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Una iniciativa de ley que se discute actualmente en el Congreso pone en riesgo el traslado de los fondos para financiar proyectos productivos mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Así se desprende de la propuesta de reforma a la ley de banca para el desarrollo, cuyo fin es facilitar el acceso al crédito a quienes no son sujetos de financiamiento en la banca comercial.
El plan ha encendido la polémica en la Asamblea Legislativa donde afronta críticas y la oposición de diputados de varias bancadas. Mientras, el Gobierno, candidatos presidenciales y representantes del sector agrícola presionan por su pronta aprobación.
Uno de los aspectos más controversiales es que la propuesta baja la pena a los bancos privados que no aporten recursos para financiar Banca de Desarrollo.
Con la ley vigente, el incumplimiento con estas obligaciones se castiga con una suspensión de hasta 15 años para captar recursos, casi el cierre de la entidad.
La reforma en trámite baja esa sanción a una multa igual a la tasa básica pasiva más cuatro puntos porcentuales sobre el monto no transferido en colones.
Sobre los montos en dólares, la pena es de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa Líbor.
Para los diputados independientes, Luis Fishman y Patricia Pérez, al suavizar la pena se abre el portillo para que los bancos destinen los recursos a otras actividades, dejando sin plata al SBD.
“Un banco privado puede decidir que le trasladen ¢40.000 millones del ‘peaje’ para dar créditos al sector productivo y solo prestar ¢10.000 millones. Los otros ¢30.000 los puede colocar en tarjetas de crédito a un interés del 48% y solo pagaría una multa simbólica”, cuestionó Fishman, uno de los principales críticos del plan.
A noviembre, el fondo conocido como “peaje” bancario acumulaba un total de $320 millones.
Otra crítica de la diputada Pérez es que los bancos estatales deben pagar a los privados el 50% de la tasa básica (se calcula a seis meses) sobre el monto transferido y que corresponde a captaciones a un mes.
Los bancos estatales deben reinvertir estos dineros y como las tasas han estado tan bajas, el año pasado perdieron como $2 millones, dijo la diputada, quien propone cambiar esto en el proyecto de ley. Su propuesta es que se pague una tasa equivalente a un mes.
“Si usted me invierte plata a un mes y yo le pago intereses a seis meses, aunque sea el 50% de la tasa básica, por ser a seis meses, es tres veces más alta”, aseveró Pérez.
Una preocupación más por el proyecto es que permite a microfinancieras, con un patrimonio mínimo de ¢250 millones, realizar operaciones de titularización de sus carteras de crédito y colocarlas entre los integrantes del SBD. “¿Quién está asumiendo el riesgo? El sistema. Y puede quedar desfinanciado en corto plazo”, aseguró Fishman.
Un giro. Debido a los cuestionamientos de Pérez y Fishman, desde el miércoles un grupo de diputados y asesores trabaja fuera del plenario para buscar un acuerdo y agregar algunas de sus observaciones.
Carmen Muñoz, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que les preocupa que prácticamente se levantara la sanción a los bancos por no trasladar recursos al fondo para desarrollo.
Este aspecto, agregó, debe ser corregido, aumentando la multa.
Annie Saborío, del Partido Liberación Nacional (PLN), cree que no hay posibilidad de que los bancos dejen de transferir los recursos para la Banca de Desarrollo porque la multa implica una afectación patrimonial fuerte.
No obstante, reconoció que estudian la posibilidad de aumentar la sanción económica.
Gastos. El proyecto además propone triplicar los gastos administrativos de la Secretaría Técnica del SBD, lo cual genera fuertes críticas. Estos se elevarían de 0,5% a 1,5% del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade). Hoy eso implicaría pasar de un presupuesto de ¢500 millones a ¢1.500 millones.
Para Fishman y Pérez esto es “exagerado”, pues esa dependencia solo tiene 14 funcionarios y se le paga al Banco de Costa Rica 1,25% por administrar el fideicomiso.
Miguel Aguiar, director de la Secretaría Técnica del SBD, justificó que los recursos adicionales son necesarios para regionalizar el Sistema y llevar el servicio a zonas donde no existe.
En el mismo sentido se pronunció la diputada Annie Saborío, proponente del cambio. “La Secretaría requiere plata para darles seguimiento a los proyectos, capacitación y regionalización”, replicó.
