La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó al fiscal general, Jorge Chavarría, investigar de oficio el proceso de licitación para construir la ruta de acceso a la Terminal de Contenedores en Moín (TCM).
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La petición de los verdiblancos la planteó la jefa de la bancada, Maureen Clarke, en una misiva que remitió este lunes a Chavarría, en la cual sugiere la "posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública".
En criterio de Clarke, el caso se debe esclarecer en la Fiscalía, pues con "alevosía" se sacó a concurso un proyecto que no cumplía con el obejtivo central, conectar la carretera de cuatro carriles con la entrada al megapuerto.
"Más que premeditación, aquí lo que hubo fue alevosía para causarle un daño al erario público, un daño al sistema de infraestructura, un incumplimiento de deberes, aquí hay varios delitos", dijo la verdiblanca a La Nación.
Y en la carta ella agregó: "La conducta de los funcionarios del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes) sugiere la posible comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública. Por ello pedimos a esa Fiscalía que abra de inmediato la investigación correspondiente.
"El Gobierno conocía del supuesto error y de los efectos que produciría, incluida la afectación económica del Estado que se estima de hasta ¢15.000 millones, tanto por la descalificación de la empresa que ofreció corregir el error, como por el costo adicional de corregirlo habiendo contratado una empresa para hacer una obra ineficaz a los intereses del pueblo costarricense".
El PLN hizo la solicitud a Chavarría, luego de que este diario diera a conocer que, en el 2016, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) puso adrede coordenadas erróneas en la licitación de esa obra, porque carecía del permiso ambiental para el área de conexión real de la vía con la TCM.
Incluso, rechazó un prediseño que sí enlazaba la ruta con la nueva terminal de contenedores, la cual le habría ahorrado $26 millones al Estado.
El Consorcio H Solís-Estrella ofreció construir la carretera, con un diseño que solucionaba la 'pifia' de 80 metros, por $60 millones, es decir, $12 millones menos de lo que ofertó el Consorcio del Atlántico, empresa que ganó la licitación en junio del año pasado.
Esa oferta también habría evitado gastar $14 millones que ahora se están desembolsando para resolver la pifia.
