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El PAC utilizó dinero que le reembolsó el TSE, en este mes de agosto, para pagarle al Estado un primer abono de ¢200 millones por haber estafado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al cobrar la deuda política de las elecciones del 2010.
En los primeros días de este mes, el Partido Acción Ciudadana (PAC) recibió un reintegro de ¢206 millones correspondiente a una liquidación de gastos de organización del 2020.
El 13 de agosto, estos recursos fueron empleados para empezar a saldar la condena civil que exige al partido un pago de al menos ¢627 millones en favor de las arcas públicas.
El secretario general de la agrupación, Anthony Cascante, explicó que el reembolso girado por el TSE correspondía a gastos ordinarios hechos antes del 1.° de julio del 2020.
Cascante dio explicaciones luego de que, la noche del domingo, admitió, en Radio Monumental, que “esa plata la conseguimos de un reintegro que nos hizo el Tribunal (Supremo) de Elecciones (TSE) de unos gastos que habíamos sometido hace algún tiempo”.
No obstante, el secretario general sostiene que, si bien utilizaron el reintegro para descontar parte de la condena económica, el origen del dinero es privado. Argumenta que, antes de cobrarle la liquidación al TSE, debieron incurrir en gastos mediante donaciones privadas.
“Mi criterio es que no estamos usando recursos del Estado. Es una plata privada. Sí se le ha estado dando vuelta, claro que se la ha dado vuelta. La plata se da vuelta aplicando un mecanismo legalmente válido”, expuso.
“El Tribunal nos reintegra esa plata porque nos paga otro tipo de gastos que no tienen nada que ver con esta sentencia”, expuso.
Cascante dijo que el partido de San Pedro de Montes de Oca ha recibido ¢950 millones en contribuciones a lo largo de sus 20 años de existencia.
Esos son recursos ingresan a una cuenta bancaria y se van utilizando conforme el partido realiza gastos.
Luego, acude con las facturas al TSE para que este les haga los reembolsos a cuenta de su reserva de contribución estatal para organización y capacitación, como consecuencia de los votos obtenidos en cada elección nacional.
De haber hecho la gestión a la inversa, el PAC no habría podido acceder a reintegros del TSE de su reserva, pues la jurisprudencia del Tribunal lo impide.
Es decir, si el partido paga primero los ¢200 millones de la estafa, luego esa factura no no habría sido reconocida por el órgano electoral.
Después de cada elección, el Tribunal de Elecciones realiza un desembolso a los partidos para liquidar sus gastos de campaña. No obstante, cada partido debe decidir qué porcentaje de su deuda política guarda para los gastos ordinarios.
En el 2018, Acción Ciudadana accedió a ¢5.220 millones por la cantidad de votos que obtuvo, pero por estatuto reservó ¢1.044 millones.
Cascante sostuvo que el PAC no planea pedirle al TSE el reembolso del dinero pagado al Estado por la estafa.
“Esa plata que pagamos ya no lo podemos reintegrar. Eso murió ahí. Ese ciclo de gastos, reintegros, gastos, reintegros, se acabó. Se murió porque el partido no va a someter esa plata del pago a la Produraduría General al reintegro del Tribunal.
“Entonces, esos ¢200 millones de donaciones ahí se acabaron. El fondo del partido se redujo en ¢200 millones”, concluyó.
Cascante sostiene que recurrir a ese mecanismo no es ilegal y niega que sea inmoral.
“Es como este ejemplo. Tengo ¢100.000 colones, que deposito en el banco. Luego, me hago una transferencia Sinpe para compararme una camisa. La camisa la estoy comprando yo. No es que el banco me está comprando la camisa, el banco me está devolviendo la plata para comprarme yo la camisa”, comparó.
“Pero el origen de los fondos..., si yo no recaudo esa plata de forma privada, jamás la tendría. Es un fondo de trabajo que el partido tiene y de ese fondo ahora lo estamos haciendo más pequeñito en ¢200 millones. El partido pierde esa capacidad de seguir liquidando gastos, eso tiene una consecuencia para el partido”, continuó.
De no existir ese sistema de financiamiento estatal a las agrupaciones políticas, el cual es usado por todas las agrupaciones, “los partidos tendríamos que vivir únicamente de las contribuciones privadas”, indicó el secretario.
“Pero ese es un escenario hipotético que no existe. Es más, la estafa no hubiera existido si no hubiéramos intentado meterle gastos al Estado”, finalizó.
La pena la impuso el Tribunal Penal de San José en el 2016 al concluir que, en el 2010, la agrupación le cobró al TSE el reembolso de servicios que en realidad fueron voluntarios o que no existieron.
A principios de agosto, el PAC logró un arreglo de pago con la Procuraduría General de la República (PGR) para cancelar la condena de ¢627 millones por la estafa.
Según el acuerdo, el partido realizaría un primer pago en agosto de este año por ¢200 millones.
Exactamente un año después, para el 2022 deberá cancelar la suma ¢100 millones, mientras que en el 2023 se efectuaran dos pagos, uno de ¢53 millones y el segundo de ¢137 millones.
El último pago, también de ¢137 millones, está previsto para febrero del 2024.
TSE desconoce origen de los fondos
Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, dice que el Tribunal desconoce el origen de los fondos de ese pago realizado por Acción Ciudadana a la PGR.
En la notificación recibida del partido posterior a la primera cancelación por la estafa, aseguró que solo se recibió un comprobante.
También justificó que, como el reporte financiero del actual trimestre que va de julio a setiembre le corresponde a los partidos el próximo entregarlo en el mes de noviembre, no se tiene conocimiento de los movimientos de gastos del PAC durante agosto.
“Sobre si tenemos la información precisa de cómo se componen esos 200 millones, tengo que decirle que aún no”, se excusó el funcionario.
Ante esa dificultad, dijo Chacón, su dependencia envió un oficio el 20 de agosto a la agrupación, en el que le pide aclarar el origen del dinero.
Dicha respuesta deberá ser enviada a más tardar el 3 de septiembre próximo, cuando se cumplen los 10 días hábiles.
Explicó que en todo caso, los partidos políticos presentan cada trimestre la liquidación de gastos al Tribunal. Cuando el TSE recibe la gestión, su departamento hace la revisión y aquellos gastos que cumplen con los requisitos, son aprobados.
Posteriormente, el órgano electoral ordena a la Tesorería Nacional el giro respectivo por el monto comprobado. Luego este pasa a formar parte del patrimonio de la agrupación política.
“A partir de ese momento el partido político es quien decide de manera legítima qué destino le da a esos recursos. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones, uno de esos posibles recursos es el pago de deudas u otras obligaciones que pueda tener. De igual manera puede usarlos para cubrir gastos como alquileres, capacitaciones y demás. El Tribunal no interviene en esa decisión”, dijo el funcionario.
Chacó resaltó que el TSE nunca ha recibido de algún partido político una solicitud para que se le reconozca el pago derivado de una sentencia judicial.
En caso de que ocurriera, “ese tipo de gastos no pueden ser reconocidos con recursos del aporte estatal”, sentenció el funcionario.
