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Dos grupos de diputados presentaron, por separado, consultas facultativas de constitucionalidad sobre el proyecto de amnistía para los deudores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La Sala IV tendrá un mes para responder los planteamientos.
La primera gestión fue presentada este jueves, en el tribunal constitucional, y lleva las firmas de 11 diputados del Frente Amplio, Integración Nacional (PIN), Republicano Social Cristiano (PRSC), Restauración Nacional (PRN), Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) e independientes.
La segunda llegó a la Sala IV este viernes; está suscrita por los diez integrantes de la bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y busca asegurar que la iniciativa sea efectivamente constitucional.
La primera consulta, promovida por el frenteamplista José María Villalta, alega que son inconstitucionales varios artículos de la propuesta, por supuestamente violentar la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proyecto, aprobado en su primer debate el 24 de agosto con 42 votos, consiste en una autorización para que la Caja pueda condonar a trabajadores independientes y patronos las deudas con la seguridad social.
El objetivo es condonar deudas de 117.000 trabajadores independientes, a quienes se les podría perdonar la deuda principal, las multas, los recargos e intereses por cuotas de aseguramiento no pagadas.
Mientras tanto, a los patronos se les podría perdonar el monto de las sanciones por cuotas atrasadas con la CCSS, así como el principal así como el principal, intereses y multas de los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular.
No obstante, el argumento de Villalta y compañía es que la autorización a la Caja sería inconstitucional por lo planteado en el último párrafo del artículo 2, el cual obliga a la institución a condonar todos los adeudos indicados en la norma.
“La condonación no podrá ser menor a la totalidad de los rubros indicados en este artículo”, dice la frase impugnada.
El argumento de los consultantes es que, por tener la Caja autonomía política o de gobierno, para fijarse sus lineamientos, fines y objetivos, la iniciativa legal violenta ese grado de autonomía de la institución.
La Junta Directiva de la CCSS les dijo a los legisladores que la condonación violenta esa autonomía en relación con su potestad de gobierno y administración de los seguros sociales.
Además, Villalta y demás diputados firmantes consideran que el plazo para la entrada en vigencia de la ley no obedece a estudios técnicos que se ajusten a los principios de razonabilidad o proporcionalidad.
Igualmente, consideran que aplicar la condonación a trabajadores independientes no inscritos ante la CCSS también violenta principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, “por cuanto no existe siquiera una deuda cierta y determinada, requisito indispensable para que se aplique la figura jurídica de la condonación”.
Esa gestión también dice que hay un vicio de constitucionalidad en el artículo 5 del proyecto, porque señala que las cuotas del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) condonadas “no generarán derechos y beneficios individuales relacionados con estas”.
El argumento de Villalta es que ello va contra el artículo 74 de la Constitución, pues “implicaría una renuncia a los derechos y garantías sociales”.
El tercer reclamo de los 11 diputados es que también es inconstitucional que el proyecto no cuente con con estudios técnicos sobre la afectación al Seguro de Enfermedad y Maternidad y al régimen de IVM.
Finalmente, adujeron que es un vicio contra la Constitución la condonación de la deuda principal que se aplicaría a trabajadores independientes, porque el artículo 73 de la Constitución fija un destino a las contribuciones sociales.
Entonces, adujeron que perdonar la deuda principal podría ser un desvío de las contribuciones, contrario a la norma constitucional.
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Consulta del PAC
En el caso de la gestión firmada por los diez legisladores oficialistas, preguntan si hay una posible transgresión del proyecto al numeral 73 constitucional, pese a que todo el PAC está a favor de la iniciativa aprobada.
La preocupación tiene que ver, también, con desvío de recursos de la seguridad social para otros fines distintos.
También temen una eventual contradicción entre la autorización a perdonar las deudas y el párrafo que dice que la condonación no podría ser inferior a la totalidad de los rubros indicados en el artículo 2 del proyecto.
“Aunque la norma del artículo 2 en su primer párrafo, y en los incisos a y b, solo busca otorgar una autorización legal a la junta directiva de la CCSS para que pueda realizar la condonación, en el último párrafo establece qué y cómo debe condonar y se le ordena que solo puede perdonar la totalidad de los rubros”, dice la consulta constitucional.
En consecuencia, la pretensión de los diez oficialistas es que la Sala Constitucional responda si es constitucionalmente válido que la Asamblea, mediante ley ordinaria, autorice a la CCSS realizar una amnistía para los patronos y trabajadores independientes.
