Sofía Chinchilla C.. 14 enero
Una delegación de OCDE y del Gobierno comparecieron este lunes ante la comisión legislativa que analiza los proyectos requeridos para la incorporación de Costa Rica a dicha organización. Foto: Sofía Chinchilla.
Una delegación de OCDE y del Gobierno comparecieron este lunes ante la comisión legislativa que analiza los proyectos requeridos para la incorporación de Costa Rica a dicha organización. Foto: Sofía Chinchilla.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió este lunes a los diputados sobre la necesidad de que apresuren la aprobación de los proyectos que requiere el país para completar su adhesión al ente, pues la ventana de oportunidad para el ingreso de nuevos países se cierra.

Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la Organización, dijo en audiencia ante la comisión legislativa que analiza los proyectos para adherirse a OCDE, que el difícil contexto internacional hace urgente que Costa Rica logre hacer oficial su ingreso el próximo año, responsabilidad que recae en gran medida en la Asamblea Legislativa.

“Casi no tenemos margen de error. Una legislación que se cae nos va a enviar seis meses más adelante y no lograremos el objetivo de que Costa Rica pueda ser miembro de la OCDE para el 2020”, advirtió Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la Organización.

La alta funcionaria explicó que cuando Costa Rica inició su proceso de adhesión, en 2015, la Organización se encontraba en una etapa de gran apertura para el ingreso de nuevas naciones. No obstante, aseguró, el contexto global está cambiando.

“La ventana de oportunidad se está cerrando. Tenemos un contexto multilateral muy difícil, donde muchos países cuestionan a las organizaciones internacionales y no tienen grandes compromisos de seguir apoyando los trabajos multilaterales.

"Países que se han ido por la vía bilateral, entonces creo que es bien importante que ustedes apoyen a acelerar este proceso, para que aprovechemos esta ventana y podamos alcanzar el objetivo, que es muy ambicioso”, manifestó Ramos.

La OCDE es una instancia de cooperación internacional que promueve la coordinación y mejoras en las políticas económicas y sociales. El proceso de adhesión es voluntario, pero para ser aceptadas, las naciones deben cumplir una serie de requisitos, los cuales son evaluados por comités. Actualmente, la Organización la componen 37 naciones, la última en unirse fue Colombia.

La mexicana señaló que Brasil, Argentina, Perú y otros tres países europeos llevan tres años esperando una respuesta a su solicitud de ingresar a la OCDE, por lo que Costa Rica debe aprovechar que su camino está avanzado.

El país ya recibió el visto bueno de 12 de los 22 comités ante los cuales se sometió a revisión. Le hace falta obtener el aval de grupos especializados en estadística, anticohecho, competencia, gobierno corporativo, gobernanza pública, medio ambiente, pesca, inversión y economía.

Entre las iniciativas que tiene en sus manos la comisión legislativa especial que tramita las iniciativas requeridas para unirse a la OCDE hay una que busca mejorar la competencia de los mercados, así como otra para fortalecer al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El Gobierno informó de que este lunes presentará también un proyecto para combatir y sancionar el cohecho.

Ramos previno a los legisladores sobre la importancia de que los textos se aprueben con los estándares que pide la Organización, los cuales se incluyen en los proyectos que el Ejecutivo envía al Congreso.

Promoción de la competencia

La delegación de la OCDE también hizo énfasis este lunes en la necesidad de que Costa Rica mejore su marco para la competencia.

“Hay muchos sectores en Costa Rica que están al margen de la competencia, y si podemos valorar cuánto perdemos, es altísimo”, señaló Ramos.

La Organización aboga por que se dote al país de un regulador fuerte, con una legislación sólida.

Antonio Gomes, director de asuntos financieros de la OCDE, dijo que se requiere evitar que las empresas se agrupen en carteles, así como prevenir que las empresas estatales se asocien y como resultado se genere un aumento en los precios que pagan los consumidores.

“Muchas autoridades de competencia hacen análisis de mercados para comprender qué no funciona bien, qué regulación hace que no haya competencia o que haya precios más altos con menor variedad”, ejemplificó Gomes.