Partido de Chaves cobró ¢38 millones al TSE por controlar transporte que, según Brunner, ‘no existió’

El gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD) le cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢38 millones por un servicio de monitoreo y control de transporte, para la primera ronda electoral del 6 de febrero, pese a que la agrupación careció de transporte en esa jornada, según había revelado Stephan Brunner Neibig, actual vicepresidente de la República, en un audio de WhatsApp que trascendió a finales de agosto.

En la grabación que él envió en marzo pasado al entonces candidato presidencial, Rodrigo Chaves Robles, le contó que el empresario Calixto Chaves Zamora, director de la campaña, le ordenó hacer la contratación para “controlar algo que al final no existió”. En aquel momento, Brunner era el tesorero del PPSD y, en esa condición, se encargó de firmar el contrato con el proveedor.

Ahora, el PPSD le pasó la factura al TSE con el objetivo de que esta sea reembolsada con recursos públicos. Así consta en la información contable y bancaria que aparece en la liquidación de gastos que Progreso presentó al TSE, el 22 de julio, a fin de acceder al dinero de la deuda política.

El PPSD pagó el servicio de monitoreo de transporte mediante una transferencia bancaria y bonos de deuda política a la empresa New Touch Renovation Costa Rica S. A. (BIT Costa Rica). No obstante, en la misma liquidación, consta que el partido casi no gastó en transporte. La partida de este rubro, para las dos rondas, fue de solo ¢19 millones, es decir, la mitad del pago por el monitoreo.

En el audio de 21 minutos del entonces tesorero del PPSD y ahora vicepresidente, cuya veracidad fue confirmada por Brunner y Chaves, se escucha decir al hoy alto funcionario:

“En la primera ronda, no sé si usted sabe, contratamos por ¢25 millones un sistema de control para el transporte y yo le dije a don Calixto: ‘Vea, no podemos hacer eso, hasta que no tengamos la plata segura para transporte’. Y él me dijo que no, que le diera viaje, y al final, como usted sabe, no tuvimos transporte, entonces pagamos ¢25 millones para controlar algo que al final no existió. Entonces, me da miedo que don Calixto vuelva a hacer lo mismo. Ahora, a todos los tengo advertidos...”.

¿Qué dicen la presidenta del PPSD y el proveedor?

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En la liquidación de gastos del PPSD, consta un contrato con BIT Costa Rica para proveer servicios tecnológicos de “monitoreo, seguimiento y supervisión, en tiempo real, de toda la flotilla vehicular contratada por el partido para el transporte de votantes”.

En ese contrato, se especifica que el servicio se iba a brindar en 28 cantones del país –sin indicar cuáles–, y que dentro de la flotilla monitoreada se incluiría el “vehículo que moviliza al candidato presidencial Rodrigo Chaves en los diferentes centros de votación”.

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También se precisó que la gestión se realizaría mediante una aplicación de BIT Costa Rica, disponible para dispositivos iOS y Android, con el objetivo de tener comunicación con los “sujetos involucrados en el transporte en los centros de votación” y que solo se efectuará el día de las elecciones en primera ronda. El contrato finalizaba a las 7 p. m. de ese día.

En el acuerdo, se estableció un precio de ¢24,8 millones, de los cuales ¢5 millones se cancelarían al inicio para empezar el proyecto y los ¢19,8 millones restantes se costearían con bonos de deuda política por ¢33 millones; es decir, al final la empresa iba recibir ¢38 millones.

El partido aportó al TSE un depósito de ¢5 millones hecho a la empresa por Stephan Brunner desde una cuenta del PPSD en el Banco de Costa Rica (BCR), el 24 de enero, 13 días antes de los comicios de primera ronda.

Además, aparece un recibo, por ¢33 millones, por la entrega de bonos de deuda política a Massimo Esquivel Tessoni, quien figura como secretario de la junta directiva de la empresa y aparece en el contrato como apoderado generalísimo, junto con un inversionista estadounidense, de nombre Juan Carlos Bustamante Tantalean, quien reside en el estado de Virginia, EE. UU.

‘No fue por culpa nuestra’

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Consultado por La Nación sobre el contrato, Massimo Esquivel Tessoni dijo que el servicio sí se efectuó, aunque reconoció que la flotilla monitoreada fue “mínima” –sin poder precisar un número–, e insistió: “No fue por culpa nuestra”.

Reiteró que, ante la falta de conductores, entonces monitorearon a los fiscales verdiazules en los centros de votación, algo que no estaba estipulado en el acuerdo contractual.

También afirmó que se le entregó al partido una rendición de cuentas del servicio brindado; sin embargo, cuando se le pidió ese documento, dijo: “No me siento en libertad de facilitarlo sin autorización de ellos (el partido)”.

Agregó que él conversó sobre ese contrato con un grupo de unas 10 personas de la campaña, entre quienes estaban Mery Munive, hoy vicepresidenta; y Douglas Caamaño Quirós y Marino Donato, a quienes identificó como coordinadores de transportes.

‘Sus declaraciones lo dejan mal parado’

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Massimo Esquivel Tessoni dijo creer que, en el audio, el vicepresidente Brunner estaba “confundido” y quedó “mal parado” con lo dicho.

“Yo estuve negociando con Brunner, él fue el que suscribió el contrato con nosotros. Yo lo que creo es que él está confundido. En primer lugar, repito, no nos pagaron ¢25 millones. Nos dieron en efectivo ¢2,2 millones, más el IVA, y el resto, repito, era con bonos que nos jugamos el chance porque en ese momento, matemáticamente, no tenía posibilidades, Rodrigo Chaves, de ser presidente.

“(...) Lo único que puedo decir con respecto a las declaraciones del vicepresidente Brunner es que, más bien, sus propias declaraciones lo dejan mal parado, en el sentido de que él, siendo el tesorero de la campaña, en buena teoría, pues, aparentemente, no sé, realizó pagos que no tenía que hacer, pero ya eso es un tema que escapa de nuestro control”, manifestó Esquivel Tessoni.

‘No entiendo de dónde saca Brunner semejante afirmación’

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Douglas Caamaño, quien afirmó haber sido el coordinador general del día de las elecciones (Día E) y de la estrategia electoral, sostuvo que el servicio de monitoreo sí se dio, pues él llevaba el control en un cuarto destinado a eso.

“No entiendo de dónde saca Stephan Brunner semejante afirmación, a menos que él quiera validar una mentira, o quiera meterle presión al presidente con mentiras, pero ya es un tema muy personal entre don Stephan y don Rodrigo, si don Stephan le quiso mentir a don Rodrigo o no”, dijo.

Aseguró que él aprovechó la plataforma de transportes y todo “salió a pedir de boca”.

Según dijo, el contrato fue validado en una reunión con la empresa en la que estaban el exjefe de campaña, Manuel Figueroa; la subdirectora de campaña, Mayuli Ortega; y la ahora segunda vicepresidenta Mery Munive.

Caamaño declaró que, si bien el alquiler de autos fue mínimo, sí tuvieron mucho voluntariado al que se le dio combustible y eso fue lo que se supervisó desde la plataforma. Al preguntársele la cantidad de voluntarios en transporte, dijo que tendría que revisar el dato.

“Si Brunner asume que no hubo transporte, está demasiado distante de la verdad y la realidad.

“Es la mejor respuesta que yo le podría dar a Stephan Brunner. Yo oí el audio y me dolió mucho que haya hecho una afirmación de ese tipo porque no está ni cerca de la realidad. Él sabrá por qué la hizo y por qué quiso decirle eso al presidente en ese momento”, agregó.

Por su parte, la presidenta del PPSD, la hoy diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, dijo desconocer la existencia de este contrato en específico. Argumentó que era la tesorería de la agrupación —liderada por Brunner— la que manejó el tema de transportes y que prefería esperar hasta que concluya el análisis del TSE de la liquidación de gastos presentada para pronunciarse sobre el tema.

“Entregamos al TSE todo en tiempo y forma, y que de esto estamos apenas esperando los análisis que haga el Tribunal. Son temas más que todo de Tesorería, para efectos de apegarnos a lo que nos diga el Tribunal, una vez que haga este análisis. Apenas tenemos menos de dos meses de haber entregado la liquidación. Es lo que le puedo decir, porque son temas muy específicos. De transportes no, porque todo esto se manejaba a nivel de proveedores, de la parte de contabilidad y tesorería”, afirmó Alpízar.

Poco gasto en transportes

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En consonancia con lo afirmado por Brunner en el audio, en los auxiliares contables de la liquidación de gastos del PPSD, entregados al TSE, no aparecen gastos mayores en la partida de transporte, de previo a la primera ronda.

La agrupación solo justificó el pago de nueve desembolsos por un total de ¢2,8 millones, es decir, un 7,4% de los ¢38 millones que costó el servicio de monitoreo electrónico que no se utilizó.

Y si se toma toda la partida de transportes, tanto para la primera como la segunda ronda, el monto asciende a ¢19 millones, de lo cual se deduce que se pagó más por el monitoreo que por el transporte para movilizar votantes a las urnas en dos contiendas electorales.

En la partida de arrendamientos, para la primera ronda no figura ningún alquiler de vehículo y para la segunda, cuando el contrato por el servicio de monitoreo ya había expirado, sí hay varias facturas. Por ejemplo, el 11 de febrero aparece una por ¢1,4 millones por concepto de “pago del alquiler de vehículo, fact. # 02 (sic.)″ y el 20 de ese mes hay otra por poco más de ¢4 millones y en la descripción se consignó: “pago de arrendamiento de vehículos”.