Una moción del Partido Liberación Nacional (PLN) deja a criterio del Ministerio de Hacienda el contratar un costoso servicio de rastreo de licores que opera con códigos de barras y etiquetado de botellas.
La iniciativa del diputado del PLN y presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, condiciona la posibilidad de adquirir ese servicio a una evaluación previa que determine el costo-beneficio.
La propuesta es contraria al proyecto inicial del también liberacionista Daniel Ulate, que establece la obligación para que el gobierno adjudique un registro de identificación para establecer esos controles.
Es decir, el contrato a una empresa privada ya no sería una imposición de los diputados.
Dicho mecanismo, como está presentado por Ulate, generaría un mayor déficit fiscal debido a que costaría más de lo que se recauda, a menos que los impuestos a ese tipo de bebidas suban entre un 31,5% y 357,5%, según Hacienda.
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Las estimaciones de Hacienda indican que de imponerse el sistema podría costar entre ¢3.365 millones y ¢154.642 millones anuales a los contribuyentes.
El texto de Benavides, presentado este lunes en la tarde como parte del segundo día de presentación de mociones de fondo, indica que Hacienda “podrá establecer” un mecanismo de control a la importación legal y producción de bebidas alcohólicas.
Lo moción también otorga a ese ministerio la posibilidad de aplicar ese control a los productos que “así lo requieran”, siempre que existan los estudios que demuestren una “real” actividad ilícita con respecto al producto; además, que determinen el costo y la eficiencia de la medida.
Benavides explicó que como ese tipo tecnología la terminan pagando los contribuyentes o los consumidores, se establecería que Hacienda “deberá evaluar, antes de imponer, el costo- beneficio de la medida”.
La moción, también, incluye que en caso de que ese ministerio requiera contratar al proveedor del servicio, ese proceso se deberá realizar mediante “licitación pública, abierta y transparente” con la finalidad de evitar manipulación indebida y cumplir con compromisos anticorrupción del país.
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“Para estos efectos, deberán excluirse los proveedores de sistemas que posean antecedentes de corrupción tanto a nivel nacional como internacional por parte de la empresa oferente, sus filiales, sus directivos o representantes, así como también aquellos oferentes que se encuentren relacionados con la industria, de forma tal que generen el riesgo de un eventual conflicto de interés”, dice parte del texto.
Estos dos últimos aspectos no los contiene el texto de Ulate.
Además de Benavides, la moción la firman la jefa de fracción del PLN, Silvia Hernández; sus compañeros de bancada Yorleni León, Jorge Luis Fonseca, Luis Fernando Chacón, Wagner Jiménez y Aida Montiel.
El presidente del Congreso explicó que su moción básicamente deja a criterio del Ministerio de Hacienda la facultad de establecer los mecanismo de control al contrabando y la evasión fiscal.
“No obligarla a contratar a una empresa en concreto o a un tipo de empresa en particular, sino otorga la potestad de que Hacienda determine si le resulta al Estado costarricense conveniente establecer algún tipo de mecanismo, pero basado en estudios científicos y no sencillamente en una imposición de la Asamblea Legislativa”, explicó el presidente legislativo.
El verdiblanco añadió que propuso el cambio por principios de “razonabilidad”.
“Creemos que el Estado debe contar con herramientas para llevar a cabo su labor pero no parece sensato que siendo que Hacienda, la Contraloría y la Procuraduría han cuestionado la necesidad de la medida, los diputados impongamos una obligación que podría representar una erogación para el Estado y para los contribuyentes, de decenas de millones de dólares al año”, añadió Benavides.
Temprano, en reunión de fracción, el PLN decidió que el proyecto continuara con su trámite. Es decir, le permitió al expediente agotar su segundo día de mociones con la finalidad de que sea mejorado por el fondo acogiendo las observaciones.
Así lo afirmó la jefa de bancada Silvia Hernández.
Una vez agotado ese trámite, de acuerdo con Hernández, la fracción tomará una decisión sobre el texto.
“Lo que se permite es que se hagan las modificaciones, las consultas respectivas para posteriormente discutir por el fondo del proyecto cuál sería la postura de la fracción”, declaró.
La fracción analizó el tema luego de que este domingo La Nación publicara que el exmandatario José María Figueres Olsen logró una reunión de alto nivel con funcionarios del Gobierno para ofrecerle al Ministerio de Hacienda un sistema de rastreo de licores como el que pretende el proyecto de Ulate.
Figueres es presidente para América Latina de la compañía suiza SICPA, la cual ha obtenido contratos para vender a cuatro gobiernos de la región un mecanismo de códigos de barras y etiquetado de bebidas, similar al que propone Ulate.
El exgobernante le solicitó la reunión a Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, quien convocó a la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar y al entonces viceministro Nogui Acosta.
En ambos casos se coincidió en que el exmandatario liberacionista habló con Aguilar y Cubero de la tecnología del etiquetado de licores, a pesar de que al Banco Central no le corresponde la parte tributaria.
Benavides afirmó que el interés de Figueres en ofrecer ese tipo de servicios no fue la razón de presentar los cambios al texto de Ulate.
“En mi ánimo eso no juega, yo valoro la institucionalidad, valoro el costo de las medidas del Estado y el peso que eso tiene sobre los contribuyentes y es lo único que me importa”, afirmó Benavides.
En tanto, Ulate aseveró que a pesar del interés de Figueres en ofrecer ese tipo de servicios, él no tiene relación con el exmandatario.
“En ningún momento en este proyecto de ley se está determinando ninguna empresa. Es Hacienda que deberá en este caso decir el mecanismo”, afirmó Ulate, al tiempo que desestimó el criterio de Hacienda sobre el impacto fiscal si se establece ese control.