EscucharNatalia Díaz, ministra de la Presidencia, intentó ser excluida de una sentencia emitida por la Sala Constitucional contra en del Estado por la aplicación de un decreto sobre atención de refugiados que fue promulgado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en noviembre del 2022.
El 14 de febrero, un venezolano solicitante de refugio presentó un recurso de hábeas corpus en contra de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Ministerio de la Presidencia porque, con base en el artículo 59 del decreto, el Gobierno le impedía una eventual salida del país.
Los magistrados concluyeron que dicha disposición amenazó la libertad ambulatoria y limitó la libertad de tránsito del recurrente.
Cuando la Sala IV le dio audiencia, Díaz respondió que Migración es un órgano del Ministerio de Gobernación y Policía y que, por lo tanto, debía “abstenerse de brindar una apreciación sobre las funciones y competencias que técnicamente y legalmente orbitan en el fuero de atracción de otro ministerio”.
Añadió que Migración aprobó, el 16 de febrero, la solicitud de refugio del recurrente, por lo cual, en su criterio, el recurso de hábeas corpus perdía interés y debía ser archivado.
El pasado 3 de marzo, la Sala IV declaró con lugar el recurso para efectos indemnizatorios y condenó al Estado al pago de daños. Comunicó la decisión a Natalia Díaz, como ministra de la Presidencia, y a Allan Rodríguez, como subdirector de Migración.
Sin embargo, dos semanas después, el 17 de marzo, la jerarca envió a los magistrados una petición de “adición o aclaración del fallo”.
Insistió, ante los altos jueces, en que el Ministerio de la Presidencia “no tuvo intervención alguna en la tramitación de la solicitud de refugio del recurrente, ni en la suscripción del decreto ejecutivo número 43810-MGP (el firmado por el presidente Chaves)”.
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Por tanto, Díaz alegó que la resolución del recurso de hábeas corpus en contra del Ministerio de la Presidencia resultaba improcedente.
Sin embargo, la Sala Constitucional respondió que la gestión planteada por la ministra no era una verdadera petitoria de aclaración del fallo, porque no buscaba subsanar alguna oscuridad u omisión.
Al contrario, se trataba de que Díaz, como representante del Ministerio, estaba inconforme con lo dictado por el Tribunal, y pretendía que la Sala revocara lo dispuesto en la sentencia.
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Los altos jueces explicaron a la ministra que la Ley de Jurisdicción Constitucional no establece ningún tipo de recurso contra las sentencias constitucionales y, por lo tanto, su solicitud era inadmisible y fue declarada sin lugar.
“No está de más señalar que el motivo de la estimatoria del recurso de amparo es extremadamente claro, pues se indican con claridad los motivos y razones que tiene este Tribunal, a efectos de resolver el proceso de amparo en la gestión que se reclama”, añadieron los magistrados.
Este medio consultó a Díaz su criterio sobre la sentencia de la Sala IV. La jerarca ratificó que el Ministerio de la Presidencia no tuvo intervención alguna en la tramitación de la solicitud de refugio del recurrente, ni en la suscripción del decreto ejecutivo firmado por Chaves.
La ministra insistió en que se debió declarar sin lugar el recurso en cuanto a la inclusión de su institución; no obstante, se manifestó respetuosa de la decisión de los altos jueces.
En total, el Gobierno ha recibido 11 condenas a causa del decreto firmado el 29 de noviembre de 2022, al concluir que este viola los derechos humanos de las personas solicitantes de refugio en Costa Rica.
El presidente Rodrigo Chaves aseguró el 17 de febrero que corregiría el decreto, luego de que la Sala IV fallara el recurso a favor del ciudadano nicaragüense.
Sin embargo, de diciembre a la fecha se siguen sumando condenas en perjuicio del Estado. Además, actualmente se tramita una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de Chaves.
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