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“Para ver si se acortaban los tiempos que esto dura”. Con esta frase, la diputada y presidenta del Frente Amplio, Patricia Mora, admitió que presionó al Ministerio de Trabajo sobre el caso de un sindicalista, quien labora en la empresa del legislador del PLN, Antonio Álvarez.
El martes, en la sesión del plenario, la congresista Mora aseguró que su intervención y llamados ante el viceministro de Trabajo, Harold Villegas, se dieron en el marco de su gestión como parlamentaria.
Mora se refirió así a las cartas, correos y reuniones que ella y sus asesores han sostenido con Villegas, para pedir celeridad en el caso de un sindicalista que labora en la bananera Córcega S.A, que preside Álvarez.
La diputada expresó que interpuso sus gestiones para impulsar la denuncia por supuestas prácticas laborales desleales y persecución sindical.
La denuncia señala que un funcionario de la empresa quedó fuera de un comité de resoluciones laborales, sin que se contara con las garantías sindicales. Lo anterior, pese a que dentro de la compañía no hay sindicato.
“Desde el inicio, hicimos eco de la denuncia. Primero, antes de que la hiciera el sindicato, me buscó un grupo de trabajadores de la finca (Córcega), y es en ese sentido que le he dado seguimiento y que, responsablemente, y, para, precisamente, ver si se acortaban los tiempos que esto dura (...), fue que pedí que me informaran sobre la solicitud”, dijo Mora en el plenario.
Queja. Álvarez Desanti comentó que lejos de perseguir al sindicato, se ha sentido perseguido por sus colegas del Frente Amplio.
Álvarez envió una carta al ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, en la cual le pide que no se politice el tema. Solicita que se recuse a los inspectores de trabajo y se suspenda el proceso, para aclarar si hay intromisión política del Frente Amplio.
El caso en la finca Córcega se inició formalmente en marzo de este año, informó a La Nación el viceministro Villegas.
El jerarca afirma que no ha tenido injerencia en el proceso, sino que se ha limitado a transferir información requerida por la bancada del Frente Amplio.
Rodrigo Acuña, director nacional e inspector general de trabajo, envió este martes una nota a la diputada Mora, en la cual le aclara que no ha habido injerencia política en el proceso. Además, que los trámites, como el del caso Córcega, son lentos en vista de las herramientas jurídicas propias de la ley.
Ante lo sucedido, lo que era un proceso laboral se ha vuelto un asunto de discusión legislativa.
