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Pese a las necesidades en infraestructura, inversión en cultura y desarrollo, las municipalidades gastan hasta el 24% de todos sus recursos en pagar incentivos salariales a sus empelados.
El ayuntamiento que más gasta en pluses es el del cantón central de Cartago. Allí, de cada ¢100 aportados por los contribuyentes, ¢24 se van en cubrir anualidades y demás incentivos de los funcionarios.
Para el año 2020, por ejemplo, la Municipalidad cartaginesa ejecutó ¢17.400 millones, de los cuales ¢4.004 millones se giraron para pagar los sobresueldos de poco más de 600 empleados.
El incentivo de mayor peso son las anualidades. En el caso de Cartago, las compensaciones por antigüedad consumieron el 64% del rubro destinado a pagar pluses: unos ¢2.630 millones.
Para Mario Redondo, alcalde de Cartago, el gasto municipal en incentivos constituye un problema contra el que ha luchado desde que ingresó al cargo, en mayo del 2020. Él sostiene que sus antecesores dispusieron de los recursos públicos con “demasiada ligereza”.
“Esta es una situación estructural, que tiene que ver con la política de empleo público que ha habido en este país, y un alto porcentaje de ese total ejecutado corresponde a anualidades. Es una planilla veja, con personal de bastantes años en la institución”, dijo.
Según Redondo, incluso en marzo del 2020, meses antes de su ingreso, la Municipalidad decretó un aumento salarial para sus funcionarios pese a estar en plena pandemia.
“Se ha dispuesto de los recursos públicos con demasiada ligereza, como si fueran bienes de difunto y a la gente no le costara pagar tasas y otras cargas. Se suscribieron convenciones colectivas, quinquenios, se dieron dedicaciones exclusivas innecesarias, se aumentó la planilla, y todo sin considerar que es el pueblo el que paga” agregó Redondo.
En criterio del alcalde cartaginés, urge una reforma al empleo público, para acabar con disparidades como las de su municipalidad.
Después de Cartago, el segundo ayuntamiento que más gasta en incentivos es el de Limón.
Allí, el 21% de los recursos se destina a pagar pluses para los 491 empleados: ¢1.822 millones de un total de ¢8.500 millones.
Solo el salario del alcalde Néstor Mattis, de ¢5,6 millones, exige un gasto de ¢90,6 millones anuales (incluyendo aguinaldo y cargas sociales). Es decir, el 1% del gasto municipal lo consume el salario del jerarca local.
En este cantón caribeño de 99.000 habitantes, las anualidades también constituyen el rubro de mayor peso en el dinero que se destina a incentivos, con un monto de ¢716 millones, lo que equivale a un 39%.
La tercera municipalidad en el ranquin de incentivos es la de Moravia, con un 20,2% de todos sus gastos del 2020 (¢715 millones de ¢3.500 millones).
Al igual que en Cartago, en Moravia las anualidades consumen más del 60% de los pluses.
Después, aparecen en el ranquin Garabito, La Unión y San José.
Todas estas municipalidades, a su vez, están en el grupo de las que gastan más de un 50% de sus recursos anuales en pagar salarios.
La que más gasta en remuneraciones es la de Limón, en donde este rubro alcanza el 60% del gasto total, incluyendo sueldos base, pluses, horas extra y cargas sociales: ¢5.100 millones.
En cambio, para la partida de educación, deportes y cultura, solo se destinaron ¢40 millones en todo el 2020.
Limón tiene una de las posiciones más bajas en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), donde ocupa el puesto 68, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En tanto, para el 2018, este cantón se ubicó en el puesto número 22 en el índice de gestión municipal elaborado por la Contraloría General de la República.
La Municipalidad de Moravia aparece de segunda entre las que más dinero destinan a salarios, con un 59% de su gasto total.
Al contrario de Limón, este cantón josefino posee un índice de desarrollo humano alto, ocupando el puesto 9 de los cantones con más desarrollo.
Además, Moravia tiene una nota de gestión municipal de 86, de las más altas del país.
Los datos sobre gasto en incentivos y sueldos se desprenden de un análisis realizado por La Nación con información del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de la Contraloría General de la República (CGR).
Las que menos gastan
Contrario a Cartago, Limón y Moravia; otras municipalidades destinan bajos porcentajes de su gasto total a pagar incentivos.
Tal es el caso de Tarrazú, con solo un 2,6%.
Esta municipalidad, con solo 68 empleados, gastó ¢70 millones en 2020 por este concepto, mientras que sus gastos totales alcanzaron los ¢2.660 millones.
Este gobierno local también es de los que menos gasta en salarios: de sus egresos anuales, solo destinó un 22% para remuneraciones.
El segundo lugar de los municipios con menos egresos por incentivos salariales también está en la zona de Los Santos. Se trata del Ayuntamiento de Dota, con un 2,7%.
Para esa subpartida, Dota destinó ¢64 millones en el 2020.
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Además, el año anterior, las remuneraciones totales solo significaron un 17% (¢391 millones) del gasto total.
De esta forma, Dota posee la municipalidad que menos gasta en salarios en todo el territorio nacional.
Tarrazú y Dota poseen calificaciones moderadas en el índice de gestión municipal de la Contraloría. Ambas municipalidades tienen una nota de 60, donde la nota más baja es 40 y la más alta es 92.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa se discute un proyecto de ley que busca crear un salario global para poner un freno a los pluses e irregularidades que han permitido desigualdades salariales dentro del sector público.
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En el 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que el sector público cuenta con más de 260 pluses salariales, los cuales han creado un sistema fragmentado.
