Carlos Alvarado, presidente de la República, argumentó la ausencia de “estudios técnicos consolidados” y el “peligro real” para empleos existentes en la pesca artesanal y en turismo, como dos de las razones para vetar el proyecto de ley que propone revivir la pesca con redes de arrastre en el fondo marino en el Pacífico del país.

Así se lo comunicó el viernes por la noche a los diputados, a través de un informe escrito enviado al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, en el que esboza las razones de “oportunidad y conveniencia” para vetar ese proyecto de ley y devolverlo a la corriente legislativa, donde fue aprobado en segundo debate con 28 votos a favor y 18 en contra, la semana anterior.

Como tercer y cuarto elemento, el mandatario razonó sobre las posibles consecuencias al país por “incumplir” objetivos de desarrollo sostenible en combate a la pobreza y la sostenibilidad de la vida submarina; así como los efectos en los planes de su gobierno para preservar el medio ambiente.

LEA MÁS: Presidente Alvarado veta proyecto de ley para revivir pesca de arrastre

Según Alvarado, en el marco republicano costarricense, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de impulsar soluciones que generen bienestar y empleos respetuosos de las garantías y los derechos humanos.

“Actividades productivas que sean sostenibles en el tiempo y que generen riqueza distribuida de manera justa en la provincia de Puntarenas, así como en el escenario integral de otras regiones del país y con ocasión de otras técnicas de pesquería, todo lo anterior en observancia del bloque de constitucionalidad y legalidad”, concluye Alvarado.

Firman el documento, además del gobernante, los ministros de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Ambiente y Energía (Minae), Renato Alvarado y Andrea Meza Murillo.

Precisamente, fueron esos dos jerarcas quienes, desde el Gobierno, le pidieron al mandatario valorar el veto al proyecto y expusieron las mismas razones que, a su vez, el presidente envía a la Asamblea.

Cuestiona estudio de Incopesca

“El primer elemento por considerar radica es la ausencia de estudios técnicos sólidos y consolidados para demostrar la sostenibilidad de la pesca de camarón con red de arrastre, a efectos de valorar la pertinencia y viabilidad de restablecer tal práctica a priori de cualquier reforma normativa”, señaló el mandatario.

Acto seguido asevera que, para demostrar la compatibilidad de la pesca de arrastre se deben analizar los impactos sociales y económicos en las diferentes pesquerías, con especial énfasis en la pesca artesanal, así como en el sector turismo.

Sin embargo, el informe que cuestiona lo hizo Incopesca a finales del 2018, durante su administración.

Añade que una investigación en esa línea requiere de plazos extensos, un enfoque multidisciplinario y de inversión económica, de lo cual, afirma, se aparta el proyecto de ley.

"Debe reiterarse que este tipo de estudios son complejos y abarcan el impacto en la fauna de acompañamiento, en el fondo marino, la biomasa (para determinar la disponibilidad de camarón), los emprendimientos productivos circundantes y del ecosistema en general.

“Contrario a lo que se requiere para determinar y afirmar la sostenibilidad de la práctica, el referido Decreto Legislativo se aparta de las consideraciones técnicas precisas, toda vez que fija el plazo de un año para llevar a cabo las investigaciones y le traslada dicha tarea únicamente al Incopesca”, añade el informe de Presidencia.

La iniciativa elaborada desde el despacho del legislador restauracionista Melvin Núñez, contempla revivir el otorgamiento de permisos a barcos semiindustriales para capturar camarón con fines comerciales, luego de que la Sala IV prohibió renovar y emitir nuevas licencias, en el 2013.

En aquella ocasión los magistrados consideraron que la técnica tradicional de arrastre provoca severos daños ambientales a causa de la gran cantidad de especies que captura aparte del camarón.

Pero la Sala dejó abierta la posibilidad de otorgar nuevas licencias, mediante una ley, si estudios técnicos y científicos demuestran la efectividad de dispositivos excluidores que sustenten la compatibilidad de la pesca de camarón con el ideal del “desarrollo sostenible democrático”.

Para ello, el alto tribunal constitucional exigió estudios de redes con dispositivos que excluyan las especies como peces y tortugas, las cuales no son el objetivo principal de la pesca de camarón. A esas especies se le llama Fauna de Acompañamiento (FACA).

LEA MÁS: Estudio que reviviría pesca de arrastre genera debate científico

Con la idea de cumplir con ese mandato, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) realizó una investigación en la boca del golfo de Nicoya, entre octubre y diciembre del 2018, según la cual, mediante el uso de una nueva red excluidora de FACA, a la que denominaron AA Costa Rica, se logra que el 75% de cada tonelada de pesca corresponda a camarón y el 25% a otras especies. La investigación se hizo con las especies Pinky y Fidel.

Con el método tradicional, hasta el 95% de cada tonelada extraída del fondo es FACA y solo el 5% es camarón, de acuerdo con estudios hechos en el 2008 y 2017 por Incopesca y el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en el país. Sin embargo la investigación es cuestionada por ambientalistas y académicos.

Precisamente, el proyecto de ley se basa en ese estudio y había recibido primer debate en noviembre del 2019. Luego los diputados lo sometieron consulta constitucional y la Sala IV avaló el texto al decir que “no contiene vicios de constitucionalidad de carácter sustancial de procedimiento ni fondo”.

“Siempre y cuando, en el último caso, se interpreta que la reforma al artículo 46 de la Ley de Pesca y Acuicultura preserva de manera intacta las competencias que les corresponden a los órganos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente”, dijeron los magistrados en julio anterior.

En el informe enviado este viernes a la Asamblea Legislativa, el mandatario aseveró que un amplio estudio para determinar la sostenibilidad de ese tipo de pesca requiere de una inversión aproximada de ¢3.000 millones, que incluiría alquiler de embarcaciones, y que la investigación debe ser desarrollada por Incopesca y Minae de la mano con la academia.

El mandatario recordó que si bien el estudio de Incopesca representa un avance, el mismo informe menciona que para poder declarar la viabilidad de la pesca sostenible de arrastre se necesitan varios años de estudios, que determinen las épocas reproductivas del camarón, tiempos de vedas y picos de reproducción, madurez de la especie y disponibilidad del recurso.

Alvarado también citó que el Minae, en octubre del 2018, cuestionó la metodología de la investigación y que un año después hizo lo mismo la Procuraduría General de la República (PGR).

Efectos adversos al empleo

En cuanto a los efectos socioeconómicos “negativos”, el mandatario explicó que si bien uno de los argumentos para reactivar esta pesquería es la generación de empleos en Puntarenas, la reforma de ley se “torna en un peligro real para la estabilidad de otros oficios y de diversos sectores vinculados”.

Como ejemplo citó la pesca artesanal y el turismo. De la primera indicó que, según la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (Ospesca), aproximadamente 14.800 personas se dedican a la pesca artesanal en el país.

No obstante, en un oficio del 6 de agosto del 2019 enviado a la diputada oficialista Paola Vega, Incopesca informó que en el país habían a esa fecha 1.900 licencias comerciales de pequeña escala.

Mientras que en otro documento enviado en agosto de ese año a la Unión Independiente de Pescadores Camaroneros (Unipesca), Incopesca indicó que la flota artesanal oscilaba entre 1.900 y 4.000.

En su fallo de 2013 La Sala IV pidió que una nueva legislación debe sustentarse, además, en una pesca compatible con el ideal del “desarrollo sostenible democrático”.

El director de la fundación ambientalista Marviva, Jorge Jiménez, interpreta que ese desarrollo sostenible democrático no debe ser solo con el medio ambiente, sino con las familias que dependen de la pesca artesanal. Jiménez ha señalado que la pesca de arrastre captura FACA que sirven de alimentos para las especies de pesca artesanal.

En el 2017 el Incopesca zonificó las áreas de pesca y dejó un área que inicia desde las costas y termina hasta los 70 metros de profundidad del mar, para la pesca artesanal, y a los semiindustriales desde los 70 metros de profundidad y hasta los 1.100 metros de profundidad mar adentro.

El mandatario también citó a la Federación Costarricense de Pesca (FECOP), la cual indica que de los 3 millones de turistas que ingresan al país antes de la pandemia, 150.000 arriban para practicar la pesca turística.

“Esta actividad contribuye anualmente con aproximadamente $520 millones al país. Ambas fuentes de empleos se podrían ver altamente afectadas por la reactivación de la pesca de arrastre, debido su impacto en las poblaciones de peces comerciales y ecosistemas”, señaló el mandatario.

Asimismo, dejó ver que un estudio de la Universidad Nacional (UNA) del 2015, reveló que existían 189 personas vinculadas a la captura de camarón (tripulantes de embarcaciones), 400 peladoras (tanto de camarón silvestre como de cultivo), 60 proveedores de servicios y 27 licenciatarios.

A partir de estos números, se estimó en total la generación de 590 empleos directos por el sector de pesca de arrastre.

“Frente a los esfuerzos que actualmente se despliegan para la recuperación económica, resulta inconveniente propiciar una acción que desgaste aún más dicho sector y ponga en riesgo la mayor parte de su fuente de ingresos, así como los empleos de relevancia para el país derivados de esta actividad económica”, dijo el mandatario sobre los efectos en turismo.

La visitación de turistas nacionales y extranjeros depende de tener ecosistemas con buena salud, añadió.

Posteriormente, aseveró que, de restituir esa técnica de pesca, el país sufriría consecuencias en el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de reducción de la pobreza y sostenibilidad de la vida submarina.

La Organización Mundial del Comercio pidió eliminar las subvenciones a la pesca que contribuyan a la sobrecapacidad y la sobrepesca; mientras que el Comité de Pesca de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó el año pasado desarrollar la actividad pesquera con base en la evidencia científica y un enfoque integrador.

“La presente administración ha impulsado diversos trabajos con enfoque sostenible, desde la perspectiva económica, social y ambiental, que generen calidad de vida con beneficios directos a las comunidades costeras”, dijo el mandatario sobre la cuarta razón de su veto.

Finalmente, el presidente explica a los diputados que su gobierno ha desarrollado varios proyectos para reacrivar la economía de Puntarenas. Uno de ellos es la rectivación de la Isla San Lucas como destino turístico, proyectos de mallas para que las mujeres produzcan hortalizas y otras iniciativas urbanas como “Jale al puerto” para promover la visitación de la ciudad.

“Además, se han promovido actividades económicas relacionadas con maricultura y acuicultura, con especial atención en grupos de mujeres y grupos organizados”, indicó.