Diputados de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa recibieron con críticas y rechazo el pacto que firmó el presidente de la Uccaep, Álvaro Jenkins, con Célimo Guido, líder del movimiento que mantuvo bloqueos y agredió policías por dos semanas.

Mientras tanto, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) justifica lo hecho por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), pese a tratarse de un mecanismo de hecho, en paralelo y con un movimiento que reconoció infiltración criminal.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, dirigió muy fuertes cuestionamientos a la actuación de Jenkins.

“Me parece lamentable y censurable que una organización del calibre de la Uccaep se aleje de casi 200 años de institucionalidad de este país, para abrir espacios de facto, en detrimento de los canales institucionales que se pusieron a su disposición”, argumentó.

Cruickshank, quien se unió al presidente Carlos Alvarado en el llamado a un diálogo nacional multisectorial, agregó que, si “quieren suplantar a las autoridades oficiales, lo que deberían es convertirse en políticos y participar de las vías democráticas para ver si logran el aval del pueblo”.

Al respecto, el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Fernando Chacón, se manifestó muy preocupado de lo hecho por la Unión de Cámaras.

“Pienso en un reto, como costarricense, de replantear el principio de la democracia que está por cumplir 200 años. Debe respetarse el principio de institucionalidad democrática”, explicó.

El liberacionista enfatizó en que existen los diferentes órganos elegidos popularmente, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde está depositada la voluntad del pueblo por las urnas.

Agregó que, si bien los gremios son una parte del tejido social, no pueden darse iniciativas aisladas del principio institucional. “No pueden ser excluyentes de una convocatoria oficial”, apuntó.

En cuanto a un eventual contubernio entre empresarios y manifestantes, Chacón respondió: “Aplico un principio de la física: los polos opuestos se atraen. ¿Quién pagaba la publicidad en las carreteras nacionales, que decían ‘no más impuestos’? No creo que hayan sido Célimo Guido y los trabajadores del campo; me parece que algún sector económico los pagaba”.

Por su parte, el expresidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, colgó un mensaje en sus redes sociales donde manifestó que “legitimar a un grupo antidemocrático es injustificable”.

“La institucionalidad y la democracia del país nos tomó siglos, el sudor y la sangre de los abuelos. No se tira a la basura haciendo pactos con los sediciosos. Son acuerdos espurios que merecen nuestro repudio”, adujo.

PAC: ‘Rechazo absoluto’

El jefe del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez, dijo que le genera rechazo absoluto esa gestión de la Uccaep, máxime porque esta organización declinó el diálogo con los demás sectores, coordinado por el Estado de la Nación y con participación del Gobierno.

“A la vez, se abrió la puerta a un movimiento que puso en peligro la producción nacional y las vidas de funcionarios de la Fuerza Pública, que violentó el derecho y la libertad de tránsito”, apuntó.

Para Sánchez, los empresarios le deben una explicación al país, porque “no es la vía costarricense legitimar esos movimientos de carácter sedicioso”.

“Sería muy grave que uno tenga que llegar a la conclusión de que hubo contubernio. No me atrevo aún a pensar que hubo una planificación para llevar el país al caos”, dijo.

La expresidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, dijo que está sorprendida, muy desilusionada y confundida por la acción de Jenkins, pues el sector empresarial fue el que más trasladó malestar por los efectos de los bloqueos al sector productivo.

“No entiendo el objetivo, esta clara incoherencia de firmar un pacto con quienes les generan un perjuicio a ellos y a todo el país. Lamento que el sector empresarial, lejos de buscar las vías democráticas, recurra a las de hecho", indicó.

Hidalgo añadió que quedan muchas preguntas en el aire, como por qué se firma antes de negarse al diálogo con el gobierno y cuáles eran las relaciones previas entre los grupos, sus conversaciones.

PUSC justifica mecanismo de Uccaep

Pablo Abarca, diputado del PUSC, sostuvo que es “muy peligroso para la democracia el tono” que está tomando la situación actual, pero culpó al presidente, Carlos Alvarado, de no ser asertivo en el diálogo y no validar las mesas que se están dando al margen de la institucionalidad.

“Tampoco levanta los bloqueos. Esos vacíos de poder ocasionan acuerdos que, nos guste o no, resuelven la situación del país. Urge que se valide la mesa del Banco Popular o negocie con las fracciones una ruta, no solo con aliados y amigos”, dijo.

Reconoció que, si bien no es válido institucionalmente lo hecho por los empresarios, cree que “simplemente lo ve como un acuerdo de sectores” que no pueden tomar decisiones donde corresponde, que sería el Ejecutivo y el Congreso.

Además, acusó al mandatario de jugar al escondido y luego, plantear mal las cosas.

“Este es el resultado de la incapacidad del Gobierno de generar una mesa real de diálogo y sentar a las partes a negociar proporcionalmente. El Gobierno hace un planteamiento, pone y define fechas, incluso define los sectores”, reclamó María Inés Solís.

Cuestionó que, cuando la Presidencia envió un negociador a la zona norte, llevaba en su borrador de acuerdo la propuesta de tren eléctrico.

“Hágame el favor, cuándo la gente de aquí está interesada en que el tren sea parte de la agenda”, criticó la legisladora.