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La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) se pronunció a favor de una reforma legal que permitiría entregar el FCL a los trabajadores asalariados afectados económicamente por la emergencia del coronavirus.
La ACOP dijo estar de acuerdo con girar los fondos a quienes les reduzcan la jornada de laboral y, por lo tanto, el salario, así como a quienes les hayan suspendido temporalmente los contratos de trabajo.
La agrupación considera “completamente viable y comprensible” que la Asamblea Legislativa valore esa posibilidad ante la situación que está viviendo el país.
Sin embargo, aclaró que no apoyará la reforma si esta consiste en una “devolución total e irrestricta (del FCL) a todos los trabajadores”, como se pretendió en el pasado.
Así lo manifestó la ACOP en un comunicado de prensa difundido este martes luego de que, el fin de semana, los diputados aprobaron la Ley de Reducción de Jornadas de Trabajo, la cual permite reducir las jornadas hasta en un 50% si los ingresos de un patrón se reducen en un 20% y, hasta en un 75%, si los recursos caen en un 60%.
En ese mismo sentido, el gobierno y los diputados de al menos tres partidos negocian un proyecto de ley para permitirles retirar los recurso del FCL a las personas afectadas salarialmente por la pandemia.
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El FCL es un fondo nutrido con aportes hechos por los patronos en favor de sus trabajadores. Mes a mes, el empleador traslada el equivalente al 3% del salario de la persona a la operadora de pensiones complementarias (OPC) en la cual se encuentre afiliada.
Por ley, el dinero acumulado en este Fondo solo puede ser entregado por ruptura laboral o por el cumplimiento de un quinquenio con un mismo patrón.
La Asociación considera que entregar ese dinero a todos los trabajadores, incluyendo a los que no resulten afectados por la emergencia, podría traducirse en un riesgo de pérdida de recursos.
Argumentó que la crisis financiera mundial, producto del mismo coronavirus, redujo el valor de las carteras en las que están invertidos los fondos de capitalización laboral y los de pensiones complementarias y, con esto, sus rendimientos.
No obstante, está de acuerdo con la creación de nuevas modalidades para devolver el FCL a quienes se vean afectados por “la urgencia del momento”.
Eso sí, enfatiza, para ello debe garantizarse una forma ordenada para devolver esos recursos, de manera que no se vean afectados el capital de los trabajadores ni las finanzas públicas.
“Deben establecerse los mecanismos que garanticen una devolución ordenada de los recursos, con el fin de minimizar la afectación que puede generar la liquidación de los títulos en momentos de volatilidad de los precios sobre los rendimientos que reciben los afiliados, el equilibrio financiero del gobierno central y la estabilidad del sistema mismo”, reza el comunicado.
Asimismo, adujo que, “en un marco de prudencia imperiosa, al debatir dichas propuestas, es insoslayable contar el criterio técnico de las autoridades competentes, para que sean sopesados los posibles beneficios actuales y también las consecuencias futuras para los asalariado".
Esas entidades son el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.
Según la ACOP, devolver el FCL por completo implicaría una erogación de recursos de ¢576.000 millones, lo que generaría “serias consecuencias” para los trabajadores y para el Estado.
Más del 80% de los ¢632.000 millones de los recursos se este fondo vencen en marzo del 2021. Por tanto, argumenta la entidad, una devolución del 100% obligaría a una liquidación anticipada en un mercado local muy afectado por la crisis.
