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Una iniciativa de ley propuesta por el Gobierno crearía un régimen de empleo especial para el Ministerio Público, a pesar de que la propia administración de Carlos Alvarado presiona a los diputados por una reforma para equiparar todos los salarios en el Estado.
El plan se llama Ley de Carrera Fiscal y tiene como objetivo principal “garantizar en igualdad de condiciones, el ingreso, selección, ascenso, permanencia, finalización del cargo, los derechos y obligaciones” de la función fiscal.
Dicho proyecto consta de 41 artículos y tres transitorios y establecería sus propias regulaciones en materia de ingresos, incentivos por capacitación o ascensos; al tiempo que pide derogar “toda normativa en lo que se le oponga”.
En cuanto a salarios, el numeral 21 del capítulo de escalafones y puestos, propone una escala de 11 cargos de la carrera fiscal, donde la remuneración de esos puestos “se hará de forma escalonada y proporcional al orden jerárquico dispuesto”.
La jerarquía descendente iniciaría con el cargo de fiscal o fiscala general, sigue con el subrogante, continúa con el fiscal o fiscala adjunta de “reclutamiento, selección, capacitación y supervisión del Ministerio Público” hasta terminar con el fiscal o fiscala auxiliar.
Sin embargo, ese artículo no brinda más detalle sobre remuneraciones, aunque el apartado 7 crea el Consejo de la Carrera Fiscal que tendría entre sus funciones “conocer y recomendar los diferentes beneficios e incentivos de la carrera fiscal”.
Incentivos por capacitación
En cuanto a beneficios o incentivos, un capítulo del texto indica que al recibir capacitación “inicial, periódica y especializada”, tanto a nivel local como fuera del país, “cuando proceda” recibirán la “remuneración correspondiente, viáticos y gastos de manutención”.
Pero deja claro que estos beneficios serán otorgados de conformidad con el reglamento aprobado por la Contraloría General de la República (CGR).
El inciso d, del artículo 34, agrega que los funcionarios nombrados como interinos o en propiedad en una zona de riesgo recibirán un incentivo económico conforme a las políticas correspondientes del Poder Judicial.
Dicho capítulo regula todo lo referente a becas que, según indica, deberán recibirse en condición de equidad y los beneficiarios deberán retribuir a la institución.
El acceso a los beneficios e incentivos contenidos en ese capítulo también se extiende al resto de profesionales del Ministerio Público.
Empuje del Ejecutivo
El Gobierno impulsa esta iniciativa y la convocó para el periodo de sesiones extraordinarias, mientras que empuja una reforma al empleo público que unificaría en un solo sistema los regímenes existentes en el Estado.
El abogado constitucionalista, Rubén Hernández, aseveró que este texto de carrera fiscal es “incompatible” con la Ley de Empleo Público.
“Constituiría un pésimo precedente establecer excepciones por ley”, insistó.
Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, indicó a La Nación que el texto sobre la carrera fiscal que se tramita en el expediente 20.978 “ha estado presente en todas las convocatorias del Poder Ejecutivo, desde julio del 2019 a la fecha”.
Dinarte reconoció que la última convocatoria, antes de que el Gobierno limpiara la agenda del plenario, no formó parte del diálogo con las fracciones. Este diario intentó ampliar las declaraciones de la ministra, pero al cierre de esta información las consultas seguían en trámite.
Por su parte, Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), evitó referirse al texto en cuestión. Ella es una de las principales impulsoras del plan de Empleo Público.
Mideplán elaboró la reforma al empleo público que crea un esquema de salario global con un monto único, en sustitución del sistema de pluses que atomizan el gasto público en remuneraciones.
Dicha iniciativa contiene principios rectores, evaluación del desempleo y crea un Sistema General de Empleo Público donde estarán las oficinas de Recursos Humanos de todas las instituciones a las que cubre, incluido el Poder Judicial.
Además, crea un único régimen de empleo público compuesto por ocho familias de puestos. Una de ellas es, precisamente, la de personas que administran justicia y los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Evaluación de desempeño
El resto del proyecto sobre el régimen de empleo especial en el Ministerio Público versa, principalmente, sobre los principios rectores de la carrera fiscal, concursos, reclutamiento y selección. De igual modo, trata de nombramientos y ascensos.
Con respecto a la valoración del mérito dice que el ingreso, la permanencia y la promoción de los funcionarios se regirán “por un sistema de méritos que reconozca y promueva a quienes demuestren capacidad e idoneidad funcional y ética”.
Indica que esa evaluación se realizará con base en criterios objetivos y de transparencia que, según dice, serán debidamente publicitados. Además, este aspecto será determinado por el resultado de las pruebas de ingreso y de desempeño.
“Será contemplado cualquier beneficio distinto a los de naturaleza económica que se otorgue a las fiscalas y los fiscales, se rigen por los méritos que reconozca y promueva a quienes demuestren capacidad e idoneidad a partir de la evaluación del desempeño”, dice el texto.
Para ingresar al proceso de reclutamiento y selección, el interesado deberá, por ejemplo, realizar un examen escrito sobre la función del órgano fiscal.
“Dicho examen deberá ser aprobado con una nota que no sea inferior a 80 sobre 100″, detalla la iniciativa, que ofrece un proceso de apelación para estas pruebas.
