique la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, para que se les permita a los cantones costeros instalar construcciones en tierras aledañas al mar que gozan de protección legal pero que, en su criterio, podrían aprovecharse mejor, como las islas.
“Permitamos que las municipalidades hagan proyectos en la zona públicas, donde podamos dar concesiones que nos permitan traer desarrollos turísticos que van a generar empleo”, dijo Matarrita a La Nación.
El jerarca municipal también pide que se reactive la entrega de permisos para la práctica de la pesca de arrastre, debido a que muchos habitantes de los cantones costeros enfrentan serias carencias desde que se prohibió ese arte en 2013.
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En Quepos, los comerciantes y dependientes de locales piden al Gobierno más seguridad, pues aseguran que la indigencia y la delincuencia han empeorado y afectan sus negocios.
“Los hoteles les dicen a los turistas que no bajen a Quepos, igual los cruceros, no bajan aquí sino que se quedan en la marina, entonces ha bajado bastante, porque les dicen que es peligroso”, aseguró Dayanna Zeledón, de 22 años.
Al cabo de la reunión territorial de Quepos, el Ejecutivo se comprometió a invertir ¢1,1 billones en la región Pacífico central, en proyectos que van desde la ampliación de la carretera Interamericana Norte hasta la intervención de rutas que conectan comunidades, la construcción de puentes peatonales y la reparación de la vía férrea desde Caldera hasta San José.