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El proyecto de Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal se va, este lunes, a consulta en la Sala Constitucional, donde los magistrados tendrán un mes para determinar si hay roces con la Constitución Política en el fondo de la iniciativa o en el trámite legislativo.
La consulta facultativa la promovió el libertario Otto Guevara, con las firmas de los otros dos miembros de su fracción, así como firmas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Acción Ciudadana (PAC).
En la consulta, firmada por 17 congresistas en total, se pide expresamente declarar la inconstitucionalidad de la iniciativa legal, aprobada el jueves 8 de setiembre en primer debate, luego de nueve horas y media de discursos de Guevara, destinados a criticar la creación de un registro centralizado de accionistas y beneficiarios finales de las sociedades anónimas, así como las penas para los defraudadores fiscales.
Guevara asegura que el procurador fiscal dijo en la Comisión de Hacendarios que son excesivos los permisos que el proyecto de ley da al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para acceder al registro de accionistas, pues "violenta el artículo 24 de la Constitución", referido al derecho a la privacidad de los datos.
El libertario también dijo que se violentan principios legales y de seguridad jurídica, porque incluye términos "ambiguos en la descripción del registro de beneficiarios finales de las empresas"; además, cree Guevara que incluir la creación de un registro de accionistas viola el principio de conexidad, o sea que era un tema que no estaba incluido originalmente en el expediente 19.245 y que, según él, no tiene relación con el plan.
Guevara se ha plantado como un enconado crítico de la propuesta de ley, utilizando todos los argumentos y armas reglamentarias que tiene a disposición para frenar el avance de la propuesta.
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"Además, se les obliga a las municipalidades a no otorgar patentes a personas que no estén al día con el pago de los impuestos y no se le hizo una consulta al Tribunal Supremo de Elecciones sobre el proyecto", apuntó el libertario.
El plan contra el fraude fiscal le permite a la Dirección General de Tributación pedir a un juez el embargo de los bienes registrales de los contribuyentes morosos, sospechosos de evasión tributaria, así como la petición de aplicar el congelamiento de bienes como medida cautelar provisionalísima, mientras resuelve sobre el embargo.
La mayor polémica en torno a la iniciativa tiene que ver con la creación del registro de accionistas y beneficiarios finales, que solicitó el Ministerio de Hacienda, para dar acceso a las autoridades a los verdaderos nombres de quienes están detrás de las personas jurídicas, que muchas veces son solo de papel y sirven para actividades delictivas.
