Actualmente, la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Hacienda chocan porque ambas entidades tienen una interpretación distinta acerca de la forma en que debe aplicarse este mecanismo.

Según la Contraloría, el máximo que puede gastar el Gobierno Central este 2020 es ¢7,5 billones, mientras que Hacienda sostiene que son ¢7,9 billones. La diferencia es de ¢433.133 millones.

La CGR sostiene que el tope de este año debe calcularse con base en los recursos ejecutados del 2019, versión que han respaldado varios diputados, incluido Muñoz. Por su parte, Hacienda insiste en que la estimación debe hacerse a partir del presupuesto inicial del año pasado.

Muñoz sostiene que la posición de la Contraloría es coincidente con documentos que emitió el Banco Central (BCCR) y, con base en los cuales, los diputados aprobaron la reforma fiscal a finales del 2018.

Muñoz afirmó que, en uno de esos escritos, el BCCR asegura que la regla fiscal significaría casi un 40% del ahorro logrado con la reforma fiscal; en el otro, sugirió que la base para calcular el déficit fiscal es el gasto corriente efectivo, o sea, el ejecutado, y no el presupuestado.

"Esos documentos prueban que la norma es clara y que no hay espacio para confusión, y prueban que por lo menos de ahora en adelante, si no se cumple, hay dolo, porque no pueden alegar confusión”, exhortó el socialcristiano.

Uno de los documentos, con fecha del 18 de octubre de 2018, lo envió el Banco Central a los diputados. El siguiente es un extracto del texto:

“Bajo el supuesto de la implementación estricta de la regla (fiscal), el Banco Central estima su rendimiento en hasta 1,55% del Producto Interno Bruto al 2022 (excluyendo el impacto de las reformas sobre remuneraciones). Por tanto, este componente contribuye en más de un 40% al rendimiento total de la reforma”.

El otro documento, del 5 de julio del 2019, lo firma Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central. Está dirigido a Daniel Sáenz, gerente de Área de la Contraloría.

“El punto de partida para proyectar el déficit y la deuda del Gobierno Central son los valores que a finales de enero del 2019 informó el Ministerio de Hacienda sobre los resultados del 2018. Es decir, particularmente para el caso del gasto corriente, lo que se toma como base de cálculo es el gasto corriente “efectivo” (ejecutado) de 2018. De la misma forma, el punto de partida para las proyecciones de deuda es el saldo de deuda observado al término del 2018”, reza la carta.

Según el legislador del PUSC, el primer documento fue “muy importante” para los diputados, pues lo tomaron como insumo para votar afirmativamente el proyecto de ley 20.580, expediente bajo el cual se tramitó el plan fiscal.

El otro escrito, el del 2019, lo que deja ver, considera el legislador, es “el diferendo” que había desde entonces entre la Contraloría y el Ministerio de Hacienda sobre el asunto, el cual viene desde la gestión de la exministra Rocío Aguilar.

“Todos estábamos tranquilos porque se iba a cumplir el objetivo de déficit fiscal, hasta que no fue así. Por eso hicimos la interpelación con el ministro (de Hacienda, Rodrigo Chaves)”, dijo Muñoz.

LEA MÁS: Presupuesto de Gobierno decrecería en ¢433.000 millones si regla fiscal se aplica como exige Contraloría

Banco Central avala posición de Hacienda

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, dijo a La Nación que la entidad que representa respalda por completo el criterio del Ministerio de Hacienda.

“En esas proyecciones, que se hicieron públicas, usamos el presupuesto devengado del 2018 para poder estimar el impacto posible de la regla fiscal, en respuesta de la solicitid de la Contraloría, que era qué metodología habíamos usado".

"Eso es muy distinto a sostener que lo que debe usarse, ya una vez que se formula un presupuesto para efecto de aplicar la regla fiscal, es un presupuesto devengado y no el formulado”, dijo el jerarca del Central.

En criterio de Cubero, existe un problema operativo con respecto a cómo la Contraloría interpreta que debería aplicarse la regla fiscal.

“Si yo me encuentro en el año 2019 y tengo que hacer un presupuesto para el 2020, el presupuesto para el año 2020 se formula en los meses anteriores a setiembre, que es cuando el Poder Ejecutivo tiene que entregar el presupuesto a la Asamblea Legislativa. De manera que, ya desde mediados del 2019, tiene que estar listo el presupuesto del 2020 y, sin embargo, a esa fecha, yo todavía no tengo el presupuesto ejecutado del 2019”, afirmó.

Según Cubero, calcular la regla fiscal como lo interpretan la CGR y algunos diputados implicaría que el cálculo de la regla fiscal se haga cada dos años y no anualmente.

“¿Con qué base voy a calcular la regla fiscal? Tendría que retrotraerme al presupuesto devengado. Usando la intepretación de la Contraloría, para el año 2018, es decir, dos años atrás del año en que se tiene que aplicar la regla fiscal. Eso implicaría que la tasa de crecimiento de la regla fiscal, que es anual, se convertiría en una tasa de crecimiento para un período de dos años”, argumentó.

El Gobierno respalda la posición de Hacienda y del Banco Central.

Este jueves, el presidente Carlos Alvarado expresó que quienes aumentaron el gasto público durante los últimos 20 años hoy le exigen aplicar la regla fiscal de manera que el Presupuesto Nacional se reduzca en ¢433.000 millones en el 2020, medida que, en su criterio, provocaría el cierre de ministerios.

“Se están paseando en el país por politiquería y lo hicieron antes. Y yo me estoy tragando este costo, pero para hacer algo para este país. Eso es lo que estoy haciendo”, mencionó.

En tanto, Muñoz dijo: “Mi objetivo con estos documentos es contestarle al presidente de la República, que dijo hoy que nosotros estábamos haciendo politiquería. No estamos haciendo politiquería; estamos trabajando muy seriamente, muy responsablemente, muy técnicamente, basados en documentos".